En las últimas horas, los clubes de futbol de la Argentina rechazaron una vieja idea de Javier Milei, y también de Mauricio Macri, de convertir las distintas instituciones deportivas en sociedades anónimas y se expresaron mediante comunicados oficiales que se replicaron en redes sociales. El pedido para que los clubes se manifiesten vino directamente desde la máxima conducción de la AFA. Chiqui Tapia es hoy un aliado de Massa.
En verdad, se trata de un nuevo episodio de la campaña del miedo que instaló el kirchnerismo, con la inestimable ayuda de importantes actores sociales y también de algunos medios, con vistas al balotaje a realizarse el próximo 19 de noviembre entre el candidato oficialista, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei.
Una campaña que se extendió sobre sensibles áreas del Estado, como la Salud y la Educación.
En función de aquello, cabe preguntarse si realmente funcionan bien dichos sectores con el esquema actual. La respuesta no parece ser demasiado feliz.
Volviendo al fútbol, la mayoría de los clubes cuyos equipos juegan en la Primera División están fuertemente endeudados. El caso más emblemático es Independiente, que a mayo de este año, tenía en total 27 deudas con clubes, representantes y jugadores, entre otros, que alcanzaban un total de 22.871.087 de dólares. Si bien la misma se redujo en los últimos meses, sigue siendo exorbitante.
En total, los clubes que jugaron la última temporada en primera le deben a la AFA 516 millones de pesos, a excepción de unos pocos, mayormente en concepto de derechos de televisión. Pero “Chiqui” Tapia, mandamás de la AFA, podrá ser massista pero no tonto: le exige a los clubes que “dolarizen” su deuda.
En 2021, el Banco Central emitió un informe de deudores referido a los clubes. Las cifras eran escandalosas. Encabezaba aquel ránking River Plate, que debía más de $1400 millones (según el cambio de entonces, de $165 en el segmento paralelo, unos 8.5 millones de dólares).
A la entidad riverplatense la seguía San Lorenzo con $657 millones, y Estudiantes con $400 millones. Por su parte, Racing tenía casi 33 millones de pesos de deuda con el sector financiero, y Boca, casi 15 millones.
Más atrás en el tiempo, a mediados de 2017, entre el dinero que los clubes de la máxima categoría debían devolverle a la AFA y los salarios atrasados con sus jugadores se llegaba a la cifra de $930.101.520,42, casi 1.000 millones de pesos.
¿Cuánto era en dólares en aquel momento? U$S59 millones
En suma, lo que se ve desde siempre en el futbol argentino son clubes fuertemente endeudados y dirigentes millonarios. Es obvio que haya mucha resistencia para cambiar de formato.
Las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) son una forma de organización jurídica, en este caso de clubes de fútbol, en la que los propietarios son accionistas e inversores, no así los socios como ocurre en las organizaciones sin fines de lucro. En cambio, las SAD proponen el ánimo de lucro. Es decir que, además de las motivaciones por obtener éxitos deportivos, el rendimiento económico es un objetivo primordial.
El ejemplo más conocido es el fútbol ingles, donde su liga, la llamada Premier, es la mejor del mundo en la actualidad.
Hace pocos días, la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de su Consejo Superior, emitió un comunicado donde advertía que “el derecho a la educación superior está en riesgo si se socavan valores constitutivos del sistema universitario público argentino”.
Y a continuación se refería específicamente a la propuesta del candidato Milei a privatizar la educación: “Es por ello que rechazamos las declaraciones que intentan deslegitimar el rol estratégico que cumplen las universidades públicas para el desarrollo nacional. Aquellas que proponen medidas inscriptas en una estrategia de privatización de la educación superior y que, de materializarse, constituirían un grave retroceso para el país en su conjunto“.
Antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 10 de octubre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a 71 rectores de todo el país, emitió un comunicado encabezado por aquellas palabras donde advertía que “el derecho a la educación pública está en riesgo”.
Y ampliaba: “La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por el Estado. No es con menos inversión en educación, privatizando la universidad o desjerarquizando la ciencia el camino que debe recorrer la Argentina para solucionar sus problemas. Se solucionan con más y mejor educación pública, con más inversión en desarrollo científico”.
Dicho comunicado apuntó directamente, a pocos días de la primera vuelta, contra el controvertido proyecto de Javier Milei de eliminar la obligatoriedad y gratuidad del sistema de educación pública y reemplazarlo por un sistema de vouchers.
El sistema universitario se expandió especialmente a partir de 2007, durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, cuando se crearon 18 universidades nacionales, 7 de las cuales se asentaron en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, 1 instituto universitario y 5 universidades provinciales.
Las creadas en territorio bonaerense fueron la Arturo Jauretche (Florencio Varela), Avellaneda, José C. Paz, Moreno, del Oeste (Merlo), Hurlingham y Guillermo Brown (Almirante Brown).
Lo que se cuestionaba en aquellos años era que tales proyectos no surgían de una planificación nacional que tuviera en cuenta “la oferta y demanda institucional y de carreras existente en cada provincia o región”, sino que respondía “a los reclamos de líderes o caudillos de los partidos mayoritarios o a presiones corporativa”.
En otras palabras, por pedido de los intendentes.
“Vemos que muchas veces se crean pensando menos en lo académico y más en la parte política: los cargos, los militantes”, decía en su momento Ivan Petrella, dirigente del PRO.
De acuerdo al Presupuesto 2023, el total girado a las universidades iba a ser de $752.482.394.720. De este total, las partidas destinadas a los 7 establecimientos del conurbano creados por el kirchnerismo sumaban casi 23 mil millones de pesos, una cifra superior, por ejemplo, a los $18.900 millones presupuestados por el gobierno de la ciudad de Tandil.
Por ejemplo, la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela e inaugurada el 17 de noviembre de 2010, maneja un presupuesto de $4.800 millones, más de la mitad de los gastos para este año del municipio de Tres Arroyos ($9.300 millones).
Por su parte, con casi 35.000 estudiantes en sus carreras, la Jauretche controla partidas apenas inferiores a los gastos del partido de Mar Chiquita, que posee 33.300 habitantes y $5.700 millones.
La Universidad de José C Paz, en tanto, inaugurada el 29 de diciembre de 2009, tiene asignados recursos por casi $3.900 millones.
Todo parece más inclinado a un tema de caja.
Siguiendo con la Educación, y tal como publicó este medio, las partidas en 2023 que sufrieron caídas en términos reales en comparación con el año pasado son, entre otras, las destinadas a la construcción y equipamiento mobiliario de edificios educativos de nivel inicial, a través del programa “Fortalecimientos de Jardines infantiles”, y también para la edificación y remodelación de los Centros de Desarrollo Infantil, espacios que tienen como objeto atender «en forma integral a los niños y niñas entre 45 días y hasta los 4 años de edad inclusive».
“El Presupuesto para la ampliación de la oferta de los servicios de educación y cuidado para la primera infancia muestran signos de alerta” para el año en curso, consignaba un informe de UNICEF.
El trabajo del organismo advertía que «el programa de construcción y fortalecimiento de jardines de infantes sufre una reducción de entre 14% y 28% en términos reales» en relación al año pasado.
Enfocando el análisis en Salud, que también fue “blanco” de la campaña del miedo por parte del kirchnerismo, cabe solamente consignar un dato duro, ya advertido por este medio.
En el presupuesto 2021, en plena pandemia de coronavirus, los ingresos previstos para el ministerio de Carla Vizzoti fueron de $158.355 millones. Pero a lo largo de 2021, fue recibiendo fondos que elevaron su presupuesto a $305.675 millones.
A través de la citada Decisión Administrativa 4/22 de enero de 2022, la ampliación fue fijada en poco más del doble respecto al número inicial, $366.597 millones. Una cifra apenas un 20% por encima de lo que había ido recibiendo.
Para 2023, el presupuesto para Salud fue fijado en $390.585.849.846, apenas un 7% más. Y un 150% respecto a 2021. El ministerio de la Mujer, en el mismo período, engrosó sus partidas un 900%.
También este medio supo contar la desidia de IOMA, la obra social más grande la provincia de Buenos Aires.
En Mar del Plata, Tandil, Pehuajó, Saladillo, La Plata, y varios distritos más, hay constantes protestas “por la falta de prestaciones de cada vez más especialidades por demoras en los pagos a los profesionales, la grosera disminución del porcentaje de cobertura en audífonos, prótesis, medicamentos y tratamientos; y el pago cada vez mayor de diferenciales que deben asumir los afiliados”.
Hay quienes se quejan de la apertura de los más de 90 policonsultorios que viene abriendo la obra social desde 2021. “No pagan, o pagan tarde y poco, pero destinan fondos a abrir estos policonsultorios, que no están mal, pero son para otro momento. Es sospechoso que hagan esto, da que pensar”, arriesga un afiliado marplatense que integra el grupo “Víctimas de IOMA”, que funciona en Mar del Plata.
No son pocos los que creen que desde el gobierno de Axel Kicillof, el kirchnerismo quiere estatizar de hecho el sistema de salud.
Con una inflación anual cercana al 150%, con la mitad de la población sumergida en la pobreza, con un grave faltante de insumos médicos, con una inflación de alimentos del 145% solo entre enero y octubre, la pregunta se impone sola.
¿Funcionan bien las cosas así como estamos?
J.P.Mayer