Por Pablo Portaluppi
El 24 de marzo de 1976, hace exactamente 44 años, la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, y Orlando Ramón Agosti, consumó el último golpe militar de la historia argentina derrocando al gobierno de Isabel Perón. Fue, tal vez, la interrupción institucional más previsible desde 1930. Las razones de este anunciado golpe quizá haya que buscarlas en la violencia que se ejercía en el país desde mucho antes, ya durante la década del 60, pero que había recrudecido notablemente en 1973, cuando luego de 18 años de proscripción, el peronismo que aún nos gobierna regresó al poder de la mano de la candidatura “títere” de Héctor Cámpora.
En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del año 2016, el ex presidente Mauricio Macri pronunció una frase muy poco recordada: “El golpe de Estado de 1976 consolidó el período más oscuro de nuestra historia”. El ex mandatario pronunció la palabra “consolidó”, lo que da la idea de que la violencia había estallado en la Argentina mucho antes de aquel lamentable episodio. Salvo algunos trasnochados, nadie niega los salvajes y atroces crímenes perpetrados por el aparato militar, algo que ya es conocido por todos. Pero la sociedad argentina se debe un debate profundo sobre los asesinatos cometidos por la guerrilla desde fines del años 1963, cuando un grupo de universitarios liderados por Jorge Ricardo Masetti intentó convertir la localidad salteña de Oran, a 40 km de la frontera de Bolivia, en una Sierra Maestra argentina. Es decir, importar la revolución cubana de 1959 encabezada por Fidel Castro y el argentino Ernesto “Che” Guevara a nuestro país. Masetti había sido enviado allí por el gobierno castrista. “Ha llegado el momento de rebelarse”, rezaba una de sus proclamas.
La mención a Cuba no es azarosa, ya que está probado que el país caribeño fue un centro de entrenamiento de la guerrilla latinoamericana. El propio Fidel Castro lo reconoció en 1998, cuando confesó en público que su país intentó crear un “Vietnam” gigante en toda la región. El rol cubano no es un dato menor, ya que en su rol fundamental se asientan los reclamos de miles de familiares de asesinados por el terrorismo para declarar dichos crímenes como de “lesa humanidad”, para que no prescriban. Para obtener dicha calificación, los asesinatos deben ser atroces, dirigidos en perjuicio de una población civil, tener apoyo del Estado, y poseer dominio territorial. No sólo la injerencia del Estado cubano estaría presente en estos casos, sino que los miles de atentados cometidos por la guerrilla desde la década del ´60 también pudieron haber generado en la sociedad civil pánico e inseguridad, además de ser un posible blanco de su accionar. Sin embargo, algunos de los nombres de los terroristas que probadamente cometieron determinados crímenes están inmortalizados en el Parque de la Memoria.
En la Argentina el objetivo castrista dio sus pequeños frutos, ya que uno de los dos grandes grupos guerrilleros de la Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), decidió concentrar sus mayores recursos en la provincia de Tucumán, creando allí la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Surgido en 1970 como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Santucho, el ERP afirmaba en su Congreso: “La situación geográfica de Tucumán hace que el eje estratégico de la lucha armada pase por allí en sus formas iniciales de la guerrilla rural”. La provincia donde se declaró la independencia argentina fue elegida por los erpianos por la numerosa presencia de ingenios azucareros, lo cual favorecía la aparición de casos de explotación. Se cree que desde allí, el ERP quería expandir la lucha hacia el norte, para luego bajar a Buenos Aires y producir un golpe de Estado. Los hechos ocurrieron en 1975, en pleno gobierno democrático. De hecho, la presidente María Estela Martinez de Perón firmó el Decreto 261 dando inicio al “Operativo Independencia”, para “neutralizar y aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en Tucumán”.
“Mi padre, el Capitán Héctor Cáceres, murió en el enfrentamiento armado de Río Pueblo Viejo, en Tucumán, el 14 de febrero de 1975, a manos del ERP. No sólo falleció cumpliendo una orden del gobierno contitucional, sino que además dio su propia vida al ir en rescate de su compañero, Rodolfo Ritcher, que se encontraba gravemente herido en el suelo. Yo tenía tan solo siete meses cuando todo esto ocurrió. Jamás llegué a conocer a mi padre. No tengo memorias ni recuerdos de él. No sé y nunca sabré cómo era su vos, sus aromas, sus gestos. Nunca pude sentir un abrazo, una caricia, ni siquiera un reto de su parte”, conmueve Diego Cáceres.
“¿Cuántas muertes había producido la guerrilla si hubiera llegado al poder?”, se preguntó alguna vez el periodista Jorge Lanata. En cierta ocasión, Mario Santucho le confesó a su hermano que para llegar al poder tendrían que morir no menos de un millón de personas. Esta confesión nos traslada al 20 de enero de 1942, cuando 15 oficiales nazis bajo el mando del Comandante de las SS Adolf Eichman y de uno de los preferidos de Adolf Hitler, Reinhard Heydrich, se reunieron en una mansión de las afueras de Berlín y decidieron que para cumplir sus objetivos debían asesinar a 11 millones de judíos.
La otra gran organización armada fue Montoneros, vinculada al peronismo. Liderada por Mario Eduardo Firmenich, mucho de sus cuadros fueron adiestrados también en Cuba. De hecho, a través de lo que se dio en llamar el “entrismo”, Fidel Castro logró infiltrar el justicialismo. Montoneros se dio a conocer el 29 de mayo de 1970, durante el gobierno de Juan Carlos Ongania, cuando secuestró al ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, para luego asesinarlo días después. El 1 de julio también de 1970, Montoneros tomó la localidad cordobesa de “La Calera”. Días después, las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) hicieron lo propio en Garín. Una pregunta que jamás la historia y la justicia pudieron responder es si semejantes hechos, que requerían de una logística y una preparación quirúrgica, pudieron haber sido cometidos por un grupo de jóvenes en soledad. La respuesta parece obvia.
Impunemente, el 22 de agosto de 1973, en el estadio de Atlanta, Firmenich habló en un acto público, haciendo mención a la palabra “revancha”. Allí también se dirigió al público Juan Manuel Abal Medina, hermano de uno de los asesinos de Aramburu. Montoneros perpetró la mayoría de sus ataques en plena democracia, entre 1973 y 1976.
El 27 de mayo de 1973, dos días después de asumido el efímero gobierno de Héctor Cámpora, el Congreso vota y aprueba las ley 20.508, llamada “De amnistía”, que otorgaba la libertad a los llamados “presos políticos”, que en verdad ya habían salido de las cárceles por la fuerza en las últimas horas del 25. En su gran mayoría se trataba de miembros de organizaciones armadas que habían sido condenados con el debido proceso por la disuelta Cámara Federal en lo Penal, creada el 28 de mayo de 1971. El total de prisioneros indultados en todo el país fue de 371, entre los cuales se encontraba un francés acusado de narcotráfico y algunos miembros de la derecha peronista. La mayoría de los detenidos, 175, estaban alojados en el penal de Villa Devoto.
Luego de ello, la violencia recrudeció: el 6 de septiembre de 1973 se produce el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en Capital Federal, donde muere el Teniente Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy. El 19 de enero de 1974 el ERP intenta copar el Regimiento 10 de Caballería Blindada en la ciudad de Azul, donde es acribillado el Coronel Camilo Arturo Gay y secuestrado Jorge Roberto Ibarzábal, mantenido cautivo durante 10 meses bajo tortura para luego ser asesinado. Un año después, el 23 de diciembre de 1975, también el ERP ataca el Batallón 601 “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo. El 5 de octubre de 1975, Montoneros intenta tomar el Regimiento de Infantería de Monte 29, donde mueren 10 conscriptos, quienes en octubre de 2019 fueron homenajeados por el ex presidente Mauricio Macri. El domingo 28 de abril de 1974, mientras se dirigía a la cancha a ver a Boca, el Juez Jorge Quiroga, ex miembro de la Cámara Federal, fue ametrallado de 14 balazos en pleno centro de Buenos Aires, por miembros del ERP, muriendo horas más tarde en el hospital.
El 1 de diciembre de 1974 son asesinados a balazos por comando del ERP en Tucumán el capitán Humberto Viola y su hijita de 3 años, María Cristina. En la puerta de la casa de sus padres, el capitán, su esposa embarazada, y y sus dos hijitas, fueron sorprendidos por “jóvenes idealistas” del ERP, que abrieron fuego mediante el uso de ametralladoras y escopetas. Viola, herido, abrazó a una de las nenas, cuando otra ráfaga le perforó el pulmón izquierdo. Tirado en el piso, lo remataron con un tiro en la cabeza, delante de toda su familia. A la pequeña María Cristina, le faltaba toda la parte posterior de la cabeza, y estaba bañada en sangre. Murió a los pocos minutos. La otra hija, Fernanda, logró sobrevivir pero fue sometida a ocho cirugías. En una carta dijo: “Mi familia, como tantas víctimas del terrorismo, hemos sido desaparecidos de la historia. Yo sí sé lo que significa haber sido ignorada. Yo sí sé lo que implica ver que a los asesinos de tu familia los elogian y los indemnizan como héroes”.
El 11 de agosto de 1974 se produce el salvaje copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, provincia de Córdoba, donde pierde la vida el policía Marcelino Cuello y es secuestrado el Mayor Argentino del Valle Larrabure, quien luego de 372 días de cautiverio y sometido a torturas y vejámenes en una cárcel del pueblo, es finalmente asesinado. Su hijo, Arturo Larrabure, aún batalla en los Tribunales por la memoria de su padre. El 5 de septiembre de 2018, la Cámara Federal de Rosario dictaminó que su crimen no configura delito de lesa humanidad, al asegurar que el ERP no contaba con apoyo estatal. Argumento más que discutible, ya que muchos de sus miembros, como se dijo, fueron entrenados en Cuba y recibieron apoyo de ese gobierno. De nuevo surge la pregunta: ¿Pudo una organización perpetrar por si sola semejante ataque?
Horas antes del copamiento, 4 terroristas reducen al personal de un hotel cercano e instalan allí su base de operaciones con equipos de comunicación. A la 1 de la madrugada, alrededor de 70 hombres vistiendo ropas militares logran ingresar a la Fábrica Militar. En el interior, un soldado hace de entregador. Toman el Casino de Oficiales y roban armas, explosivos y municiones, entre ellos varios FAL. Luego secuestran al Mayor e ingeniero químico Argentino del Valle Larrabure, iniciando así su largo y penoso cautiverio en una cárcel del pueblo. “Mi celda es una excavación porque carece de ventanas y una de las paredes laterales está burdamente revocada a cemento. Dos tubos de plástico negro de unos 2 centímetros de diámetro conectan con el exterior y permiten la aireación mediante un extractor eléctrico cuyo funcionamiento depende de mis captores”, escribió en su encierro.
El 23 de agosto de 1975, su cuerpo apareció en un zanjón de la ciudad de Rosario, con 40 kilos menos. El peritaje médico es escalofriante: “Se establece que en la región fronto-parietal se observa una contusión similar a la de la periferia del cotilo de un martillo. En el cuello se puede verificar un surco de estrangulamiento, producido presumiblemente por torsión desde atrás. Gran derrame conjuntival en su ojo derecho, efecto de golpes. Evidentes signos de deshidratación. Evidentes signos de pasaje de corriente eléctrica en los órganos genitales”.
El 27 de diciembre de 2018, la Sala 2 de Casación desestimó un pedido de los familiares de Larrabure. Dicha sala la integra Alejandro Slokar, prominente miembro de Justicia Legítima, la agrupación judicial k. Los asesinos de Larrabure figuran en el Parque de la Memoria. Cabe remarcar que los hechos ocurrieron en democracia.
Además de todo lo dicho, entre 1973 y 1976, las principales noticias de la Argentina estaban estrechamente vinculadas a la violencia y al caos social: el secuestro y asesinato de Silvio Frondizi; el crímen de Arturo Mor Roig; las Fuerzas Armadas custodiando las escuelas; un creciente ausentismo laboral; el asesinato en Mar del Plata de Ernesto Piantoni; toma de fábricas, universidades, diarios, y canales de televisión; el asesinato del Intendente de La Plata; el atentado contra el Presidente del Senado Italo Luder; diputados amenazados de muerte; el copamiento por parte de un grupo terrorista de la estación de Ingeniero Maschwitz; los asesinatos de los sindicalistas Dick Kloosterman, secretario de SMATA, Rogelio Coria, de la UOCRA, y el recordado de José Ignacio Rucci, por entonces líder de la CGT; secuestros extorsivos de empresarios de multinacionales, como los hermanos Born, Herbert Pilz, gerente de Mercedes, el británico Charles Lockwood, y Victor Samuelson, entre varios otros. Entre 1969 y 1979, 145 empresarios fueron víctimas del terrorismo. Cabe recordar que regía en todo el país el estado de sitio.
Si bien las cifras difieren, según algunas estimaciones, entre ellos de la Embajada de EEUU en la Argentina, se registraron en el país entre 1973 y 1976 más de 2000 muertes por violencia política, y entre mayo del 73 y junio de 1975, se produjeron 5079 hechos terroristas. El 30 de julio de 1975, el prestigioso diario “Buenos Aires Herald”, que fue el único que se atrevió en plena dictadura a denunciar casos de desaparición de personas, informó desde sus páginas que en lo que iba de aquel año se habían registrado 245 asesinatos. El 19 de marzo de 1976, el diario La Opinión, de Jacobo Timerman, afirmaba que entre el 11 y el 18 de marzo se había producido 1 muerto cada cinco horas y cada tres horas detonaba alguna bomba en el país. Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) afirma que hay registrados 1094 casos de personas asesinadas por el terrorismo.
Entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, período en el que gobernó el justicialismo bajo las gestiones de Cámpora, Raul Lastiri, Juan Domingo Perón y su viuda, Isabel, el país estaba inmerso en una desenfrenada carrera inflacionaria, violencia política, vacío de poder, y descomposición social. En ese contexto se produjo el golpe de estado. El remedio que aplicaron los militares fue aún peor, pero no hay que olvidar que la violencia en el país había estallado mucho antes, y que existen aún en la Argentina miles de familiares que esperan ser reconocidos por la historia y la justicia.
En palabras de Diego Cáceres: “El derecho a la verdad es un derecho humano fundamental. De la misma manera que los hijos de desaparecidos tienen derecho a la verdad, los hijos víctimas de los grupos terroristas argentinos también tenemos el mismo derecho a la verdad”
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
