Por Pablo Portaluppi
“Los gobiernos que han ido pasando no se han puesto a la altura de la historia. Nosotros defendimos la bandera argentina, la patria, y nos dejaron de lado, se olvidaron de nosotros. Duele mucho el olvido. No nos queremos ir de este mundo sin ser reconocidos”, dice José, soldado clase 1962. Sus palabras expresan la de muchos que lo único que reclaman es que el Estado los reconozca como lo que son: Veteranos de la guerra de Malvinas. Para ellos, no se trata de un asunto económico. A esta altura ya se ha convertido en una cuestión eminentemente moral.
Cuando faltan pocas semanas para un nuevo aniversario del desembarco argentino en el archipiélago austral, y en momentos en que se están identificando los cuerpos de los 237 compatriotas enterrados en el cementerio de Darwin, este medio va a dedicar diversas entregas a abordar una serie de temas sumamente espinosos que dejó aquella absurda guerra de 1982. Entre ellos, la controversia por las pensiones honoríficas que paga el Estado a través de la ANSES. (Administración Nacional de la Seguridad Social)
El Diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano Juan Fernando Brugge, del bloque parlamentario Córdoba Federal, presentó el Proyecto de Ley 3932/2018, a instancias de un numeroso grupo de veteranos de Malvinas no reconocidos llamado “Concertación TOAS” (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). El proyecto se propone otorgar “el reconocimiento moral e histórico a los exsoldados conscriptos que participaron de manera directa en el conflicto bélico”, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En sus fundamentos, aclara que dichos soldados “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen al sur del territorio nacional”, o que directamente prestaron el servicio militar obligatorio que regía en aquella época en el sur argentino, incluyendo el por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, habiendo cumplido “tareas de vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico, bases aéreas, o realizaran tareas de logística en el espacio terrestre continental”. El proyecto ya cuenta con estado parlamentario y debería ser tratado por la Comisión de Defensa de la Cámara Baja presidida por la ex ministra del área Nilda Garré.
Un poco de Historia
El 7 de abril de 1982, cinco días después del desembarco ordenado por la Junta Militar comandada por el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri, se emite el Decreto secreto 700, que constituye el TOAS, delegando la determinación de sus límites en un Comité Militar, órgano que el 12 de abril decide ampliar y extender la jurisdicción del hasta entonces vigente TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) hasta el litoral marítimo argentino, donde funcionaron las bases de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, y Río Grande, a los efectos de vigilar y defender la zona de posibles incursiones británicas en el continente. El 24 de mayo, el Centro de Operaciones Conjuntas (CEOPECON) en su primera acta se propone coordinar las acciones bélicas, incluyendo “las bases aéreas, aeronavales, instalaciones militares, los puntos de apoyo logístico y todo otro lugar en el continente que pueda ser motivo de un eventual ataque del enemigo”. Recientes documentos desclasificados revelan la existencia de acciones de combate en tal sentido, como se muestra en la siguiente imagen correspondiente a un diario de guerra desclasificado, sobre lo cual este medio se ocupará en próximos artículos.
Aquí radica la base del reclamo de los miles de Veteranos no reconocidos. Es la conocida disputa entre los soldados que combatieron efectivamente en el archipiélago, y aquellos que permanecieron en el continente. “Nosotros también tuvimos acciones de combate”, repiten al unísono. Pero más allá de las comprobadas incursiones británicas en el continente, el reclamo de los Veteranos no reconocidos se torna justo desde el mismo momento en que fueron desplegados a diferentes destinos del sur argentino durante la guerra, teniendo que soportar temperaturas bajo cero, pasando noches enteras dentro de un pozo lleno de agua, ejerciendo tareas de logística vitales en todo conflicto armado, y aguardando que en cualquier momento podían ser enviados a combatir en las Islas. Hasta una asociación de antiguos combatientes franceses se manifestó públicamente en apoyo a los veteranos argentinos: “Los soldados movilizados en un territorio operacional, estando armados para defender objetivos, cumplieron su misión con honor y merecen el reconocimiento”.
Leyes y Decretos
El 23 de octubre de 1984 se promulga la Ley 23109, que otorga beneficios “a los exsoldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”. Pero el 26 de abril de 1988 el Poder Ejecutivo emite el Decreto 509/88, que reglamenta aquella Ley, manifestando en su artículo primero que “se considerará Veterano de Guerra a los ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas en el TOAS, determinado el 7 de abril de 1982, que abarcaba la plataforma continental de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y el espacio aéreo correspondiente”. También se dispuso que el entonces Ministerio de Acción Social tuviera a su cargo el pago de los beneficios, que equivalía a una jubilación mínima. Aunque los términos de dicho artículo son contradictorios, lo cierto es que este Decreto dejó afuera del beneficio a miles de personas. Si bien el 14 de marzo de 2011, una Cámara Federal de Córdoba resolvió la inconstitucionalidad de dicho decreto a partir del reclamo de 32 exsoldados, dicho fallo no se hizo extensivo a otras demandas y el problema se fue agravando. Las razones de aquella decisión del gobierno de Raúl Alfonsín fueron netamente económicas.
El 9 de octubre de 1990 se promulga la ley 23848, incluyendo a civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares donde se desarrollaron las acciones bélicas de combate. Cuatro años más tarde, mediante la ley 24343, se extiende el beneficio a Oficiales y Suboficiales de las FFAA, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. De todos modos, la cantidad de personas que participaron de diferentes maneras en el conflicto siempre fue materia de controversia. La razón principal de esta alarmante falta de control es que la cúpula militar realizó en forma muy desprolija el empadronamiento de soldados alistados ya sea para el archipiélago, para el mar o el continente, durante la contienda. Por ejemplo, en el libro “Informe Oficial del Ejército” hay cuadros sinópticos que detallan la cantidad de personal afectado al conflicto, pero sin dar nombres ni unidad militar. Dicha información sólo podía ser chequeada en los diarios de guerra de cada unidad de combate, pero recién se pudo acceder a ellos en 2015, y se descubrió que en varios de ellos los datos buscados no estaban, ya sea porque no los escribieron o porque directamente habían arrancado las hojas. Para ir confeccionando la lista de beneficiarios argentinos, se debió recurrir a listados de la Cruz Roja Internacional y hasta a las estadísticas del propio Gobierno del Reino Unido.
Lo cierto es que el padrón se fue incrementando a lo largo de los años de forma exponencial. El primer número oficial fue de cerca de 11000 combatientes, pero ya para 1992 se pasó a 14020. En 1999, se llegó a la cifra de 22.200. Y en la actualidad, el Ministerio de Defensa reconoce oficialmente 23428 veteranos, de acuerdo al siguiente detalle: 10.201 de la Armada, 9533 del Ejército, 2249 de la Fuerza Aérea, 22 gendarmes, 31 prefectos, y 1392 civiles. Sin embargo, hay quienes sostienen que el total de ex combatientes destinados al archipiélago y a las bases continentales supera largamente los 30.000. Los miembros de la Concertación TOAS aseguran ser cerca de 9.500 ex combatientes, aunque algunas fuentes aseguran que esa cifra es exagerada. En cualquier caso, como se verá a continuación, las irregularidades están a la vista.
Inconsistencias en el padrón
“La Fuerza Naval se dedicó a luchar por objetivos de política interna y de conservación de sus propios elementos, no dedicando más que el mínimo esfuerzo al conflicto de Malvinas”, escribió el Brigadier ( R ) recientemente fallecido Ernesto Crespo en un memorándum secreto dirigido al Jefe del Estado Mayor General de las FFAA el 1 de julio de 1982, es decir, 15 días después de la rendición argentina. Luego del hundimiento del Crucero General Belgrano, la unidad más antigua de la Armada, la flota de guerra no salió más a mar abierto por temor a los submarinos nucleares.
Estas declaraciones revelan lo que siempre se sospechó: que la Armada prácticamente no participó del conflicto. Sin embargo, es la fuerza con mayor cantidad de Veteranos reconocidos. Ello se debió, entre otras razones, a una fuerte presión ejercida en 1994 por el Consejo de Oficiales Superiores de la Armada, que logró que mediante el Decreto 1083 se incorporara al beneficio a todos los tripulantes de 25 buques que nunca salieron de puerto. Pero el problema no radicaría allí, sino en distintas inconsistencias detectadas en el padrón de beneficiarios en un análisis exhaustivo realizado en 2016 por expertos en la materia, al que este medio accedió. Además de comprobarse un exceso de 1158 tripulantes en dichos buques, se descubrió que cobran pensiones 1 marino mercante clase 1970 (12 años al momento del conflicto), 1 cabo principal clase 1969 (13 años en 1982), 12 marinos 1966 (16 años), 57 tripulantes clase 65 (17 años en la guerra), y 155 embarcados clase 1964. Las clases convocadas para la contienda fueron las de 1962 y 1963.
El caso del ARA Seguí y el Ejército
El Destructor ARA Seguí fue adquirido a la Armada de EEUU en 1972. El 16 de abril de 1982 zarpó de Puerto Belgrano, pero por problemas técnicos regresó a base apenas 13 días después, permaneciendo en puerto hasta el final de la guerra, realizando tareas de vigilancia. Este medio pudo comprobar que sus cerca de 300 tripulantes cobran la pensión vitalicia. La pregunta surge inevitable: ¿Por qué todo este personal de la Armada está incluido entre los beneficiarios, y los miles que sirvieron en las bases continentales no?
También el estudio determinó que en el padrón del Ejército se detectaron varios casos de personas que cobran beneficios indebidamente. Por ejemplo, 21 soldados clase 1963 cuyos números de sorteo para la conscripción fueron menores a 300, o sea que nunca hicieron el servicio militar. Si hubieran ingresado al Ejército, habrían tenido el grado de voluntarios. Cabe aclara que para los voluntarios de primera no regía la ley de movilización, es decir, cumplían con la “colimba” en alguna unidad militar próxima a su domicilio.
También se registraron 4 soldados clase 1964 y 3 clase 1965; 14 suboficiales clase 1964; 48 suboficiales clase 1963, es decir, que por edad nunca podían ostentar el rango de Sargento; 63 soldados mayores a 28 años, cuando dicha edad era el límite para realizar el servicio militar en caso de haber solicitado prórroga. Así mismo, se detectó el caso de un “soldado” clase 1922, o sea que al momento del conflicto tenía 60 años; 280 altos oficiales menores a 30 años, cuando la edad mínima para dicho grado es de 32; 773 suboficiales también menores a 30 años, cuando la edad mínima es de 31. En resumen, el estudio determinó la existencia de 2.654 Veteranos que presentan inconsistencias, lo que correspondería proceder a una acción penal por usurpación de beneficios.
La ANSES y los rumores
A través del Decreto 1357, publicado el 6 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional estableció que sea la ANSES la que tuviera a su cargo el otorgamiento y liquidación de las pensiones honoríficas, y aumentó la cifra a cobrar en un 300%, lo que equivale a 3 jubilaciones mínimas, monto que se mantiene hasta la actualidad. Es decir, que al día de hoy una pensión ronda los $30.000. En su página web, la ANSES reconoce oficialmente 22.476 beneficiarios.
Los rumores están a la orden del día. Hay quienes sostienen que la ANSES está pagando cerca de 40.000 pensiones, dato que resulta incomprobable. Este medio intentó solicitar el listado completo, pero el organismo se ampara en la política de “datos sensibles” para no hacerla pública. Un abogado que trabajó durante más de veinte años en Asuntos Jurídicos de la ANSES le aseguró a este medio que “el sector dedicado a establecer a quién le corresponde y a quién no las pensiones de Malvinas siempre fue muy hermético, como si nadie pudiera meterse allí. Yo dictaminaba muchas veces a favor de un Veterano y luego me enteraba que no le otorgaban el beneficio”. Y arroja un nombre: Carlos Monasterio. “Él decidía todo”, afirma la fuente. Según pudo saber este medio, el funcionario es un excombatiente y el cargo formal que ocupa en el organismo es el de Jefe de la Unidad de Asistencia de Veteranos de Guerra de Malvinas.
Algunos Veteranos no reconocidos están convencidos que las pensiones honoríficas de Malvinas representan una de las tantas “cajas negras” de la política, y mencionan a conocidos sindicalistas y dirigentes políticos del conurbano que manejan a discreción dichos fondos. “Les pagan a amigos, familiares, pero principalmente a punteros”, aseveran.
El próximo 2 de abril se cumplirán 37 años de la trasnochada decisión de la Junta Militar de recuperar las Islas Malvinas, un hecho que la ciudadanía de aquel entonces apoyó fervorosamente. Quizá por aquel respaldo, hoy la sociedad argentina no termina de asimilar aquella frustración, como si un fuerte sentimiento de culpa se apodera de ella y no le permitiera reconocer a los miles de soldados y conscriptos que arriesgaron y dieron su vida por el país. Dicho en otras palabras, como si asociaran a los Veteranos de Malvinas con la figura de Galtieri. Mientras tanto, miles de ellos esperan ser reconocidos como tales. Además de una posible usurpación y negación de beneficios, se trata, lisa y llanamente, de una estafa moral.
“Los que teníamos en aquel tiempo 18 años somos una generación que nos enseñaron a quedar callados. Ya no queremos callarnos más. Lo hacemos también por la memoria de los que murieron sin ser reconocidos”, dice José. Y remata: “A ellos les han robado el honor”.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
