Pablo Portaluppi
En una reciente decisión, la Cámara Federal de Mar del Plata, integrada en su mayoría por jueces de otra jurisdicción, confirmó una resolución del magistrado Martín Bava, que rechazó medidas de prueba y dictó el sobreseimiento de funcionarios judiciales cuyo accionar en una causa conexa a “La Ruta del dinero k”, radicada en Necochea, había sido severamente cuestionado por el Ministerio Público y por el Fiscal José María Campagnoli. El fallo de Bava fue emitido como titular del Juzgado 2 de la ciudad de Azul. Cabe recordar que desde marzo pasado, el citado juez subroga en Dolores, y llamó a indagatoria por tercera vez en las últimas horas al ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan.
Debido a excusaciones y recusaciones, la Alzada marplatense debió integrarse para decidir sobre la cuestión con el titular del Juzgado 3 de la ciudad, Santiago Inchausti, y por los camaristas bahienses, Roberto Amabile y Pablo Candisano Mera, este último célebre por revocar el procesamiento de Lázaro Báez en Bahía Blanca el último 19 de agosto y esgrimir en dicho fallo una cerrada defensa del ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray en la causa de las facturas truchas. También conviene señalar que el Dr. Amabile supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de un sector de la Justicia cercano al kirchnerismo en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año.
Los funcionarios judiciales beneficiados por la resolución de la Cámara de Mar del Plata fueron el juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, y los Fiscales Daniel Adler y Juan Manuel Portela. Adler es Presidente de la filial local de la agrupación judicial K, Justicia Legítima, mientras que Portela ocupa el cargo de Vocal en la misma. También fue sobreseido Roberto Porcaro, influyente dirigente de Necochea con fuerte ascendencia en el kirchnerismo. La apelación a la decisión de Bava la realizó el Fiscal Gabriel González Da Silva, hoy subrogante en Bahía Blanca.
La maniobra investigada originalmente consistió en la adjudicación directa el 14 de febrero de 2013 por el lapso de 35 años a un grupo de empresas denominado “Sitio 0 de Quequén S.A.”, con el Sr. Alejandro Nari como Presidente, y conformado por las firmas A&J Nari SA, E-Grain SA, Alea y Cía SA, Lartigoyen y Cía SA, y Financial NET SA, para la construcción de un elevador de granos en el Puerto de Quequén, en la ciudad de Necochea. Según la acusación, “se omitió realizar el proceso de licitación correspondiente, e incumpliendo con los reglamentos del Consorcio Portuario Regional, otorgándose la concesión de forma directa y en muy pocos días”. También destacaba que “se investiga el pago aproximado de U$S73.000 a favor de Roberto Porcaro y su esposa Patricia Sirvente, como resultado de una operación de bolsa efectuada el 27 de diciembre de 2012, en la que interviniera como intermediaria la firma Financial NET”, una de las integrantes del grupo de empresas adjudicatarias, presuntamente vinculada a Helvetic Service Group SA, propiedad de Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner. De allí la conexión con “La Ruta del Dinero K”, donde Báez fue recientemente condenado.
En abril de 2019, habiendo transcurrido 6 años desde el inicio de la pesquisa, el Fiscal González Da Silva solicitó que el juez instructor, Bernardo Bibel, sea apartado de la misma por “manifiesta parcialidad”, sospechando, así mismo, de una posible connivencia entre los Fiscales federales intervinientes. En concreto, lo que sospechaba el Dr. Da Silva es que los funcionarios judiciales estaban protegiendo a los imputados.
Por ello, en 2016, a instancias de una denuncia iniciada por José María Campagnoli, que fue el primer Fiscal en investigar a Báez, se abrió el expediente 41766, que tramitó Martín Bava, el cual se proponía revisar el desempeño de, además de Bibel, los Dres. Juan Manuel Portela y Daniel Adler, estos últimos también sospechados de haber recibido importantes sumas de dinero “como contraprestación”. Finalmente, Bava sobreseyó a sus colegas, y el 30 de diciembre de 2019, el Dr. Bibel resolvió dictar la falta de mérito de todos los imputados en la causa principal.
Roberto Porcaro es un dirigente muy conocido en la zona, de fuerte vinculación en los comienzos de la democracia con el radicalismo y luego con el kirchnerismo, creando en 2006 la agrupación “Compromiso K”, con el objetivo de reclutar cuadros políticos para el espacio en ese entonces conducido por Néstor Kirchner. Uno de los reclutados fue Amado Boudou. A su vez, Porcaro es acusado de participar durante las últimas décadas de obscuros negocios, que este medio ya contó.
En la causa de Necochea, era investigado por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias. La operación bursátil aludida habría consistido en “un pago en bonos por un millón de dólares, para que Porcaro hiciera valer su influencia sobre los funcionarios públicos a cargo de la administración del Puerto de Quequén con el fin de que se concretara la adjudicación de modo ilegal”. Un dato que resulta sumamente llamativo es que el mencionado dirigente, en la tramitación del proceso, designó como perito de parte al Contador Eric Adler, hermano del Fiscal marplatense Daniel Adler, superior jerárquico de su colega Juan Manuel Portela, que procuraba la causa.
En la causa estaban imputados, además de Porcaro, los integrantes del directorio del Consorcio Portuario de Quequén de aquel entonces, que aprobaron en tiempo récord la propuesta inversora. El más importante es José Luis De Gregorio, quien fuera su Presidente al momento de los hechos. A su tiempo, el Dr. Campagnoli había denunciado un viaje a EEUU en abril de 2012 que hicieron juntos Porcaro, De Gregorio y Carlos Mocorrea, Titular de Financial NET, el cual “podría haber sido de importancia para la gestación de la irregular operación que luego se llevaría a cabo”.
En su presentación, el Dr. González Da Silva afirmaba:“Nótese que en la presente causa los hechos ocurrieron entre 2012 y 2013, siendo que 6 años después los imputados fueron convocados a declarar”. En efecto, recién el 19 de octubre de 2018, el Juez Bernardo Bibel los citó a indagatoria. Y en enero de 2019, el magistrado decidió allanar el domicilio de Roberto Porcaro. Cabe consignar así mismo, que Bibel no había hecho lugar a un pedido de inhibición general de bienes respecto a José Luis De Gregorio y el resto de los ex miembros del Consorcio Portuario. La demora en la tramitación de la causa, según González Da Silva, “repercutiría negativamente en las arcas del Estado”. A su vez, el Fiscal afirmaba tajante que “queda demostrado la existencia del recaudo de peligro en la demora”.
Curiosamente, la instrucción que debía analizar las conductas de Adler, Portela y Bibel recayó en el entonces titular del Juzgado de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien se excusó de intervenir manifestando “compartir con los imputados diversos espacios profesionales”, lo que lo llevó a inhibirse de actuar en la investigación. De mínima, es un argumento muy suspicaz. Por lo que para instruir el caso fue designado quien hoy fuera el sucesor temporal de Ramos Padilla, el Dr. Martín Bava.
En la resolución que sobreseyó a los imputados, el juez subrogante de Dolores sostiene que “la afirmación en potencial del Fiscal González Da Silva, en cuanto a que el Fiscal Portela habría actuado de manera delictiva a cambio de una contraprestación patrimonial, no se ha verificado en autos conforme declaraciones juradas adunadas a la causa y los respectivos informes de los Registros de la Propiedad Inmueble de la Pcia de Bs. As., de CABA y Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, con lo cual, no existiendo para el suscripto dicha sospecha, no corresponde realizar medidas de instrucción invasivas de la privacidad y la intimidad, en virtud de débiles razonamientos especulativos”.
Ante ello, el recurrente sostiene que “el auto atacado deviene prematuro, ya que existen gran cantidad de medidas que podrían verificar la ocurrencia de lo acontecido y la participación de los imputados en esos hechos analizados”. En otras palabras, los medios de prueba ordenadas por Bava no fueron suficientes, rechazando así mismo una gran cantidad de ellas pedidas por el Ministerio Público. “Las escasas medidas que fueron realizadas confirman la necesidad de continuar profundizando la hipótesis delictiva”, agregaba González Da Silva.
Por último, cabe señalar otra curiosidad. Ante la falta de avance de la causa original, el ex concejal de Necochea Alberto Esnaloa realizó diversas presentaciones para activarla. Pero se encontró con que el expediente estaba “perdido”. Primero, la Fiscalía a cargo de Juan Manuel Portela manifestó que el expediente se encontraba archivado en el Juzgado. Luego, cuando los funcionarios judiciales fueron requeridos a tal efecto, adujeron que “no lo encontraban”. Posteriormente informaron que había sido remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 42.
Ante tal situación, el Dr. José María Campagnoli tomó intervención por tratarse del denunciante original, y logró determinar que el legajo se hallaba, justamente, en el Juzgado a cargo de Bernardo Bibel.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
