El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata presentó el pasado martes 27 una “Acción de amparo colectiva” en la que solicita suspender los descuentos que se le practican a sus asociados para IOMA hasta que la obra social vuelva a brindar sus prestaciones.
Sin embargo, a más de 72 horas de la presentación, la tramitación del amparo aún no encuentra juez.
La razón es bastante previsible: al tratarse de una obra social cautiva, los magistrados provinciales son afiliados a ella, aunque no quieran. En otras palabras, a todos los empleados del Estado bonaerense les descuentan los aportes a IOMA.
Primero se excusó de intervenir la dra. Andrea Sara García Marcote, jueza subrogante del Juzgado de Familia 4 de General Pueyrredon, designada en primer término para entender en la causa.
Ante la excusación de la magistrada, las actuaciones recayeron en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 14, cuyo titular suplente también se excusó.
Finalmente, intervino el dr. Leonardo Celsi, a cargo del Juzgado en lo Correccional 5 de la jurisdicción, quien también se excusó pero decidió elevar el amparo a la Suprema Corte para que designen un conjuez.
Aunque las razones son obvias, no deja de ser insólito y perverso que un tema tan sensible como la salud continúe enredado en los laberintos burocráticos del Estado.
En la última resolución, el juez de grado hace hincapié en que envía la cuestión al máximo tribunal bonaerense para que no se sucedan las excusaciones, ya que supone que todos sus colegas adoptarán los mismos temperamentos al estar afiliados a IOMA.
El argumento que utiliza el magistrado para recurrir a la Corte con el fin de que seleccione un conjuez, que el propio accionante reclama para que haya imparcialidad, es que no se produzca más retardo de justicia.
El amparo fue presentado por el presidente del Colegio de Magistrados marplatense, dr. Juan Manuel Sueyro, con el patrocinio letrado de los abogados Colombo y Guiridlian.
El objetivo que persigue la acción es “obtener un pronunciamiento judicial que haga cesar las graves afectaciones a principios, derechos y garantías constitucionales producidas por su conducta, comportamiento, actos y omisiones cuestionadas, todo ello en relación al derecho a la salud de los integrantes del Colegio que tienen afiliación a IOMA”.
En tanto, se presentó la medida cautelar, “hasta tanto se dicte sentencia definitiva acogiendo la pretensión procesal principal”, que ordene a la obra social a que suspenda los descuentos, que van del 4,5% al 6,5%.
Pero más allá de la suspensión provisoria, la presentación apunta a que se condene a la obra social por las conductas que afectan al “piso de cobertura mínimo normativamente garantizado”.
La situación de IOMA es muy delicada. El asunto más grave en Mar del Plata es que las clínicas más grandes de la ciudad –Colón, Pueyrredon y 25 de Mayo-, cortaron desde el pasado 4 de diciembre todo tipo de prestaciones a los afiliados de la obra social, afectando a cerca de 100.000 personas en toda la región.
Pero el problema es general. No sólo corte de prestaciones, sino también falta de cobertura de medicamentos, suspensión de tratamientos urgentes, demoras en los pagos a los profesionales, y una absoluta carencia de sensibilidad hacia la gente más vulnerable, como personas con discapacidad, son sólo algunos de los rostros más críticos de este caótico escenario.
Hay gente que espera hace meses prótesis, audífonos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos, entre otros insumos, y desde la obra social los someten a laberintos burocráticos directamente insalubres.
Justamente debido a ello, y ante la falta de repuestas oficiales, en los primeros días de febrero, fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para pedir la emergencia sanitaria en la Provincia ante la crisis de IOMA.
La iniciativa fue realizada por el interbloque UCR + Cambio Federal, que preside Diego Garciarena.
“En materia de salud pública, no puede haber excusas. Es hora de que el gobierno provincial se haga cargo de la crisis que atraviesa la salud pública. Menos show y más atención a millones de bonaerenses”, expresó entonces el legislador.
Fundada en 1957, y con casi 2 millones de afiliados a lo largo de los años, el Instituto de Obra Médica Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) se convirtió en la mayor obra social de la provincia, otorgando cobertura de manera obligatoria y voluntaria. Organizada en 14 Direcciones Regionales y 197 oficinas de atención en todo el territorio bonaerense, es un ente autárquico y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial.
El directorio está formado por 4 vocales en representación del Estado provincial y otros 3 representando a los afiliados. De los 4 miembros del gobierno bonaerense, el Poder Ejecutivo designa al Presidente. Actualmente es el dr. Homero Giles.
Redacción El Observador Online
