Diez meses después de que la Asamblea Nacional francesa aprobara la muy controvertida Ley de Asilo e Inmigración, el Gobierno del Primer Ministro Michel Barnier ha anunciado una nueva ley de inmigración, la 33ª desde 1980. Un anuncio que ha creado malestar, después de la propuesta del alza de impuestos, entre los diputados macronistas, aliados de Barnier en el Gobierno.
En tanto, la extrema derecha aplaude la iniciativa y espera con ansias el texto, informó el medio Euro Press.
“Es necesaria una nueva ley para permitir una prolongación del periodo de detención en los centros de retención administrativa para los inmigrantes ilegales considerados peligrosos“, declaró Barnier, designado por el Presidente Emmanuel Macrón en septiembre pasado luego de dos meses de negociaciones.
Barnier, fiel veterano del recientemente rebautizado partido derechista Los Republicanos, ha tenido una larga carrera política a caballo entre París y Bruselas, como ministro, comisario europeo en dos ocasiones y también negociador jefe de la UE para el Brexit, continúa el diario.
Una de las opciones que explora el Gobierno es aumentar de 90 a 210 días el plazo máximo de detención, un plazo que actualmente sólo es posible en caso de delitos de terrorismo.
«No nos marcamos límites para reflexionar en otras disposiciones», dijo a los medios franceses la portavoz, Maud Bregeon, para quien no debe haber “ningún tabú cuando se trata de proteger a los franceses”.
A finales de septiembre, los diputados del grupo de derecha Los Republicanos de Laurent Wauquiez presentaron un proyecto de ley para prolongar el periodo de detención de los inmigrantes ilegales considerados peligrosos, tras el asesinato de una joven estudiante filipina en París.
El Ejecutivo espera que este texto llegue al Parlamento a principios de 2025.
Tal como publicó El Observador Online, un informe oficial difundido a comienzos de este año reveló que la inmigración ilegal le cuesta al país la exorbitante suma de 1.800 millones de euros al año. Es decir, casi 2 mil millones de dólares. (Ver https://elobservadoronline.com.ar/durisimo-informe-sobre-los-costos-de-la-inmigracion-ilegal-en-francia/)
Cabe consignar que en agosto de 2023, la asociación francesa Contribuyentes Asociados, reveló que Francia destina en verdad la suma de 170.000 millones de euros al año en la inmigración, tanto la ilegal como la regular.
Benoît Perrin, director general de la entidad, explicó que «la inmigración aporta a Francia unos 116.000 millones de euros al año, pero cuesta 170.000 millones al año. Por lo tanto, el saldo es en gran medida negativo para el contribuyente francés, ya que la inmigración le cuesta a Francia cada año más de 54.000 millones de euros».
La nueva ley que pretende aprobar el Gobierno llega bajo presiones tanto internas como externas, informa Euro Press.
Primero, efectivamente, desde la extrema derecha que ha presionado desde el principio para que haya una ley dura contra los inmigrantes con la amenaza de censurar al Gobierno si no se presentaba un nuevo proyecto.
También, a nivel interno, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, que viene del ala dura del partido conservador, siempre ha defendido una línea estricta y una ampliación de los periodos de detención administrativa.
La ley que se aplica en estos momentos fue promulgada a principios de 2024 después de muchos debates y una censura por parte del Consejo Constitucional. Entre ellas las “cuotas” migratorias fijadas por el Parlamento, el restablecimiento del delito de residencia ilegal, la garantía de retorno de los estudiantes extranjeros, las medidas que restringen la reagrupación familiar o que limitan el derecho de residencia legal.
La economía
Mientras esto ocurre, también el primer ministro francés anunció un recorte presupuestario para el próximo año. El plan incluye un recorte de 40.000 millones de euros en gastos y un aumento de 20.000 millones en impuestos, lo que, según la izquierda, perjudicará la economía y llevará al país a una recesión.
El coordinador de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, afirmó en una entrevista televisiva que “estas medidas representan el mayor plan de austeridad que ha vivido Francia”, señalando que los 60.000 millones equivalen al 2% del PBI y lo comparó con el plan impuesto a Grecia en 2010, el cual –según dijo– redujo su PBI en un 25%. A partir de esto, supone que tendrá un efecto recesivo para el país galo.
En tanto, la oposición también destacó que se están afectando pilares del “modelo social francés” con medidas como la falta de revalorización de las pensiones, el aumento de los costos médicos y el incremento del impuesto a la electricidad. “Serán los pensionistas los que van a pagar y también los enfermos y todos los franceses”, reprocharon.
El Ejecutivo justifica estos presupuestos restrictivos debido al aumento del déficit público, que este año alcanzará el 6,1% del PBI, más del doble del límite establecido por el Pacto de Estabilidad europeo. El objetivo de Barnier y de sus ministros es reducir ese déficit al 5% del PBI en 2025.
En tal sentido, y como publicara este medio, hay un fuerte temor en el país por despidos ante el cierre de varias plantas de grandes empresas, como Michelin y Auchán. (Ver https://elobservadoronline.com.ar/temor-en-francia-ante-despidos-por-cierre-de-fabricas/)
“Se espera que los cierres de fábricas en Francia afecten a miles de empleos en las próximas semanas y meses”, advirtió el ministro de Industria, Marc Ferracci, para agregar que “hay varios sectores que se encuentran en una situación preocupante, como la industria química, la automovilística y la metalúrgica”.
“Estas dificultades se deben en particular a “una competencia internacional muy fuerte… que no siempre es muy justa porque está muy subvencionada en China y Estados Unidos”, remató el funcionario.
Redacción El Observador Online
