En los últimos años se han radicado numerosas causas penales por presunta trata laboral en el amplio cordón frutihortícola que comprende las localidades de Mar del Plata, Batán, y Sierra de los Padres. Si bien en la mayoría de los casos hubo procesamientos y en algunos, hasta prisiones preventivas, lo cierto es que no hubo una sola sentencia condenatoria, y muchas de las causas ni siquiera llegaron a la instancia de juicio. 

Pero a partir de un reciente fallo de Casación sobre un expediente abierto en la jurisdicción hace más de 2 años, se encendieron algunas alarmas. Y quedó expuesta la difusa frontera entre el delito de trata y el trabajo informal.

El 18 de enero de 2021, a las 16:40, personal del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, al mando de Gustavo Vera, entabló comunicación con la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, “a fin de poner en conocimiento que, conforme le había hecho saber personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se encontraba en un procedimiento de inspección en un predio rural en cercanías de Sierra de los Padres, habían encontrado personas en una presunta situación de trata laboral”.

De inmediato, la Fiscalía se comunicó con la División de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal del organismo tributario.

Y allí comenzó el calvario para los responsables del predio, un matrimonio que trabajaban dichas tierras desde hacía 32 años. Pero que desde febrero de 2021, es decir hace ya más de 24 meses, no ha podido regresar a su trabajo.

De hecho, los lotes que integran el predio en cuestión no pertenecen a los imputados, sino que son propiedad de terceros, de acuerdo al propio Departamento de Catastro de la Municipalidad de General Pueyrredon y a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad.

En la causa formada a partir de aquellos hechos, la 801/2021, se investigaba la presunta “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”, entre ellas, una mujer, su pareja, y su hijo menor de edad, de 11 años, todos de nacionalidad boliviana.  

Los responsables del lugar, María del Carmen Varacalli (57) y Luis Ramírez (59), (foto portada), a quienes se les trabó un embargo, fueron procesados por el juez federal Santiago Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”. Una figura habitual en un sector de la justicia marplatense.

A ambos, además, se les dictó prisión preventiva, permaneciendo entre rejas cerca de 120 días, para ser liberados en junio de aquel año.

Previo a las decisiones del magistrado, entre el 18 y 19 de febrero, se dictó una orden de allanamiento contra la finca, por lo que se hicieron presentes, además de inspectores de la AFIP, efectivos de la Policía Federal, más precisamente de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales, y personal del Comité contra la Trata.

Fue un operativo casi “de película”, ante la mirada de asombro de los responsables del lugar, de los vecinos, y hasta de las propias “víctimas”. 

Fueron horas interminables para el matrimonio formado por Varacalli y Ramírez, donde se les secuestró distinta documentación perteneciente a su trabajo, dos teléfonos celulares, ambos sin carga y con la pantalla astillada, y dos automóviles modelos 1987 y 2008.

La finca está ubicada en la ruta nacional 226, que une Balcarce con Mar del Plata, en el km 20 de la misma, en la localidad de Sierra de los Padres. La mayoría de las quintas frutihortícolas de la zona se ubican allí. Varacalli y Ramirez se dedican mayormente al cultivo de acelga, lechuga y perejil.

De acuerdo al acta de allanamiento, “la propiedad posee un amplio patio delantero, con galpón tipo garage en su lateral, y una finca tipo chalet compuesta por Planta Alta y Planta Baja, continuando la propiedad en su sector trasero un sector tipo galpón”, agregando que “respecto de la vivienda, se compone por Planta Baja distribuida en Living, comedor, cocina, 2 dormitorios y baño, y en la Planta Alta un descanso y otra habitación, ambas en desuso”.

Sin embargo, en los autos de procesamiento de Inchausti, se describe al lugar como “un sitio que poseía alambrado, cuya extensión aproximada sería de 3 o 4 hectáreas”.

Y allí habría un grave error de apreciación, ya que la superficie sobre la que se trabajaba apenas constaba de 1 hectárea y media. Para tener una dimensión de dichas medidas, al MTE de Grabois el Estado le dio hace pocos días en la zona de El Marquesado, 140 hectáreas.

No fue aquella la única incongruencia.

Durante el trámite de la causa, Gustavo Vera, titular del Comité contra la trata, presentó un escrito fuertemente descalificatorio hacia los responsables del predio.   

“Estos empleadores serían personas magnánimas que brindan trabajo, casa y comida a quienes están desposeídos y olvidados por el resto de la humanidad. Ellos, aun enfermos, no dejan de ayudar a otros ofreciéndoles casa y abrigo, pero para cumplir con ese fin altruista se ven en la necesidad de usurpar tierras que no le pertenecen, robar energía eléctrica, evadir impuestos y cargas sociales, no registrar a sus trabajadores y poner a una familia a trabajar en paupérrimas condiciones por más de 12 horas diarias por $6000 mensuales para todo el grupo familiar, incluyendo el beneficio económico del trabajo de su hijo de 11 años de edad, etc”, manifestó el amigo papal.

Además de tratar al matrimonio de usurpadores, evasores, y explotadores, Vera aseguró que las víctimas ganaban $6.000 mensuales.

Sin embargo, en el informe presentado por el propio Comité que el maneja, afirma en su página 4 que “cobraban un 35% del valor de las ventas realizadas diariamente”, llegando a percibir, en palabras de las presuntas víctimas, que “en la mejor semana podemos ganar $8.000“.

Sea mucho o poco, se trata de una cifra infinitamente mayor a lo dicho por Vera. Pero además, se admite que percibían un 35% de la venta diaria, un porcentaje habitual y aceptado en este negocio.

Por otra parte, en el mismo informe se reconoce que el niño de la familia supuestamente explotada, de 11 años y cuya inicial es R., “no trabaja en la finca”, pese a que en su descargo, Vera había insinuado que el menor también trabajaba.

Pero hay más.

En un párrafo del informe, se dice textual: “Acerca de la posibilidad de entrar y salir del lugar, manifestaron (las víctimas) que si necesitaban salir debían avisar a los encargados, quienes autorizaban o no su salida según la cantidad de pedidos que hubiera que cumplir”. Y agrega inclusive que “en ocasiones, la señora los ayudaba a acercar al niño a la escuela”.

Por lo que se deduce del texto, un vínculo absolutamente normal entre empleador y trabajador.

Y aunque pueda ser materia de discusión, las horas de trabajo eran las habituales en el campo durante la temporada alta, es decir, comenzaban a la salida del sol, a eso de las 6 am, descansaban al mediodía, y retomaban después de las 14 hasta las 18 o 19 horas, de acuerdo a lo informado por el Comité.

Durante los largos meses del invierno, el trabajo se desploma.  

Según declaró la propia víctima, PGR, de 49 años, su pareja, WR (45), “toma mucho, me deja que yo trabaje sola, es agresivo, me grita, se va a tomar y me deja solita para hacer los pedidos, se va con los amigos y se pierde toda la noche, a veces se va el viernes y vuelve el lunes”.

El presunto maltratador tiene el mismo apellido que uno de los imputados, por lo que ahora el hombre, además de tener que soportar la acusación por trata, debe sobrellevar una investigación por violencia de género. Insólito.

Cabe consignar, así mismo, que WR desapareció luego del allanamiento, dejando sola a PGR y al niño.

Sin embargo, el 15 de junio de 2021, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de María del Carmen Varacalli y Luis Ramírez, responsables del predio.

Y pocos meses después, el 8 de noviembre del mismo año, sucedió algo impensado. El juez de la causa, Santiago Inchausti, resolvió en favor de la presunta víctima otorgándole en carácter provisorio el campo donde trabajaba, designando como “depositario judicial” al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La controvertida decisión tuvo lugar luego de un pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la dra. Inés Jaureguiberry.

En su pedido al magistrado, la funcionaría puntualizó, con llamativos argumentos, que “de no adoptarse la medida, la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales, lo cual la expondría al riesgo de posibles represalias, estigmatizaciones o sencillamente la imposibilidad de comercializar en el mercado formal el producto de su trabajo por no contar con los requerimientos regulares del circuito de distribución”.

La Defensoría Pública de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires fue puesta en funcionamiento el 28 de diciembre de 2020 por Resolución DGN 1284-2020.

El 21 de marzo de 2022, la víctima declaró que “ahora me dedico a hacer todo yo. Después del allanamiento nos quedamos sin nada para poder trabajar. Ahora, de a poquito, pudimos comprar los elementos para poder volver a trabajar”. Y no dudó: “Yo quiero que esta causa se solucione. Quiero volver a trabajar con mis patrones. Ellos sabían manejar el campo. Con ellos trabajábamos mejor”.

Sin embargo, los patrones aún no volvieron. De hecho, quien asiste a PGR en su trabajo, con asesoramiento y distinta maquinaria, es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una agrupación ligada al kirchnerismo surgida en 2010, luego de la crisis con el campo, que nuclea en la actualidad a mas de 22.000 familias.

Según algunos trascendidos, la UTT estaría detrás de las denuncias por trata en la zona.

Luego de que se radicara la causa en juicio, el abogado defensor del matrimonio encargado del campo, Matías Quiñones, presentó un pedido de sobreseímiento, al que adhirió el fiscal Juan Manuel Pettigiani por “inexistencia de delito”. Por ese motivo, el representante del Ministerio Público retiró la acusación, y a raíz de ello, el único juez titular del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, resolvió los sobreseimientos de los imputados.

Pero cuando parecía que todo terminaba, Inés Jaureguiberry presentó un recurso de Casación, cuando, según algunas fuentes consultadas, “nunca debió hacerlo ya que ella no estaba constituida en querellante en la causa”.

Pese a ello, el 28 de diciembre de 2022, la Sala 3 del máximo tribunal penal de la Nación, integrada por los magistrados Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Mariano H. Borinsky, anuló el sobreseimiento, a la vez que le ordenó al TOF de la ciudad balnearia que dicte una resolución ajustada a derecho. Es decir, insta a que se lleve a cabo el juicio, que se celebre el debate.

Frente a aquella decisión, el dr. Quiñones interpuso un recurso extraordinario a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las primeras denuncias por presunta trata en General Pueyrredon fueron promovidas por la ONG “La Alameda”, creada justamente por Gustavo Vera, nacida con la crisis de 2001, y a los pocos años especializada en denunciar casos de explotación sexual, para luego ampliar su mirada sobre el campo laboral.

Las presentaciones judiciales de la mencionada ONG siempre hallaron eco en la justicia federal de Mar del Plata, en especial, entre los fiscales Daniel Adler y Laura Mazzaferri, y el juez federal Santiago Inchausti.  

Vale recordar las elocuentes palabras dichas por el fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani: “En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”.

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Pablo Portaluppi

El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.