Si bien es más que claro que la agenda más urgente del Presidente electo Javier Milei es comenzar a reparar la maltrecha economía argentina que heredará del gobierno de Alberto Fernández, la nueva administración difícilmente descuide su relación con el mundo. Un vínculo muy trascendente para la suerte del país y que marcará el rumbo de la gestión.
Previo al balotaje del pasado domingo, el libertario había recibido apoyos a su candidatura por parte de ex mandatarios como el de Brasil, Jair Bolsonaro; de España, Mariano Rajoy, y también del célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, entre otros.
En aquel sentido, algunos episodios que están ocurriendo en Europa y ciertas decisiones que están adoptando los distintos gobiernos podrían resultar claves.
Sin duda, un líder admirado por Milei es Emmanuel Macron, Presidente de Francia. Hace pocos días, el Senado francés aprobó una proposición de ley que busca invalidar documentos que utilicen lenguaje inclusivo, bajo el claro argumento que aquel dificulta la lectura, comprensión y pronunciación de los textos, así como el aprendizaje del idioma.
A su vez, lo consideran una amenaza para el francés y buscan prohibir su uso en la enseñanza. De aprobarse aquella iniciativa, la ley invalidaría actos jurídicos escritos en lenguaje inclusivo y su uso en publicaciones de funcionarios públicos.
En mayo de 2021, Francia había prohibido el uso del lenguaje inclusivo en los colegios al estimar que «constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura», poniendo fin, oficialmente, a un debate que divide desde hace años a los lingüistas y la comunidad educativa.
Macrón fue uno de los primeros líderes más importantes del mundo en felicitar a Javier Milei por su triunfo en el balotaje del pasado domingo.
Pero hay una cuestión tanto o más importante que la prohibición del lenguaje inclusivo.
Tal como reflejara este medio en una reciente publicación, las políticas migratorias en los países centrales de Europa tienden a endurecerse. Y esto no resulta un dato menor para la Argentina que viene.
Mientras el gobierno francés presentó un proyecto de ley para endurecer las leyes de inmigración, con el objetivo de agilizar el proceso de deportación de extranjeros, considerados una amenaza al orden público, una encuesta realizada en Alemania indicó que casi dos tercios de la población quiere que se prohiba la inmigración procedente de países predominantemente musulmanes.
Por su parte, los gobiernos británico y austriaco firmaron un nuevo acuerdo para colaborar más estrechamente en la lucha contra la inmigración, mientras Viena pretende establecer un sistema «al estilo de Ruanda» para tramitar las solicitudes de asilo.
Pero también hay que mirar lo que pasa en dos países alejados de los focos principales, pero muy diferentes a la Argentina.
De acuerdo a un informe oficial que se conoció hace pocas semanas, en 2022, en Suiza, la mitad de todos los casos de violación y asesinato fueron cometidos por extranjeros, a pesar de que los mismos representan solo el 26% de la población.
Según datos del Gobierno, un total de 93.693 personas fueron condenadas por delitos en el país, y el 57,5% de los mismos fueron perpetrados por extranjeros. La información consigna así mismo que aquellos fueron condenados por el 47% de las violaciones y el 44% de los asesinatos, además del 45% de las agresiones y el 41% de los robos agravados.
El documento oficial subraya también que “migrantes de países predominantemente musulmanes tenían más probabilidades de ser condenados por estos delitos, especialmente los procedentes del Magreb, que eran siete veces más propensos que un ciudadano suizo a cometer estos delitos”.
Y agrega: “Otros grupos de migrantes también mostraron tasas significativamente más altas de condenas por delitos graves. El análisis se basa en cifras de condenas y no incluye a migrantes indocumentados en el país, lo que podría distorsionar los números”.
Concluyendo que “el fenómeno de la delincuencia relacionada con la migración parece ser similar en otros países europeos como Alemania, Italia, Austria y Dinamarca”.
Según un artículo del diario “La Nación” publicado a comienzos de este año, la política migratoria suiza, que fue un ejemplo para Europa, ahora estaba siendo severamente cuestionada.
“Los hijos de los migrantes que fueron a Suiza durante décadas demandan ahora una disculpa por la política ya que, dicen, destruyó a sus familias y dejó a muchos de ellos traumatizados”, sostiene el matutino.
«Desde la década de 1950 hasta la de 1990, cientos de miles de trabajadores, primero desde Italia y después procedentes de España, Portugal y la antigua Yugoslavia, viajaron a Suiza. Trabajaron en fábricas, carreteras, en la construcción, restaurantes y hoteles. Pero a los migrantes les daban permisos de trabajo de entre 9 y 12 meses, y muchos vivían en barracones. Su única función en Suiza era trabajar. Y el resto del núcleo familiar, incluyendo a los hijos menores, no eran aceptados«, destaca el texto.
Ello generó que, por ejemplo, un matrimonio podía trabajar en el mismo lugar pero, debido a los permisos de trabajo estipulados, sus hijos debían permanecer en su país de origen.
Pero ahora esos hijos crecieron y reclaman por la destrucción de sus familias.
El sistema político suizo es distinto a todo. Si bien tiene muchos rasgos de los parlamentarismos europeos, como que los ciudadanos no votan directamente al gobierno, sino a los partidos que integran el Parlamento, en Suiza se elige a los miembros del Consejo Federal, que son siete.
Uno de aquellos siete preside el Consejo, que pasa a ocupar el cargo de Presidente de la Confederación Suiza, pero cuyo poder es muy limitado. Se trata, en pocas palabras, de un gobierno colectivo.
Impensado en Argentina.
Por su parte, en Suecia también pasan cosas, aunque cueste creerlo.
En un intento por combatir la creciente violencia de las bandas, el gobierno sueco anunció que “permitirá el apoyo militar a las fuerzas del orden”, consigna una información de “Euro Ñews”.
El Primer Ministro Ulf Kristersson se reunió con mandos militares y policiales para debatir formas de abordar la escalada del problema, que atribuyó a «una política de inmigración irresponsable y una integración fallida».
El reciente repunte de la violencia, con 12 muertos sólo en septiembre, una cifra escandalosa para el país, motivó la decisión. “Las fuerzas armadas y la policía colaborarán en virtud de un mandato oficial, centrándose en áreas como la pericia en explosivos, la logística de helicópteros y el análisis”, dice la información oficial.
El gobierno también tiene previsto aumentar las competencias policiales, introducir penas más severas para los delitos cometidos con armas de fuego y construir prisiones juveniles para separar a los delincuentes jóvenes de los adultos. Además, pretende garantizar que todos los niños aprendan sueco.
“Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para combatir la actividad de las bandas, que incluye escuchas telefónicas, registros corporales, penas más severas y la posible deportación de sus miembros extranjeros”, agrega el medio europeo.
Durante septiembre, mes en el cual recrudeció la violencia, se produjeron dos explosiones en edificios atribuidas al narcotráfico en suburbios de Estocolmo, la capital sueca.
La violencia de pandillas es un problema creciente en Suecia. Según un reporte del propio Gobierno, hubo en lo que va de este año, 124 explosiones y 36 muertes relacionadas con el tráfico de drogas y armas. Y de acuerdo al informe, “casi todos los miembros de pandillas en el país son migrantes de primera o segunda generación”.
El planteamiento del gobierno ha recibido el apoyo de la oposición, pues ambas partes reconocen la gravedad de la situación y la necesidad de una acción integral.
Impensado también en Argentina.
El 6 de marzo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández dejó sin efecto el Decreto 70/2017, firmado en enero de 2017 por el entonces Presidente Mauricio Macri, mediante el cual se habían establecido controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.
El decreto derogado establecía la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales, y aceleraba la expulsión de delincuentes extranjeros.
También se les negaba el acceso al país a los que estuviesen cumpliendo condena o tuvieran antecedentes “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
Redacción El Observador Online
