Mientras se realizó en todo el país una nueva marcha federal universitaria -la anterior fue el 23 de abril– convocada para este miércoles 2 de octubre contra las políticas oficiales para el sector, y con el inevitable veto del Presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que votó el Senado hace pocos días, conviene repasar algunos datos públicos en relación a la situación de las universidades en la Argentina.
Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre, la Cámara Alta convirtió en Ley, con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, un proyecto que busca, en palabras de sus promotores, “recomponer el presupuesto universitario”.
Según éstos, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI), unos $780.000 millones de pesos.
Entre sus principales preceptos, contempla la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia adelante, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a aquellas.
Apenas aprobada la Ley, el propio Javier Milei salió a decir por las redes sociales que vetaría la misma, con sus habituales diatribas contra la oposición. De hacerlo, se estaría evitando que la Argentina se pueda dar un debate serio sobre un tema tan trascendente.
Según reveló este medio en diciembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández, a través del entonces ministro de Economía Sergio Massa, practicaba un ajuste silencioso en el presupuesto universitario para 2023.
En el anexo referido a las Universidades Nacionales, la administración anterior preveía partidas por $752.482 millones, un 44,4% superior a lo pautado para 2022, que había sido de $521.122 millones. Pero si se tomaba la inflación prevista por la propia Ley de Presupuesto de aquel año, de un 60%, en verdad los fondos universitarios iban a caer un 9,8%, cifra que equivale exactamente a $81.313 millones.
Pero como el costo de vida fue mucho mayor al previsto por la propia Ley, las partidas giradas también fueron superiores.
Con una inflación acumulada en 2023 de 211,4%, el presupuesto universitario, de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), se infló a $1.38 billones, casi el doble de lo previsto.
Y en 2022, las partidas giradas fueron, en términos reales, es decir descontando la inflación, casi similares, $1.30 billones. Es decir, sólo un 5% arriba.
Ahora bien, si se analizan los fondos enviados a las universidades nacionales en los últimos 10 años, encontramos que, a valores constantes, las altas casas de estudio vienen recibiendo cada vez menos dinero.
El mejor año fue 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se giraron $1.56 billones. Y el peor fue 2020, en plena pandemia durante la gestión de Alberto Fernández, cuando fueron enviados $1.23 billones, siempre tomando como referencia los valores a 2023.
En tanto, en 2019, el giro había sido casi igual que el año anterior, de $1.26 billones.
Es decir que en el último año de Cambiemos en el poder, ya había empezado a caer. Tendencia que se profundizó con A. Fernández, con la excepción del ultimo año, dónde el Kirchnerismo se jugaba su futuro.
Si se toma 2017 y se lo compara con 2023, hay una caída del orden del 10%.
Ahora, al 31 de agosto de 2024, el gobierno de Javier Milei lleva girado casi $1 billón. Y solo faltan 3 meses para terminar el año.
Según la CONADU, “el nivel de ejecución de las transferencias a las universidades nacionales de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de agosto del presupuesto disponible fue de 61,2%, porcentaje inferior al promedio de los años 2015-2023 (63,7%)”.
En verdad, casi lo mismo que en los últimos ocho años.
De ese total, el 57% fue destinado al pago de salarios de docentes y autoridades superiores; el 33,5%, al pago de salarios no docentes; el 7,1%, a los gastos de funcionamiento; y el 2,2%, a los hospitales universitarios. Es decir que el pago de sueldos implica un 90% del total de gastos de las universidades.
Estos números coinciden con lo publicado por este medio, citando un trabajo difundido en 2020 del propio gobierno de Fernández, por parte del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), que reconocía que “las universidades nacionales gastan, en su conjunto, un 90,3% de las transferencias que reciben del Tesoro Nacional en salarios, un 4,7% en servicios no personales (tarifas de servicios públicos, seguridad, limpieza, contratos por servicios diversos, etcétera), un 0,9% en infraestructura y equipamiento y un 2,8% en transferencias”.
Si bien estos porcentajes varían entre instituciones, añade el trabajo, “siempre se da la primacía del gasto en personal”.
Giuliano Falconnat, presidente de la Federación Universitaria Tecnológica, afirma que “como si fuera poco, desde el área de Políticas Universitarias del Gobierno también han recortado fondos en torno a diferentes programas, como por ejemplo: -Fondo para el Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología. -Apoyo a los Institutos Tecnológicos. -Desarrollo de proyectos especiales. -Hospitales universitarios”.
Cabe recordar que la Fundación Libertad y Progreso, un “think tank” liberal muy cercano al gobierno libertario, propuso hace pocos días un arancelamiento selectivo de las universidades estatales.
“El presupuesto del conjunto de universidades nacionales para 2024 alanza a 1.952.778 millones de pesos, en tanto hay 2.030.633 alumnos, lo que “arroja un gasto anual promedio por alumno de 961.600 pesos o 80.138 pesos por mes”, señala el trabajo.
Y propuso en concreto: “Una alternativa es que los alumnos ubicados en los dos quintiles de menor nivel socioeconómico mantengan la gratuidad actual, mientras que los tres quintiles de más altos ingresos cubran con su arancel la totalidad del presupuesto, aunque el tercer quintil lo haga con una cuota que sea la mitad de los dos más altos”.
El sistema universitario se expandió especialmente a partir de 2007, durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, cuando se crearon 18 universidades nacionales, 7 de las cuales se asentaron en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, 1 instituto universitario y 5 universidades provinciales.
Las creadas en territorio bonaerense fueron la Arturo Jauretche (Florencio Varela), Avellaneda, José C. Paz, Moreno, del Oeste (Merlo), Hurlingham y Guillermo Brown (Almirante Brown).
Lo que se cuestionaba en aquellos años era que tales proyectos no surgían de una planificación nacional que tuviera en cuenta “la oferta y demanda institucional y de carreras existente en cada provincia o región”, sino que respondía “a los reclamos de líderes o caudillos de los partidos mayoritarios o a presiones corporativa”.
En otras palabras, por pedido de los intendentes.
“Vemos que muchas veces se crean pensando menos en lo académico y más en la parte política: los cargos, los militantes”, decía en su momento Ivan Petrella, dirigente del PRO.
El ex secretario de Educación de Mar del Plata, Luis Distéfano, y habitual colaborador de El Observador Online, asegura que “tanto en la gestión del macrismo y como en el kirchnerismo, las universidades del conurbano, dependiendo la localidad, servían para contratar a todos los cargos políticos que se quedaban sin nada. Ese es el problema. Terminaba siendo una cueva de militantes”.
Y agrega que “hay casos en que una Universidad tiene más presupuesto que un municipio entero”.
Ejemplos con números de 2023
De acuerdo al Presupuesto de aquel año enviado al Congreso a fines de 2022 , el total girado a las universidades iba a ser de $752.482.394.720. De este total, las partidas destinadas a los 7 establecimientos del conurbano creados por el kirchnerismo sumaban casi 23 mil millones de pesos, una cifra superior, por ejemplo, a los $18.900 millones presupuestados por el gobierno de la ciudad de Tandil para esa época.
Por ejemplo, la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela e inaugurada el 17 de noviembre de 2010, manejaba un presupuesto de $4.800 millones, más de la mitad de los gastos previstos para 2023 del municipio de Tres Arroyos ($9.300 millones).
Por su parte, con casi 35.000 estudiantes en sus carreras, la Jauretche controlaba partidas apenas inferiores a los gastos del partido de Mar Chiquita, que poseía 33.300 habitantes y $5.700 millones.
Las universidades nacionales reciben presupuesto según diversos criterios acordados con los rectores y que son públicos: cantidad de alumnos por carrera, tasa de reinscripción en el primer año, localización y duración de las carreras, planta docente, metros cuadrados del edificio y si tienen o no espacio verde, si cumplen funciones vinculadas a la salud, la ciencia y la técnica, y si tienen o no curso de ingreso o aprestamiento universitario.
Pero además del presupuesto, las universidadespueden generar sus propios recursos, como consecuencia de trabajos de sus equipos de docentes e investigadores. También reciben fondos que el Estado nacional les asigna directamente por incentivos a la calidad docente, carreras estratégicas y becas, entre otros puntos.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
