El pasado jueves 14, el Intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, fue noticia al salir a cuestionar severamente por redes sociales la liberación de un joven de 14 años que, con más de 40 causas en su contra, inevitablemente había vuelto a delinquir, robando una moto y amenazando a una mujer.
“Basta de garantismo hipócrita. Basta de liberar delincuentes que se escudan en leyes que no responden a la realidad. Tenemos que ponernos los pantalones largos todos los poderes del Estado, y darle una solución a los argentinos que están demandando que estos hechos no queden impunes”, publicó en x el jefe comunal, a la vez que pidió bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Si bien muchos pueden pensar, tal vez no sin razón, que las declaraciones del ex juez federal pudieron haber estado revestidas por cierto oportunismo político, lo cierto es que este medio ya viene posando la mirada sobre el rol de la justicia ordinaria, en especial la del departamento judicial de Mar del Plata, que abarca los distritos de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado, y Mar Chiquita.
Se trata, indudablemente, de una justicia mayormente garantista, más allá de la edad de imputabilidad, ejercida, en algunos casos, por funcionarios que llegaron más por contactos políticos que por méritos propios.
Pero también habría que hurgar en otros ámbitos.
“Los chicos iban uno detrás del otro. Delante, cabezas cabizbajas y manos anudadas en la espalda, simulando las esposas. Detrás, los niños que simulaban ser policías les daban bofetadas en la cabeza. Jugaban al poliladron, en la vereda del centro comunitario del barrio El Martillo. Cuando Lucía Muraca, quien integra el equipo de ATAJO en Mar del Plata, les advirtió que la policía no podía agredir a una persona detenida, la respuesta de los chicos decía lo contrario: “Somos policías callejeros, sí podemos”.
Este texto, extraído de la página web Fiscales.gob.ar, no es nuevo. Su fecha de publicación data del 24 de febrero de 2016. Toda una declaración de principios que pasó totalmente inadvertida, pero que hoy cobra mayores significados.
“Momentos después, esos mismos chicos participaron de un taller sobre violencia institucional titulado: “Jóvenes y fuerzas de seguridad. Conocé tus derechos para poder ejercerlos”, proseguía la publicación, reforzando aquellos conceptos.
“La primera consigna de la jornada fue detectar aquellas situaciones de violencia que ejerce la policía y que los mismos jóvenes las veía naturalizadas”, remataban para no dejar dudas.
El encuentro fue organizado por la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, más conocidas por su sigla ATAJO (por Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), en la ciudad de Mar del Plata, cuyo coordinador es el abogado Juan Pablo Gelemur, un hombre de Juan Grabois.
Como ya informara El Observador Online, en las últimas semanas hubo algunos movimientos en la justicia marplatense, a partir de la aprobación de 135 pliegos judiciales por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires para cubrir parte de las muchas vacantes que hay en la justicia bonaerense. En Mar del Plata se cubrieron 13 cargos, entre jueces y fiscales.
Respecto a aquellas designaciones, un hombre del fuero le había contado a este medio que “se repartieron todos los cargos entre La Cámpora y la troupe del senador radical Maxi Abad y cía. Todo rosca política”. La misma fuente también había apuntado contra la baja calidad de los mismos. “La mayoría es de cuarta, de un nivel pobre. Digamos que algunos de ellos no son muy apegados al trabajo”.
“Da bronca y asco ver la cantidad de gente de carrera que quedó en el camino”, graficaba otra fuente. Y agregaba: “Lo peor de todo es que saltan de un mero cargo administrativo a ser jueces y fiscales, sin escalas”.
Uno de los flamantes funcionarios, el dr. Eduardo Layus, quien asumirá como fiscal, había protagonizado en 2006, como militante de izquierda, un violento escrache contra el juez Pedro Hooft, uno de los magistrados más respetados del fuero.
Actualmente Layus se desempeña como secretario del juzgado de Garantías 4 de la ciudad, a cargo del dr. Juan Francisco Tapia.
¿Quién es Tapia? El hombre que en diciembre de 2020 emitió la siguiente resolución, con lenguaje inclusivo y todo:
“Resuelvo ordenar a la PolicÍa de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries (SIC) de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.
Pero lamentablemente aquel fallo no fue un caso aislado, sino más bien una cabal muestra de una manera de impartir justicia demasiado arraigada en el sistema judicial argentino.
El 29 de abril de 2020, el juez Marcelo Riquert, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, le otorgó la prisión domiciliaria al motochorro Alejandro Miguel Ochoa, valorando como positivo el hecho que Ochoa hubiera realizado en prisión talleres de yoga, teatro y ajedrez, en el marco de la pandemia de coronavirus. Y también porque sufría EPOC y afecciones urinarias.
El 19 de marzo de 2021, María Rosa Daglio, de 55 años, fue asaltada y golpeada por un “motochorro” que pretendía robarle la cartera, mientras la víctima se encontraba sobre la calle Belgrano al 300, en el centro de la localidad de Ramos Mejía. La psicóloga fue trasladada al hospital y falleció allí a causa de un paro cardíaco.
El asesino era Ochoa, el hombre liberado por Riquert, quien hoy continúa en su cargo.
Otros casos de la justicia marplatense
El 10 de agosto de 2002, Diego Armoa Reyes y un cómplice se introdujeron en una reconocida galería comercial de la ciudad, en plena peatonal San Martín, con la idea de asaltar un “arbolito”, muy de moda por aquellos años por la crisis cambiaria imperante.
Pero se equivocaron y asaltaron a una persona que paseaba por la galería. Ante la situación, intervino el policía Manuel López Araya, de apenas 32 años, intercambiando disparos. El proyectil del delincuente impactó en el abdomen del policía y le causó una lesión de gravedad, falleciendo 16 días después tras una larga agonía.
Armoa Reyes fue detenido tiempo después y puesto a disposición de la justicia. A la espera del juicio, fue beneficiado con el arresto domiciliario, donde amenazó con un arma a un vecino. Finalmente, en septiembre de 2007 fue condenado a 30 años de prisión.
Pero el 23 de diciembre de 2014, 7 años y tres meses después de la condena, el Juzgado de Ejecución Penal Nº2 de Mar del Plata, a cargo de Juan Sebastián Galarreta, le ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense la incorporación del reo al régimen abierto del Programa Casas por Cárceles y al beneficio de salidas transitorias, pese a informes contrarios confeccionados por los equipos interdisciplinarios de la Unidad Penal XV-donde cumplía la pena- en cuanto a su buena conducta y niveles de adaptabilidad y violencia.
El jueves 21 de mayo de 2015 dos individuos entraron al Hospital Privado de Comunidad, y amenazando con armas de fuego a los empleados se apoderaron de diversos bienes y se tirotearon con personal de seguridad. Uno de ellos fue Diego Armoa Reyes.
El Programa “Casas por Cárceles”, aún vigente, fue implementado el 3 de marzo de 2010 en la Provincia de Buenos Aires en el ámbito de SPB, durante la gobernación de Daniel Scioli, mediante la Resolución Ministerial N° 56 “con el objeto de mejorar cualitativa y cuantitativamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad”. El 6 de abril de 2018 fue actualizado por la Resolución 256/18, durante la gestión de Maria Eugenia Vidal.
El Juez Galarreta valoró dicho programa como primer paso de la flexibilización del encierro y favorecedor de una mejor revinculación del interno con la sociedad.
Camarista Marcelo Riquert
Un sábado de abril de 2017, ocho personas disfrutaban de una cena en una casa en el barrio Puerto, cuando cuatro hombres armados ingresaron a los gritos y en cuestión de minutos los despojaron de dinero, teléfonos, valores y hasta de un auto. Uno de los delincuentes era Emiliano Cavas, un preso de Batán con salidas transitorias que estaba cumpliendo una condena a 20 años por asesinar a tiros y puñaladas en 2004 al joven comerciante y jugador de rugby frente a su esposa y su bebé.
Quien concedió el beneficio a Cavas, habiendo cumplido apenas 9 años de los 20 a los que había sido condenado, a través del Programa Casas por Cárceles, fue el juez de ejecución, Juan Galarreta, además de permitirle salidas los fines de semana.
César Galera fue detenido en mayo de 2016 sospechado de haber violado a una chica de 22 años a comienzos de dicho mes, tras sorprenderla en una parada de colectivos en la Ruta 11, en Playa Los Lobos. Trece años antes, en 2003, el reo había atacado a una chica de 17 años, poniéndole un cuchillo en la garganta y sometiéndola a espantosos vejámenes durante 6 horas.
Pese a haber recibido una pena de 16 años y 6 meses por este hecho, Galera recibió el beneficio de la prisión domiciliaria habiendo cumplido 12 de aquellos 16 de condena. Pero lo llamativo e indignante del asunto es que el violador fue beneficiado por presunta buena conducta luego de que en julio de 2014 intentó abusar de una radióloga del Penal de Batán.
Más casos
Miguel S., condenado en el año 2018 por violar a su propia hija y causarle un embarazo, solicitó a fines de marzo de 2020 que se le concediera el arresto domiciliario por considerar que su vida corría riesgo en su alojamiento en la Unidad Penal N°15 de Batán, debido a la pandemia de coronavirus.
El 26 de marzo, el juez Néstor Conti, integrante del Tribunal 2, se negó a otorgarle el beneficio al reo. Sin embargo, el 14 de abril, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones le dio la razón al abogado del delincuente, ordenando que prosiga el trámite de la excarcelación. Pero el Dr. Conti se mantuvo firme y volvió a negarle la domiciliaria.
El Tribunal que pretendía excarcelar al violador estuvo integrada por el Presidente de la Cámara, Marcelo Madina, además de los Dres. Adrián Angulo y Walter Dominella.
El Dr. Madina, hombre de Justicia Legítima, publicó un trabajo en el año 2005, donde ya hacía mención a una tensión existente entre los derechos de las víctimas y los de los victimarios. “Como quedó expuesto en los casos de las garantías de la doble instancia, existe mucho más que una mera tensión entre los derechos del imputado y de la víctima en un proceso penal, ya que en realidad en algunos casos el reconocimiento de los derechos de uno lleva a la negación o disminución de los del restante sujeto procesal”, aseguraba allí el jurista.
Según se revelara oportunamente, para los próximos nombramientos en la justicia ordinaria de Mar del Plata, son número puesto dos militantes de La Cámpora.
Uno de ellos es Federico Adler, hijo del fiscal Daniel Adler, titular de Justicia Legítima en la ciudad, para ocupar los juzgados de Garantías del Jóven y de Rsponsabilidad Penal Juvenil.
Y otro es Leandro Favaro, actual titular de la Fiscalía Temática de Estupefacientes, para la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
