Sucesivos informes elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde al menos el año 2002 hasta la fecha, vienen advirtiendo sobre una serie de graves irregularidades y deficiencias en la gestión de la actividad pesquera por parte del Estado y de algunas empresas del sector, lo que generaría importantes perjuicios económicos para las arcas públicas. Durante los últimos 16 años, el país ha sido gobernado por Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y ahora por Mauricio Macri. Pero ningún gobierno ha tomado debida nota de las advertencias de la AGN.
Promediando el año 2016, la administración de Cambiemos elaboró un pormenorizado informe titulado “El estado del Estado: Diagnóstico de la Administración Pública en diciembre de 2015”. El trabajo es excelente, salvo por una razón: la ausencia total de un estudio sobre la pesca. Con 4.800 km de línea de costa, y una superficie marítima de 2.809.237 km2 para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, la acuicultura representa una de las principales actividades económicas de la República Argentina, con una gran diversidad de especies de interés comercial.
Según datos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, en 2017 el país exportó al mundo casi 476.000 toneladas de pescado, generando un ingreso de U$S1.978 millones. Para subrayar la importancia de la actividad en la economía nacional, cabría consignar dos datos: durante el año 2015 las exportaciones pesqueras superaron a las de carne vacuna, y el sector pesquero representa un 0,22% del PBI. Pese a ello, la pesca suele ser una actividad muy cerrada sobre sí misma, a la cual la mayoría de la gente no logra acceder.
En el informe de auditoría confeccionado por la AGN en el período que va desde marzo de 1998 hasta julio de 2001, se emitieron algunas recomendaciones. En dicho documento se puede leer textual: “La Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (actual Subsecretaría) carece de una estructura funcional”. En otro párrafo del mismo, afirma que en “el área Sumarios se manifiesta un lento procedimiento en el circuito de tramitación de expedientes…..De allí surge la existencia de expedientes que fueron abiertos después de 3 años de cometida la infracción y expedientes que una vez iniciado el sumario tardan en resolverse hasta 8 años; estos últimos corresponden generalmente a las empresas con mayor cantidad de infracciones”. Y en una de sus conclusiones más fuertes, asevera que “se observa la ausencia de un documento con metodologías de control y procedimientos aplicados en los distintos puertos para la realización de tareas de fiscalización”. Así mismo, señala que “la cantidad de inspectores a bordo resulta insuficiente”, agregando que los mismos no están debidamente capacitados para dicha tarea.
Existen dos tipos de inspecciones: las que se realizan en el puerto, antes y después del embarque, y las que se realizan a bordo. A su vez, el Parte de pesca es un documento con carácter de declaración jurada firmado por el capitán del buque y por el inspector a bordo (que no en todos los casos está presente), que contiene, entre muchos datos, la captura de las especies expresada en kilos. Una vez arribado el buque, se elabora un Acta de descarga labrada por el inspector de puerto donde se verifica el volumen y la composición de las capturas. Allí hace su aparición el Sistema General de Pesca (SISGRAL), en el cual la Subsecretaría de Pesca registra los datos de lo declarado en los Partes de Pesca contrastándolos con los del Acta de Descarga.
En el informe de la AGN correspondiente al período auditado el 20 de enero de 2012 hasta el 30 de diciembre de 2014, las conclusiones fueron más alarmantes aún. Afirma, por ejemplo, que se constató que 9 de 134 buques relevados no poseían permisos de pesca vigentes, que es una habilitación necesaria e imprescindible otorgada por la autoridad de aplicación. También allí se establece que “la normativa dictada por el organismo auditado es dispersa por no existir un cuerpo ordenado, generando contradicciones, y vacíos legales”. Agrega que “la documentación contenida en los expedientes analizados es incompleta respecto a la existente en la base de datos utilizada por la Dirección de Registro de Pesca”. Al igual que en la auditoría de 15 años atrás, recomienda “capacitar al cuerpo de inspectores embarcados para fortalecer su formación”, exclamando que los mismos “sean idóneos en su función”. Y también concluye que se debe adecuar el SISGRAL de manera que contemple la información de grupos empresarios”.
Pero lo que más llama la atención en sus recomendaciones, es lo referido al puerto de Mar del Plata, que concentra el 50% del tonelaje desembarcado en todo el país. El informe afirma textual: “Las balanzas utilizadas por la Subsecretaría de Pesca en dicho puerto durante la fiscalización de las descargas pertenecen a las empresas armadoras y no son sujetas a ningún procedimiento de control”. Así mismo, consigna que “en el procedimiento de control en el puerto de Mar del Plata se observó que a pesar de existir inspectores disponibles en la Delegación, una descarga se realizaba sin inspector”.
En la ciudad balnearia es muy conocido Oscar Fortunato, sindicado por muchos como “lobbysta” de los grandes grupos del sector, principalmente las firmas Solimeno, Moscuzza y Valastro. En una decisión muy polémica, el Presidente Mauricio Macri designó a través de un decreto con fecha 20 de julio de 2017 como Representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo Federal Pesquero a Fortunato. Las tres empresas mencionadas, junto al grupo Mattera y a Iberconsa integran el CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas), en cuya página web se puede verificar un dato llamativo. Si bien no figura el total exportado en dólares durante 2017, si se suman las cantidades en millones de la moneda norteamericana de las distintas especies y destinos, la misma arroja un resultado sorprendente: U$S3.614 millones. Es decir, casi un 80% más que lo informado por la propia Subsecretaría de Pesca. La hija de Oscar Fortunato, Ayelén, es la Coordinadora Administrativa del Distrito Mar del Plata. En los hechos, es la encargada de cargar los datos de pesca al Sistema General de Pesca (SISGRAL).
De acuerdo al Dr. César Lerena, experto en pesca y Atlántico Sur, y asesor de Fernando “Pino” Solanas en la materia, “pese a que los recursos son propiedad del Estado nacional y provincial, no es el gobierno el que administra el recurso en la ZEE (Zona Económica Exclusiva) y mucho menos fuera de ella, ya que ha concesionado la explotación a los empresarios”. Y agrega: “Sólo 10 empresas sobre un total de 250 concentran la facturación de exportación con U$S1.066 millones sobre un total exportado en 2017 de U$S1.997 millones, lo que representa el 53% en facturación y el 48% en tonelaje”. Tres de esas 10 empresas son Solimeno, Moscuzza y Valastro.
Entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, la AGN realizó la última auditoría sobre el sector, cuyo trabajo de campo abarcó desde agosto de 2016 hasta febrero de 2017. El informe señala gravísimas deficiencias. Las mayores irregularidades, llamados por el auditor “procesos críticos”, se dieron en dos puntos: el ingreso de datos de las Actas de Desembarco, y en el control y monitoreo de los buques.
La Subsecretaría de Pesca lleva a cabo sus tareas administrativas de fiscalización en oficinas cercanas a los muelles de desembarque. Sin embargo, la auditoría advierte que en Mar del Plata “si bien las oficinas se encuentran en zonas cercanas, no todas las tareas de control se realizan en la zona portuaria: a pedido de los armadores, las empresas pesqueras o las plantas procesadoras, el control del peso de los productos descargados puede realizarse en dónde éstos lo indiquen, generalmente en las mismas plantas procesadoras”. Sobre este punto, agrega que además “las oficinas poseen serias deficiencias que pueden poner en riesgo la continuidad del servicio”.
En relación al SISGRAL, dice que “la carga de datos suele sufrir demoras por la escasa disponibilidad de scanner en los diferentes distritos, almacenando sus datos en bases que no poseen ninguna medida de control interno”. Y agrega: “El Sistema fue desarrollado hace más de dos décadas, utilizando tecnologías adecuadas para la época, pero consideradas obsoletas desde hace varios años”, concluyendo que el mismo “deja a la organización expuesta a la destrucción o alteración de datos”. De este modo, la administración y la gestión de la actividad posee una gran “dependencia de personal clave”. Todas estas deficiencias impiden “un adecuado control de la seguridad de la información almacenada por los módulos del sistema y pone en riesgo la confiabilidad de los datos”. Además señala otras irregularidades vinculadas al control: “Las Actas de Desembarco de los buques no controlados se confeccionan con los datos que se extraen de las Actas de Pesca presentadas por los armadores, sin ninguna otra verificación posterior”.
Según datos oficiales, se calcula que en promedio hay un 10% de pesca no declarada, lo que es lisa y llanamente evasión. La diferencia surge de comparar los Partes de Pesca con los ingresos en el Sistema. Tomando como referencia los casi U$S2.000 millones exportados durante 2017, se trata de mucho dinero.
Pese a la contundencia de los diferentes informes elaborados por la AGN, la pesca continúa teniendo un enorme cono de sombra sobre la dinámica y las reglas de su negocio. Será como dice el Dr. César Lerena: “La mayoría de los argentinos viven de espaldas al mar”. El problema es que pareciera que también lo hacen los diferentes gobiernos.
Pablo Portaluppi
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
