Un reciente procesamiento por parte de la justicia federal de Mar del Plata expone crudamente un tema del que lamentablemente no se habla demasiado, y produce mucho más daño del que se cree: la corrupción en la pesca.
Si bien el hecho involucra puntualmente a un particular que cumplió importantes funciones en el Estado dentro de la actividad pesquera, es sólo una pequeña muestra de lo que viene sucediendo hace años, de acuerdo a diversas auditorías por parte de la propia AGN que han subrayado serias irregularidades en el sector en los últimos veinte años, a pesar de lo cual que ningún Gobierno, del signo que sea, hizo absolutamente nada para impedirlo. O al menos para controlarlo mejor.
Y tampoco la justicia.
Si bien el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictó el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito, sin prisión preventiva, en perjuicio de un matrimonio cuyo uno de sus integrantes se desempeñó, entre 2000 y 2018, en la delegación Mar del Plata de la Dirección de Control y Fiscalización de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera del Ministerio de Agroindustria, entre otros cargos, la medida llega siete años después de la primera denuncia.
En concreto, el hoy procesado cumplía funciones como Inspector de Pesca.
En 2017, Juan Carlos Nicolau, entonces Jefe de Distrito Mar del Plata de la subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, realizó la presentación judicial ante la Fiscalía Federal 2 de la ciudad, por entonces a cargo de Nicolás Czizik.
Y fue este cronista quien publicó una investigación sobre el tema el 7 de septiembre de 2017 en el portal El ojo digital, www.elojodigital.com, a partir de un informe reservado que se había dirigido a Mauricio Remes Lenicov, entonces Director de Control y Fiscalización, Tomás Gerpe, Subsecretario de Pesca, y su inmediato superior, Ricardo Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
¿Qué se revelaba en aquel año?
Adulteración de los partes de pesca, presuntos delitos de cohecho, instalaciones precarias, faltante de bienes inventariados, uso de vehículos oficiales para fines personales, maltrato laboral, y superpoblación de agentes en el puerto de Mar del Plata. Nada menos.
En estos largos siete años, la Unidad Investigativa contra la Corrupción (UICC) de la Policía Federal Argentina detectó una discrepancia entre los ingresos declarados del matrimonio y el crecimiento patrimonial evidenciado en bienes muebles, inmuebles y otras adquisiciones de alto valor.
En este sentido, cabe recordar que en su denuncia, el mencionado Juan Carlos Nicolau acusaba a uno de sus dependientes, de ‘cometer una clara oposición a todo cambio que lleve a normalizar o regularizar las tareas de fiscalización’.
Y detallaba: “‘Él gana como monotributista $33.000 mensuales (N de la R., unos 1800 dólares de la época), y alquila una casa en Rumencó (exclusivo barrio privado de Mar del Plata), tiene un tiempo compartido en Orlando, dos cuatriciclos, una moto, un auto de alta gama, y dos lotes de U$S90.000 cada uno, también en Rumencó’.
¿Qué dice el procesamiento dictado hace pocos días?
Que el matrimonio adquirió diversas propiedades en el distrito, durante los 18 años de investigación, incluyendo “un terreno y una vivienda en el Barrio Rumencó, sector Los Sauces, que se convirtió en su residencia principal”, a lo que se agregan “dos departamentos en la calle Jujuy, una casa en la calle Lamadrid al 4500, un terreno en la calle Guiraldes, adquirido en 2006 y posteriormente vendido en 2009”.
Así mismo, la justicia le atribuye “una variada flota de vehículos, incluyendo automóviles y motocicletas de alto valor, como camionetas Toyota Hilux SW4 y Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 en versión de alta gama, una motocicleta Honda CB600F, múltiples vehículos de marcas como Renault, Ford y Peugeot, adquiridos y vendidos en el transcurso del período investigado”.
Además, “cerca de 40 viajes por el mundo, que incluyeron destinos como Estados Unidos, España, Italia, Brasil y Emiratos Árabes, y también la compra de una empresa de alimentos en la zona portuense de esta ciudad”.
El análisis contable mostró que el nivel de vida del matrimonio no se correspondía con los ingresos declarados, configurando el posible delito de enriquecimiento ilícito.
En la investigación realizada en 2017, se daba cuenta de un conflicto dentro del Distrito de Pesca Mar del Plata, cuando la Coordinadora General dispuso, ante serias sospechas de corrupción, que los partes de pesca pasaran primero por el área de administración que ella manejaba.
La determinación tenía la intención de desactivar presuntas irregularidades en la fiscalización de los barcos. ‘Cuando un barco llega a muelle con la pesca, viene el inspector y fiscaliza lo que se baja en el acta de descarga, que más o menos coincide con el parte de pesca. Lo válido es el acta de descarga. Pero si hay discordancias, puede haber una coima y que el inspector acepte que se ponga un peso distinto’, sentenciaba Nicolau.
Existen dos tipos de inspecciones: las que se realizan en el puerto, antes y después del embarque, y las que se realizan a bordo. A su vez, el Parte de pesca es un documento con carácter de declaración jurada firmado por el capitán del buque y por el inspector a bordo (que no en todos los casos está presente), que contiene, entre muchos datos, la captura de las especies expresada en kilos.
Una vez arribado el buque, se elabora un Acta de descarga labrada por el inspector de puerto donde se verifica el volumen y la composición de las capturas. Allí hace su aparición el Sistema General de Pesca (SISGRAL), en el cual la Subsecretaría de Pesca registra los datos de lo declarado en los Partes de Pesca, contrastándolos con los del Acta de Descarga.
En una clara demostración que las presuntas irregularidades que cometía este inspector no representan un hecho aislado, y que parecería una práctica habitual, al menos en el Puerto de Mar del Plata, la Auditoría General de la Nación (AGN) viene señalando serias advertencias hace más de veinte años.
En un trabajo realizado entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, la AGN afirmaba, en relación al citado SISGRAL, que “la carga de datos suele sufrir demoras por la escasa disponibilidad de scanner en los diferentes distritos, almacenando sus datos en bases que no poseen ninguna medida de control interno”.
Y agregaba: “El Sistema fue desarrollado hace más de dos décadas, utilizando tecnologías adecuadas para la época, pero consideradas obsoletas desde hace varios años”, concluyendo que el mismo “deja a la organización expuesta a la destrucción o alteración de datos”. De este modo, la administración y la gestión de la actividad posee una gran “dependencia de personal clave”.
A su vez, el análisis sostenía que todas estas deficiencias impiden “un adecuado control de la seguridad de la información almacenada por los módulos del sistema y pone en riesgo la confiabilidad de los datos”. Además señalaba otras irregularidades vinculadas al control: “Las Actas de Desembarco de los buques no controlados se confeccionan con los datos que se extraen de las Actas de Pesca presentadas por los armadores, sin ninguna otra verificación posterior”.
Hay que recordar que el período investigado por la justicia en el caso del matrimonio procesado fue entre 2000 y 2018. La AGN venía avisando.
Con 4.800 km de línea de costa, y una superficie marítima de 2.809.237 km2 para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, la acuicultura representa una de las principales actividades económicas de la República Argentina, con una gran diversidad de especies de interés comercial.
Tal vez sea hora de efectuar un mejor control sobre la pesca.
También se puede leer sobre la pesca en estos links:
pablo@elobservadoronline.com.ar
@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
