En una reciente resolución, la Cámara Federal de Mar del Plata, tal como lo había hecho a comienzos de año, volvió a fallar a favor de una apelación planteada por Gustavo Vera, aún Director Operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, avalando la capacidad procesal de este organismo público para poder realizar acciones de amparo en las temáticas en las que es competente.
El fallo de la Alzada marplatense se refiere puntualmente a la instalación de la llamada “Zona Roja” en la ciudad, y se produjo a partir de un recurso de apelación interpuesto por el funcionario kirchnerista el 14 de abril de 2023, dos días después de un fallo de primera instancia emitido por el juez Alfredo López que rechazó la acción de amparo por “considerar que el accionante carece de legitimación activa y de representación adecuada”.
El titular del juzgado 4 de Mar del Plata había considerado que la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo –que tiene bajo su órbita al Comité contra la Trata que controla el amigo papal– “carece de la representatividad del Estado nacional, debido a que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por lo que debió ser esa dependencia la impulsora de la medida cautelar”.
En duros términos contra el magistrado interviniente, la Cámara resolvió que el Comité contra la Trata “cuenta con legitimación para actuar como parte sustancial” en el proceso.
“El juez de grado apela a argumentos generales y abstractos para concluir en el rechazo in limine sin un examen adecuado de los alcances de la pretensión del accionante ni de las particularidades del planteo”, sostuvieron los camaristas.
El 24 de junio de 2022, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó el Programa Zonas Seguras de Protección Integral “a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas donde se ejerza la prostitución”.
En otras palabras, se debía crear un lugar específico identificado como “Zona roja” para ofrecer servicios sexuales en la vía pública, estableciéndose a este fin que la oferta y/o demanda de sexo solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por la administración local.
La iniciativa del gobierno del intendente Guillermo Montenegro había sido aprobada con lo justo, 12 votos contra 11. El entonces Frente de Todos votó en contra.
A fines de septiembre del año pasado, la “Zona roja” comenzó a funcionar en Avenida 10 de febrero desde la calle Cacique Chuyanyuta y por una extensión de 200 metros, en el sudoeste de la ciudad y camino a dos cementerios.
Pero antes de que comenzara a operar formalmente, en julio de 2022 Gustavo Vera interpuso un recurso de amparo colectivo, cuestionando que la normativa permita «la aplicación de multas y la privación de la libertad de personas que podrían ser víctimas de explotación sexual».
El 22 de agosto de 2022, el juez López rechazó in límine el recurso de amparo presentado por Gustavo Vera. Y el 3 de marzo de este año, la Cámara falló a favor del Comité.
El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas fue creado el 26 de diciembre de 2012 por la ley 26.842 durante el gobierno de la actual vicepresidente Cristina Kirchner.
El 7 de junio de 2020, salió publicado en el boletín oficial la designación de Vera. En su artículo 1, señalaba que “dase por designado con carácter transitorio, a partir del 17 de marzo de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Gustavo Javier VERA en el cargo de Director de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.
Gustavo Vera, indescifrable en la consideración de muchos, fundó la ONG “La Alameda”, que realizó números denuncias de trata, a veces traspasando severos límites, tanto en el campo sexual como luego en el laboral, hallando gran eco en importantes funcionarios judiciales del distrito.
Pero más allá del hecho en sí, que no deja de ser una discusión si se quiere más técnica, hay algunas cuestiones que no se deben pasar por alto y que vale la pena volver a subrayar.
Curiosamente, la resolución de Cámara, emitida durante el mes en curso, previo a la realización del balotaje, fue enviada primero a los medios que al juez de primera instancia. Es decir, que llegó a las redacciones locales antes que al juzgado federal interviniente.
El otro aspecto que cabe resaltar es que el fallo está firmado por uno de los titulares del Tribunal, Alejandro Tazza, y por el juez subrogante Bernardo Bibel, magistrado federal de Necochea. El restante camarista titular, Eduardo Jiménez, se encuentra en uso de licencia por problemas de salud.
El tercer lugar de la Cámara está vacante desde marzo de 2018 por la renuncia de su entonces titular Jorge Ferro, quien debió dejar su cargo sospechado de lavado de activos y vínculos con un prostíbulo.
Bernardo Bibel suele integrar el tribunal de Alzada desde la salida de su colega Jorge Ferro. Altas fuentes judiciales de la ciudad le dijeron a este medio que el camarista Alejandro Tazza, estaría haciendo intensas “gestiones” para que Bibel sea definitivamente confirmado como el tercer integrante del cuerpo.
¿Quién es Bernardo Bibel? Para llegar a él, es necesario enumerar diversas conexiones.
En octubre de 2021, la Cámara marplatense, aquella vez integrada en su mayoría por jueces de otra jurisdicción, confirmó una resolución del magistrado Martín Bava, que rechazó medidas de prueba y dictó el sobreseimiento de funcionarios judiciales cuyo accionar en una causa conexa a “La Ruta del dinero k”, radicada en Necochea, había sido severamente cuestionado por el Ministerio Público y por el fiscal José María Campagnoli.
Los funcionarios judiciales beneficiados por la resolución del tribunal fueron, justamente, el juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, y los fiscales Daniel Adler y Juan Manuel Portela. Adler fue Presidente de la filial local de la agrupación judicial K, Justicia Legítima, mientras que Portela ocupó el cargo de Vocal en la misma, y subrogó una fiscalía en Mar del Plata.
También había sido sobreseído Roberto Porcaro, influyente dirigente de Necochea con fuerte ascendencia en el kirchnerismo. La apelación a la decisión de Bava la realizó el fiscal Gabriel González Da Silva.
Debido a excusaciones y recusaciones, la Cámara marplatense debió integrarse, para tratar la apelación, con el titular del Juzgado 3 de la ciudad, Santiago Inchausti, y por los camaristas bahienses, Roberto Amabile y Pablo Candisano Mera, este último célebre por revocar el procesamiento de Lázaro Báez en Bahía Blanca el 19 de agosto de 2021 y esgrimir en dicho fallo una cerrada defensa del ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray en la causa de las facturas truchas.
El fallo absolutorio de Bava fue emitido como titular del Juzgado 2 de la ciudad de Azul. Cabe recordar que en calidad de juez subrogante de Dolores, el magistrado procesó, en diciembre de 2021 al ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan.
La maniobra investigada originalmente consistió en la adjudicación directa el 14 de febrero de 2013 por el lapso de 35 años a un grupo de empresas denominado “Sitio 0 de Quequén S.A.”, para la construcción de un elevador de granos en el Puerto de Quequén, en la ciudad de Necochea.
Según la acusación, “se omitió realizar el proceso de licitación correspondiente, e incumpliendo con los reglamentos del Consorcio Portuario Regional, otorgándose la concesión de forma directa y en muy pocos días”.
También destacaba que “se investiga el pago aproximado de U$S73.000 a favor de Roberto Porcaro y su esposa Patricia Sirvente, como resultado de una operación de bolsa efectuada el 27 de diciembre de 2012, en la que interviniera como intermediaria la firma Financial NET”, una de las integrantes del grupo de empresas adjudicatarias, presuntamente vinculada a Helvetic Service Group SA, propiedad de Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner. De allí la conexión con “La Ruta del Dinero K”, donde Báez fue condenado.
En abril de 2019, habiendo transcurrido 6 años desde el inicio de la pesquisa, el fiscal González Da Silva solicitó que el juez instructor, Bernardo Bibel, sea apartado de la misma por “manifiesta parcialidad”, sospechando, así mismo, de una posible connivencia entre los fiscales federales intervinientes. En concreto, lo que sospechaba el dr. Da Silva es que los funcionarios judiciales estaban protegiendo a los imputados.
Por ello, en 2016, a instancias de una denuncia iniciada por José María Campagnoli, que fue el primer fiscal en investigar a Báez, se abrió el expediente 41766, que tramitó Martín Bava, el cual se proponía revisar el desempeño de, además de Bibel, los dres. Juan Manuel Portela y Daniel Adler.
Finalmente, Bava sobreseyó a sus colegas, y el 30 de diciembre de 2019, el Dr. Bibel resolvió dictar la falta de mérito de todos los imputados en la causa principal que instruía.
Roberto Porcaro es un dirigente muy conocido en la zona, de fuerte vinculación en los comienzos de la democracia con el radicalismo y luego con el kirchnerismo, creando en 2006 la agrupación “Compromiso K”, con el objetivo de reclutar cuadros políticos para el espacio en ese entonces conducido por Néstor Kirchner. Uno de los reclutados fue Amado Boudou.
En la causa de Necochea, era investigado por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias. Un dato que resulta sumamente llamativo es que el mencionado dirigente, en la tramitación del proceso, designó como perito de parte al Contador Eric Adler, hermano del fiscal marplatense Daniel Adler, superior jerárquico de su colega Juan Manuel Portela, que procuraba la causa.
En la causa estaban imputados, además de Porcaro, los integrantes del directorio del Consorcio Portuario de Quequén de aquel entonces, que aprobaron en tiempo récord la propuesta inversora. El más importante es José Luis De Gregorio, quien fuera su Presidente al momento de los hechos.
Las conexiones se multiplican.
Curiosamente, la instrucción que debía analizar las conductas de Adler, Portela y Bibel recayó en el entonces titular del Juzgado de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien se excusó de intervenir manifestando “compartir con los imputados diversos espacios profesionales”, lo que lo llevó a inhibirse de actuar en la investigación. De mínima, es un argumento muy suspicaz. Por lo que para instruir el caso fue designado quien fuera el sucesor temporal de Ramos Padilla, el Dr. Martín Bava.
A su vez, cabe señalar otra curiosidad. Ante la falta de avance de la causa original, el ex concejal de Necochea Alberto Esnaloa realizó diversas presentaciones para activarla. Pero se encontró con que el expediente estaba “perdido”.
Primero, la fiscalía a cargo de Juan Manuel Portela manifestó que el expediente se encontraba archivado en el Juzgado. Luego, cuando los funcionarios judiciales fueron requeridos a tal efecto, adujeron que “no lo encontraban”. Posteriormente informaron que había sido remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 42.
Ante tal situación, el dr. José María Campagnoli tomó intervención por tratarse del denunciante original, y logró determinar que el legajo se hallaba, justamente, en el Juzgado a cargo de Bernardo Bibel.
Finalmente, en diciembre de 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, y ante una apelación presentada por el fiscal ante el TOF marplatense, Juan Manuel Pettigiani, anuló todos los sobreseimientos dictados por Bava y confirmados por la Cámara de Mar del Plata.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
