Pablo Portaluppi
“Es difícil para los padres conseguir profesionales que se dediquen a discapacidad, ya que transportistas, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos y fonoaudiólogos, entre otros, temen trabajar con IOMA porque, aun mediando un amparo judicial, la obra social no paga en tiempo y forma y hay demoras de 8 meses a 1 año”.
Estas palabras, que reflejan el sentir de miles de habitantes de la provincia de Buenos Aires, fueron expresadas recientemente por el grupo “Familia de niños y jóvenes con discapacidad afiliados al IOMA”, que reúne desde 2018 a más de 150 familias de todo el territorio pertenecientes a la mayor obra social bonaerense.
Una de las representantes del grupo, Mirta Catalano, escribió una carta que fue difundida a los medios y en la cual señaló que “debido a las irregularidades y la gran burocracia de IOMA hay una alarmante pérdida de prestadores y proveedores”. Mirta vive en Mar del Plata y es madre de un chico con una discapacidad.
Si bien la carta tuvo bastante repercusión en los últimos días, el reclamo no es nuevo. Ya lo habían hecho, casi con las mismas palabras, el 19 de febrero de 2021. Y mucho antes también: el primer grupo creado, que reunió a padres y prestadores de la obra social, data del 30 de septiembre de 2017, durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
De hecho, el 11 de julio de 2018 se presentó ante la justicia un Amparo Colectivo, luego de varias reuniones con dirigentes y autoridades de entonces de IOMA donde no se llegó a nada. En la presentación judicial, calificaban el incumplimiento de la obra social como “público, ilegítimo, manifiesto y reiterado”, vulnerando los derechos de los afiliados.
Pero el 14 de agosto del mismo año, la justicia rechazó el amparo por considerar el reclamo “improcedente”, en el cual no se reflejaban “derechos vulnerados”.
Por lo que la desidia y el desmanejo se fueron agravando.
En un hecho que pasó casi desapercibido, el 11 de junio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, IOMA dispuso a través de una resolución un límite a la compra de pañales para niños y adultos, lo que afectó notablemente a los afiliados con familiares discapacitados. El tope pasó a ser, para los mayores, de hasta $9000 por mes. Es decir, que la obra social sólo les cubría hasta dicha suma; por encima de ella, lo debía pagar el afiliado.
Recién este año, el monto se elevó a $14.000, por lo que durante 24 meses la cobertura se redujo drásticamente. Pero la situación no mejoró demasiado. A valores de hoy, cada pañal cuesta aprox. $277. Si un adulto discapacitado necesita al menos 4 pañales por día, la cobertura de IOMA solo alcanza para 13 días al mes. En otros términos, de 120 pañales que se necesitan, la obra social bonaerense sólo brinda 52. Es decir, menos de la mitad.
Lisa y llanamente, hubo un recorte en las prestaciones para discapacidad.
Vale repasar la misiva de febrero de 2021: “Las familias de personas con discapacidad afiliadas al IOMA padecemos la burocracia enquistada en los procedimientos de cada gestión que asume”, se lamentaban, a la vez que aseguraban que “vivimos inmersos en una gran incertidumbre, es una lucha permanente para lograr la autorización de tratamientos, de atención en centros especializados, de equipamiento, de medicación. Más de una vez se cuestionan las indicaciones del médico de cabecera, aun autorizando prácticas y provisiones tardan meses o años en concretarse”, aseguraban entonces.
Para no dejar dudas, el colectivo destacaba: “Renglón aparte es lo que ocurre con los prestadores de discapacidad, terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos kinesiólogos, musicoterapeutas, psicopedagogos acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, transportistas y la lista sigue a quienes les adeudan en promedio 8 meses del trabajo realizado y tienen que seguir sosteniendo sus familias, sus obligaciones”.
Casi 2 años después, la situación resulta evidente que no sólo no mejoró, sino que empeoró, contradiciendo las ideas de inclusión que tanto se pregonan.
Fundada en 1957, y con casi 2 millones de afiliados a lo largo de los años, el Instituto de Obra Médica Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) se convirtió en la mayor obra social de la provincia, otorgando cobertura de manera obligatoria y voluntaria. Organizada en 14 Direcciones Regionales y 197 oficinas de atención en todo el territorio bonaerense, es un ente autárquico y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial.
El directorio está formado por 4 vocales en representación del Estado provincial y otros 3 representando a los afiliados. De los 4 miembros del gobierno bonaerense, el Poder Ejecutivo designa al Presidente. Actualmente es el dr. Homero Giles.
Médico recibido en Cuba, Giles estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Además de haber sido funcionario del ministerio de Salud durante la última presidencia de Cristina Kirchner, pertenece a La Cámpora, y milita, sin ocultarlo, por un sistema de salud regulado e intervenido por el Estado.
También integra la Fundación “Soberanía sanitaria”, vinculada al ministro de salud provincial Nicolás Kreplak.
“Soberanía Sanitaria” es presidida por el médico sanitarista Leonel Tesler, quien además es Director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, de la Universidad Nacional de José C. Paz, el distrito gobernado por Mario Ishii. La frase que identifica a la Fundación es #SaludSomosTodxs, y en su página web, define su misión: “Desde Soberanía Sanitaria prestamos nuestro esfuerzo y trabajo para fomentar una mirada sobre salud que sea a la vez profunda, nacional y popular, con perspectiva latinoamericana e internacional”.
En una reciente exposición ante legisladores con motivo de la presentación del Presupuesto 2023, Kreplak sostuvo que “hay una decisión de la Provincia, de no solamente reponer deudas históricas del sistema de Salud, tales como infraestructura, fuerza laboral, sino especialmente en una reforma que nos permita la modernización del sistema de salud, para lo cual hay una inversión en infraestructura muy significativa y una inversión en tecnología y en equipamientos que también es muy importante”.
“Hoy el sistema de salud está fragmentado”, agregó el ministro, alentando la idea de la estatización del sector, una propuesta a la que adhiere Giles, el titular de IOMA. Estos conceptos ya estuvieron presentes en un congreso de salud realizado en Mar del Plata en marzo de este año, del que este medio se ocupó.
Tanto Kreplak como Giles estuvieron involucrados en la redacción para la última campaña presidencial del Frente de Todos, del paper “Ejes Centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, donde se propone la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino. “El SNISA es un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional”, asegura el documento.
Plantea, además, la necesaria intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones. “Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas”, advierte.
A juzgar por la experiencia de IOMA, en estas circunstancias no parece una idea muy alentadora.
En su página web, la obra social afirma que su misión se estructura a partir del concepto del “Sistema Solidario de Salud, distinguido por el principio de la equidad, en el que todas y todos reciben la misma cobertura, sin distinciones de aportes”.
Aunque pareciera que no todos son tratados de la misma manera. Y mucho menos uno de los grupos que más ayuda necesitan: las personas con alguna discapacidad.
“Siempre con demoras, siempre con excusas, trabas y más trabas, ¿no tenemos demasiada lucha las familias de personas con discapacidad que nos enfrentan a la burocracia más despiadada?”, reafirma Mirta Catalano, quien se preocupa en aclarar que no posee ninguna filiación política, ni ella ni nadie que integre el grupo.
Los familiares de personas con discapacidad decían en febrero de 2021: “Debido a esta situación cada vez son menos los prestadores que se “animan” a trabajar por IOMA. Además, hay que aclarar que el nomenclador de la OS está muy por debajo al Nomenclador Nacional”.
En los casi 2 años que pasaron, nada cambió. Consultada al respecto, una médica terapista de la localidad de Junín cuenta que “las especialidades más complejas, por ejemplo terapia intensiva, cardiología y diagnóstico por imagen, empiezan cobrando de IOMA $1200. Y pasan los años, y aunque ganas antigüedad y formación profesional, seguís cobrando lo mismo, que ya de por sí es una miseria. No actualizan los montos”.
Pero la cuestión se agrava cuando se trata de afiliados con alguna discapacidad.
“Las demoras en dar respuestas a las prestaciones indicada por el médico de cabecera ocasionan un grave retroceso de las habilidades logradas con tanto esfuerzo de las personas con discapacidad”, se lamenta Mirta. Y agrega:”Ni hablar el perjuicio que ocasiona cuando un prestador no puede seguir atendiéndolo motivado por la falta de pago ya que ellos establecen un vínculo muy fuerte que es difícil volver a construir. Porque no basta con autorizar un tratamiento, sino que hay que sostenerlo en el tiempo”.
Como ya se dijo, el retraso en los pagos suele ser hasta de 12 meses. Ante este perjuicio, se presentan acciones de amparo. “En Mar del Plata hay cientos de amparo, la mayoría por discapacidad”, afirma una fuente de la propia obra social.
Según estadísticas oficiales de la propia Suprema Corte bonaerense, el crecimiento de las acciones judiciales por parte de los damnificados ha sido exponencial: mientras en 2013 se interpusieron 574 amparos en toda la provincia, cinco años después, en 2018, se presentaron 827 sólo hasta el 31 de octubre. Lamentablemente, no hay más datos oficiales desde esa fecha.
“Pero no dudes que ha crecido mucho más en estos años”, dicen desde la justicia provincial marplatense.
Pero hay un dato que es muy llamativo. Mar del Plata y La Plata superan holgadamente en cantidad de amparos presentados a La Matanza, una jurisdicción que tiene más habitantes que aquellas dos ciudades juntas. En 2013, solo se presentaron 7 recursos en La Matanza, mientras que entre La Plata y Mar del Plata se registraron 260. En 2018, 10 contra 357.
Según una fuente judicial consultada al respecto, “el acceso a la justicia depende muchas veces del estrato social a la que pertenezca la persona. Además, en La Matanza hay mucho trabajo en negro y eso hace que baje la cantidad de afiliados a IOMA”.
El informe elaborado por el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires asegura que entre 2015 y 2018 “se registraron un 31,74 por ciento más de denuncias en los diferentes departamentos judiciales” respecto al IOMA. En concreto, de 2013 a 2015 se presentaron 1.789 amparos repartidos en los diferentes departamentos judiciales de la provincia; mientras que en el siguiente período (hasta 31 de octubre) se receptaron 2.357.
De 2019 en adelante, nada se sabe.
“Queremos que no abandonen a nuestros hijos y que le cubran todas las prestaciones que necesitan. Hay demoras injustificadas y rechazos cotidianos. IOMA impone un sistema perverso para nosotros y los directivos creen que el tema de los amparos solo es un negocio. Pero a veces no nos queda otra. Si la cobertura y los tiempos fueran otros, no iríamos a la justicia”, cuentan los afiliados.
Y aclaran: “Toda persona con discapacidad puede acceder al Certificado de Discapacidad que es un documento público que acredita la condición de discapacidad y las prestaciones que necesita prevista en Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad (Ley 24901), y obliga a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a cubrir la totalidad de las prestaciones previstas por la ley e indicadas por el médico tratante”.
A pesar de ello, IOMA por lo general no cumple con las sentencias judiciales. Por lo que todo se hace mucho más cuesta arriba.
Por último, hablan una vez más los familiares: “Las familias comienzan el largo y desgastante camino del reclamo, algunos pagan los tratamientos esperando los reintegros para así hacer una cadena, pero estos tardan meses y nunca reintegran el 100%, otros recurren a la justicia con la esperanza de hacer efectiva las leyes que protegen a las personas con discapacidad”.
El Director Regional de IOMA Mar del Plata es Santiago González, un hombre muy allegado a la titular de ANSES, la marplatense Fernanda Raverta. González, licenciado en Psicología y de 54 años, se vacunó contra el coronavirus, cuando las vacunas escaseaban, el 18 de enero y el 13 de febrero de 2021 como Personal de Salud.
6 días antes que se publicara la carta de reclamo por los recortes en discapacidad y la insoportable burocracia de la obra social.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
