A pesar de las intensas presiones de una buena parte de la comunidad educativa marplatense, la justicia y especialmente el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires siguen dilatando inexplicablemente un urgente pedido para resolver la situación de un inmueble donado para montar una escuela especial, usurpado hace más de 20 años.
Se trata nada menos que de cuatro terrenos contiguos ubicados en la intersección de la avenida Mario Bravo y la calle Araoz de la ciudad de Mar del Plata, y otros 2 lotes situados como los anteriores también en el barrio Punta Mogotes.
Cuenta con una superficie de 2.093,14 m2, abarcando 44,56 m sobre la avenida Mario Bravo, igual frente sobre la calle 63 bis, y 47,07 m sobre la calle Araoz. Hoy, Mario Bravo 1610.
Ante el abandono por parte del Estado provincial, el predio esta usurpado desde el año 2000, presuntamente por personas que dijeron ser los “caseros del lugar”.
En el año 2006, los usurpadores presentaron un escrito en la Dirección Provincial de Personal Jurídicas intentando aparecer como propietarios del inmueble.
Finalmente, el 25 de octubre de 2010 se inició la causa ANDINO ELISA LUCINDA Y OTRO C/FUNDACION FRANCISCO MARTINO STABILE S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BICENAL DEL DOMINIO DE INMUEBLES EXPTE: -2824-2010, que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial 8 de la ciudad de Mar del Plata, a cargo del dr. Hernán Félix Krzyszycha.
¿Qué pedían los actores, es decir, Elisa Andino? Quedarse con el predio ante el estado de abandono del mismo por parte del Estado.
A través de la figura jurídica de Usucapión, solicitan adquirir el bien por el paso del tiempo. Como explica un abogado consultado, “en términos prácticos, es la forma de pedirle al juez que te declare dueño de algo y poder escriturar”. Para ello, se debe acreditar 20 años de posesión pacífica e ininterrumpida.
Pero en 2013., la actora falleció y la causa no registró más impulso por parte de estos, exactamente desde el 10 de octubre de 2018.
Ante ello, se presentó la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, Delegación Mar del Plata, pidiendo lisa y llanamente la caducidad de instancia, es decir, que el proceso se termine y el edificio vuelva a la Provincia.
Pero el juez no les hace lugar por una serie de cuestiones procesales que aún no se cumplieron. Concretamente, “se advierte que queda pendiente la vista dispuesta en fecha 26/11/2018. Asimismo, se encuentra pendiente la notificación dispuesta en fecha 07/07/2023 a la contraria y a la Asesoría (art. 34 y 36 del CPCC)”.
Este despacho es del 14 de junio último, en respuesta a un nuevo pedido de la Fiscalía de Estado, a cargo de los dres. Luciano Ricci y Horacio Cartolano.
Según pudo averiguar este medio, el último despacho data del 8 de agosto y se reitera que, “en virtud de lo expuesto, remítanse los presentes en formato papel a la Asesoría Nro. 1, a fin de tomar intervención en autos, conforme lo dispuesto en fecha 26/11/2018 (art. 34 y 36 del CPCC). Hasta tanto se efectivice lo anterior, suspéndase los términos que pudieran estar corriendo para el peticionario (art. 157 del CPN)”.
Es decir, que el último despacho que figura es el del juez, ordenando que la causa vaya a Asesoría de Incapaces nro 1 de Mar del Plata, cuya titular es Silvia Fernández.
En otros términos, como todavía no está agregada la respuesta de la Asesoría, el juez no puede dictar la caducidad de instancia. “Pura burocracia, las asesorías tardan infinidad en contestar”, dice un abogado a este medio, conocedor de los vericuetos judiciales.
La Asesoría de Incapaces es un organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal y se presentan cuando las personas no designan abogado. Es decir, tienen una representación mínima garantizada para hacer valer su derecho de defensa. En este caso, ante el fallecimiento de la actora, la misma estaría representado por la Asesoría ante la posibilidad de algún planteo formal o legal.
Pero aún la Asesoría no se presentó y la Fiscalía de Estado tampoco estaría apurando a aquella. Para peor, según fuentes consultadas, “se llamó a la Fiscalía y nos dijeron que perdieron el informe”.
En rigor de verdad, la Asesoría se presentó pero pidió el expediente en formato de papel. Ese paso ya se cumplió para aún no hizo nada.
Pero el problema es que la caducidad de instancia que seguramente se va a dictar, no resuelve el conflicto, ya que para desalojar a los ocupantes, la provincia tendría que iniciar un juicio por desalojo, que correrá paralelo a la causa original,
Es decir, que con la caducidad, se cae la pretensión de la actora de quedarse con el predio, pero para que se vayan, se deberá iniciar otra acción judicial.
En este estado de cosas, vale la pena recordar la historia de esta Escuela, que este medio ya reveló.
El 5 de abril de 1971, por iniciativa y con el aporte de recursos del Sr. Francisco Martino Stábile, quedó constituida en la ciudad de Mar del Plata, la Fundación que llevaría su nombre.
Con 83 arios de edad, este italiano fue el promotor de un notable fin solidario para cuya concesión había decidido entregar bienes de su propiedad, los cuales conformaron el capital de la Fundación que fue creada para materializar su objetivo: la construcción de una Escuela para Ciegos.
Presentado el expediente correspondiente en la Dirección de Personas Jurídicas, con la finalidad de solicitar el otorgamiento de personería jurídica y la aprobación del estatuto societario, el 10 de octubre de 1972 fue dictada la Resolución 1034 del Ministerio de Gobierno de la Provincia, por la cual se reconoció en el carácter de persona jurídica a la entidad denominada “Fundación Francisco Martino Stábile”, con domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata —Partido de General Pueyrredon-, aprobándose asimismo su Estatuto.
Pero recién el 15 de mayo de 1984, es decir 13 años después de formada la Fundación, la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de General Pueyrredon dispuso la aprobación definitiva de la obra, entregando el Certificado de Inspección Final.
El inmueble posee una superficie cubierta total de 625,24 m2, estando integrada por tres aulas con un sector de baños para mujeres y otro para varones, un salón de usos múltiples, tres gabinetes, una secretaría, una biblioteca, dos toilettes, instalaciones adaptadas para discapacitados, un acceso semicubierto, un amplio hall interno, una cocina y un comedor; contando además con un gran parque de 1.468 m2.
La Escuela de Disminuidos Visuales, así se llamó al principio, desarrolló sus actividades durante varios arios, hasta que “el Diablo metió la cola”: la Fundación se quedó sin recursos para su sostenimiento, lo que le impidió a la entidad poder continuar con su tarea. De tal forma, en 1993, a menos de 10 años de sus inicios, el establecimiento debió suspender transitoriamente sus actividades, a la espera de conseguir aportes económicos que le permitieran subsistir.
Pero no fue así. Al quedar la Fundación sin dinero para afrontar los gastos, se fueron acumulando deudas por impuestos municipales y servicios, lo que dio lugar a una intimación de la Municipalidad para que se abonaran los mismos. Y comenzaron los juicios.
El artículo 16 del Estatuto de la Fundación expresa que “si por cualquier circunstancia no fuere posible dar cumplimiento al objeto principal de la Fundación o después de cumplido, no pudiere proveer o contribuir a su mantenimiento” el Consejo de Administración podría resolver su disolución.
En función de ello, el citado artículo establece en principio que sus bienes serían donados a la Cooperadora del Asilo Escuela que se iba a construir en la calle 210 entre Gaboto y Elcano de la ciudad de Mar del Plata; proyecto que por supuesto nunca llegó a concretarse.
Asimismo, en su parte final, el artículo expresa respecto a la donación de los bienes: “Y en su defecto, a la Provincia de Buenos Aires, para que los aplique, siempre que lo considere viable, oportuno o conveniente, a la misma escuela y/o a otra similar para niños no videntes y disminuidos visuales, por ser esta la intención del Fundador, sin perjuicio de lo cual deja a la Provincia de Buenos Aires, libre criterio para resolver el destino”.
Ante la clásica burocracia estatal argentina, nunca llegó a concretarse el traspaso a la Provincia, lo que llevó a la disolución de hecho del Consejo ante el fallecimiento de varios de sus directivos.
Y la escuela quedó a la deriva, sin que a nadie le importe.
pablo@elobservadoronline.com.ar
@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
