Por Pablo Portaluppi
A pocas horas de cumplirse 37 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ordenado por la Junta Militar que gobernaba el país integrada por Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo, y Jorge Anaya, aún no se ha escrito la historia completa del enfrentamiento bélico con Gran Bretaña. Recientes documentos y diarios de guerra desclasificados, tanto en la Argentina como en Inglaterra, así como confesiones de soldados británicos, comienzan a echar luz sobre algunas zonas oscuras del conflicto ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
En la actualidad, existen miles de veteranos no reconocidos que reclaman su lugar en la historia. Soldados, en su mayoría conscriptos, que fueron destinados a las distintas bases militares apostadas en el continente. “Nosotros también tuvimos acciones de combate. Además, no fuimos a un picnic”, repiten casi al unísono. Pero más allá de las comprobadas incursiones británicas en el continente, su reclamo se torna justo desde el mismo momento en que fueron desplegados a diferentes destinos del sur argentino durante la guerra para realizar tareas de logística, vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico indispensables en todo conflicto bélico. La injusticia de su situación se potencia cuando se comprueba que todos los tripulantes de los buques que, por decisión de los mandos de la Armada, no salieron de puerto-hecho que se detallará en este informe-, además de ser reconocidos como veteranos, cobran una pensión honorífica por parte del Estado equivalente a tres jubilaciones minimas La pregunta surge inevitable: ¿Por qué todo este personal de la Armada está incluido entre los beneficiarios, y los miles que sirvieron en las bases continentales no?
Es por ello que el Diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano Juan Fernando Brugge, del bloque parlamentario Córdoba Federal, presentó el Proyecto de Ley 3932/2018, a instancias de un numeroso grupo de veteranos de Malvinas no reconocidos llamado “Concertación TOAS” (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). El proyecto se propone otorgar “el reconocimiento moral e histórico a los exsoldados conscriptos que participaron de manera directa en el conflicto bélico”. En sus fundamentos, aclara que dichos soldados “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen al sur del territorio nacional”, incluyendo el por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. El proyecto, si bien ya cuenta con estado parlamentario y debería ser tratado por la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, no parece una prioridad ni para el Poder Legislativo ni para el Ejecutivo. Ni siquiera para la sociedad. Los miembros de Concertación TOAS le han solicitado una audiencia al Presidente Mauricio Macri a través de su Jefe de Gabinete Marcos Peña pero ésta aún no fue concedida.
La base del reclamo
El reclamo se apoya en, además de las acciones de combate registradas en el continente, en la propia historia. El 7 de abril de 1982, cinco días después del desembarco, se emite el Decreto secreto 700, que constituye el TOAS, delegando la determinación de sus límites en un Comité Militar, órgano que el 12 de abril decide ampliar y extender la jurisdicción del hasta entonces vigente TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) hasta el litoral marítimo argentino, donde funcionaron las bases de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, y Río Grande, a los efectos de vigilar y defender la zona de posibles incursiones británicas en el continente. El 21 de mayo, a través del Decreto 999, el Gobierno reconoce que Gran Bretaña e Irlanda del Norte realizaron “reiteradas agresiones contra el territorio nacional y que éstas pueden repetirse en el futuro”. Ya por aquel entonces se habían registrado acciones de combate en el continente, inclusive antes del comienzo formal de la guerra, pero las FFAA querían evitar que trascendieran para que no cunda el pánico en la población. De hecho, para fines de mayo se había pensado en la posibilidad de realizar desde el continente una operación sobre San Carlos, ubicado en la costa occidental de la Isla Soledad. El documento elaborado por Américo Daher, Jefe del Estado Mayor en las islas, propuso atacar con submarinos a las fragatas inglesas, apoyados por dos corbetas y dos lanchas rápidas, y el lanzamiento de una fuerza de tareas de paracaidistas a 30 km al sur de Puerto Darwin y Pradera del Ganso. También se preveían el desembarco de buzos tácticos.
A poco de finalizada la guerra, todos los que participaron en el conflicto recibieron un documento de contrainteligencia, que aquí se reproduce, donde se les ordena no proporcionar información a nadie sobre su movilización, lugar de presentación, arma a la que pertenece y/o aptitud adquirida y su experiencia de combate.
El 24 de mayo, el recientemente creado Centro de Operaciones Conjuntas (CEOPECON), con asiento en Comodoro Rivadavia y al mando de Jorge Osvaldo García, emite su primera acta en la cual se propone coordinar las acciones bélicas, incluyendo “las bases aéreas, aeronavales, instalaciones militares, los puntos de apoyo logístico y todo otro lugar en el continente que pueda ser motivo de un eventual ataque del enemigo”. Ello se debió a un documento confeccionado por Mario Benjamín Menéndez, por entonces Gobernador de Malvinas, donde le detalló a la Junta “las dificultades de logística, de inteligencia, la carencia de combustible que imposibilitaba el funcionamiento de los radares, la falta de reservas alimentarias”. También solicitó la reanudación del puente aéreo entre el archipiélago y el continente.
El 23 de octubre de 1984 se promulga la Ley 23109, a instancias del ex senador Oraldo Britos, que otorga beneficios “a los exsoldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”. Pero el 26 de abril de 1988 el Poder Ejecutivo emite el Decreto 509/88, que reglamenta aquella Ley, manifestando en su artículo primero que “se considerará Veterano de Guerra a los ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas en el TOAS, determinado el 7 de abril de 1982, que abarcaba la plataforma continental de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y el espacio aéreo correspondiente”. Este Decreto dejó afuera del beneficio a miles de personas. Aún existiendo desde entonces distintos fallos judiciales que van en sentido contrario a este Decreto, el mismo continúa perdurando.
Las declaraciones judiciales y secretas de Ernesto Crespo
Resultan muy reveladoras las declaraciones vertidas en sede judicial por el recientemente fallecido Brigadier Ernesto Crespo, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, y a cargo durante la contienda del FAS (Fuerza Aérea Sur). Crespo aseguró que “el Plan de Operaciones Esquemático 1/82 preveia la defensa de las bases continentales”, ya que las mismas “fueron objetivos prioritarios de la Fuerza de Tareas Británica”, sabiendo que “tenían capacidad operacional para incursionar con medios aéreos y terrestres sobre las bases”. A su vez, confirmó que el objetivo principal de las fuerzas especiales británicas era “destruir el material aéreo de la FAS desplegado en Río Grande, y afectar la tripulación de ser posible”. En otro tramo de sus declaraciones, explicita que “la jurisdicción del FAS en un principio se delimitó hasta las 15 millas naúticas de la costa continental. Posteriormente se vio obligada a operar en todo el TOAS por el retiro de las fuerzas navales propias a Puerto Belgrano un día antes del inicio de las operaciones del 1 de mayo”. Y dice tajante: “Si la FAS no hubiese estado en la Patagonia, con sus medios desplegados en el continente, el conflicto hubiera finalizado probablemente el primer día de combate, es decir, el 1 de mayo. Los ingleses consideraron a la Fuerza Aérea Sur su único enemigo real en el conflicto”.
A pesar de las revelaciones de Ernesto Crespo, si bien todos los miembros de la Fuerza Aérea son reconocidos como Veteranos, sólo los pilotos cobran la pensión. Julio Herrera Vidal, Presidente de la Asociación Nacional de Soldados Veteranos de la Fuerza Aérea, quien se desempeñó en el Grupo 1 de Artillería Antiaérea que fuera desplegado a la Base de Santa Cruz, le cuenta a este medio que “yo participé en una acción de combate, el 23 de mayo a las 19 hs, donde sostuve una acción antiaérea con un avión que nunca se identificó”. Y explica que “está bárbaro que cobren la pensión los pilotos, pero hay que tener en cuenta que un avión es un sistema de armas, con un grupo de artillería de atrás, comandado por artilleros”. Y ratifica lo dicho por Crespo: “Todos los ataques contra la flota británica partieron desde el continente, desde las FAS y de la aviación naval”.
El rol de la Armada
“La Fuerza Naval se dedicó a luchar por objetivos de política interna y de conservación de sus propios elementos, no dedicando más que el mínimo esfuerzo al conflicto de Malvinas”, escribió el Brigadier Crespo en un memorándum secreto dirigido al Jefe del Estado Mayor General de las FFAA el 1 de julio de 1982. A su vez, un cable secreto durante el conflicto de la Embajada de EEUU en Buenos Aires afirma: “Lami Dozo (N. de R: Jefe de la Fuerza Aérea) cree que están destrozando su fuerza porque el Ejército no combate o no sabe combatir, y la Marina se ha estado refugiando a lo largo de la costa continental”. Estos documentos confirman lo que siempre se sospechó: que la Armada prácticamente no participó del conflicto. Sin embargo, es la fuerza con mayor cantidad de veteranos reconocidos: 10201 sobre un total de 23428 reconocidos por el Ministerio de Defensa. Ello se debió, entre otras razones, a una fuerte presión ejercida en 1994 por el Consejo de Oficiales Superiores de la Armada, que logró que mediante el Decreto 1083 se incorporara al beneficio a todos los tripulantes de 25 buques que nunca salieron de puerto, replegados luego del ataque al Crucero General Belgrano. Por ejemplo, los más de 300 tripulantes del ARA Seguí, que permaneció en la base por problemas técnicos, cobran la pensión honorífica. Pero no es el único caso. Por temor a los submarinos nucleares ingleses, la Armada decidió replegar a todos sus buques a la costa para realizar tareas de vigilancia.
Más allá del hermetismo oficial durante 37 años, se empieza a conocer y a reconocer que el continente estuvo seriamente amenazado de ser penetrado por las fuerzas británicas. De hecho, hubo varias incursiones que se detallarán en la segunda parte de este informe. Así lo revelan diversos documentos secretos ingleses. Uno corresponde al 27 de mayo de 1982, donde se invita a considerar la autorización de operaciones de sus Fuerzas Especiales contra buques de guerra, submarinos y otras naves argentinas fuera de las 12 millas de la zona de guerra que Gran Bretaña había ampliado unilateralmente el 7 de mayo.
Así mismo, el citado Julio Herrera Vidal hizo público que Edward Denmark, veterano inglés integrante del 12 Regimiento Real de Artillería Antiaérea de las Task Force, le envió una carta en el marco de una cooperación creciente entre combatientes de ambos países, donde le aseguró “sin ninguna duda estaban en riesgo todas las bases de la Patagonia”. La carta está certificada por un Escribano de Liverpool y a su vez Herrera Vidal la hizo protocolizar en la Argentina, cuya imagen se acompaña.
Cabe señalar que en el libro “1982”, del periodista y ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre, se cita que “el jueves 6 de mayo, un diplomático argentino informó que se esperaba un nuevo ataque británico, incluso al continente”. Esta versión es a su vez confirmada por un embajador de carrera: “Gran Bretaña amplió la zona de exclusión a 12 millas del continente y no se descarta un ataque al propio continente”. Así mismo, en sede judicial, el Brigadier Ernesto Crespo aseguró que “el riesgo de combate fue permanente”, y que “los conscriptos eran parte fundamental en la defensa terrestre y anti aérea”.
Según se ha sabido por diarios de guerra y documentos desclasificados, y por propias declaraciones y libros ingleses, se registraron más de 20 incursiones en el continente, que fueron repelidas por las fuerzas argentinas. La más célebre quizá sea la llamada “Operación Mikado”. Pero existieron más: la incursión en Cabo Curioso, la caída del helicóptero el 30 de abril por parte de fuerzas británicas, los campos minados de Río Grande, la llamada “noche de los 2000 disparos”, los muertos argentinos del Liceo General Roca, los hechos del 18 y 21 de mayo, la detección de submarinos ingleses en Caleta Olivia el 1 de mayo, entre otros. De estos hechos nos ocuparemos en la segunda parte de este informe. Ninguno de los soldados participantes en dichos hechos están reconocidos por el Estado, salvo los fallecidos a través de la ley 24950/88.
El Ministerio de Defensa reconoce oficialmente, como ya se dijo, 23428 veteranos, de acuerdo al siguiente detalle: 10.201 de la Armada, 9533 del Ejército, 2249 de la Fuerza Aérea, 22 gendarmes, 31 prefectos, y 1392 civiles. Este medio intentó consultar la nómina, y la misma se encuentra “sin información disponible”. Curioso, ya que tres semanas atrás, la planilla estaba publicada en detalle, separada por arma. En su página web, la ANSES reconoce oficialmente 22476 beneficiarios. Sin embargo, hay quienes sostienen que el total de ex combatientes destinados al archipiélago y a las bases continentales supera largamente los 30.000. Distintas fuentes aseguran que al momento de la rendición argentina, el 14 de junio de 1982, había cerca de 14000 soldados sólo en el archipiélago.
En su declaración judicial, Ernesto Crespo se preguntó si “¿es posible suponer un criterio de espacio territorial que no limita las operaciones, condicione el reconocimiento de una acción bélica?”. Y sugirió tajante: “En lugar de considerar la delimitación geográfica de los comandos en el Atlántico Sur, sería correcto limitar el ser considerado ex combatiente o ex veterano a los que tuvieron injerencia directa o cumplieron funciones esenciales, ya fuera en las islas o en el continente”.
Quizá haya que destacar las palabras del veterano no reconocido Francisco Romero, integrante del Batallón V de Infantería de Marina: “Nosotros no fuimos a las islas a pelear solo porque el conflicto duró poco tiempo: 45 días. No hubo tiempo para el relevo”.
LA SEGUNDA PARTE DE ESTE INFORME SERÁ PUBLICADA EL PRÓXIMO 2 DE ABRIL
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
