Por Pablo Portaluppi
En la denuncia que se realizara días pasados contra el Fiscal Carlos Stornelli por una presunta extorsión a un desconocido productor agropecuario a través de un autodenominado agente de la DEA para no involucrar a aquel en la sensible causa de los Cuadernos, la designación del Juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado de Dolores, para que instruya la causa no parece un hecho casual. La reciente detención que dispuso el magistrado del extorsionador, Marcelo D´Alessio, puede comenzar a echar algo de luz en este obscuro caso. Cabe consignar que sobre Ramos Padilla pesan cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura, todas ellas generadas durante su cuestionado paso por Bahía Blanca. Las dudas respecto a su eventual conducta están plenamente justificadas por su accionar en la ciudad del sur bonaerense, más allá de la culpabilidad o no de Stornelli. Este medio ya se ocupó del tema en una reciente nota. En el presente artículo se revelan más detalles.
La denuncia contra el Fiscal de Comdoro Py, publicada por Horacio Verbitsky en su sitio “El cohete a la luna”, ya es conocida: presuntamente involucrado por Juan Manuel Campillo, ex Ministro de Economía de Santa Cruz y ex titular de la disuelta ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), en su declaración como arrepentido, Pedro Etchebest acusó a Stornelli de pretender extorsionarlo a través de un emisario, el citado Marcelo D´Alessio, con el cobro de U$S300.000 para no imputarlo en la causa de los Cuadernos de Centeno. De un modo no del todo explicitado, la causa recayó en el Juzgado de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, un hombre muy cercano al kirchnerismo y abogado querellante en diversas causas de Derechos Humanos. De hecho, a su jura como Juez en 2011, asistieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Del denunciante se sabe muy poco. El periodista Nicolás Wiñazki reveló el último domingo en “Clarín” que desde una oficina en Puerto Madero Etchebest “ofrecía servicios a empresarios a los que les destrataba problemas en la AFIP o les conseguía reintegros de la ONCCA, siempre a cambio de dinero”. Cabe recordar que la ONCCA estuvo envuelta en un escándalo de corrupción por el otorgamiento de subsidios truchos. En el Boletín Oficial se publicó el 5 de mayo de 2010 la constitución de la firma South Star International SA, cuyas autoridades son Matías y Pedro Gastón Etchebest, hijos del empresario. Comenzó con un capital social de $12.000 y tiene domicilio en la calle Bolivar 3330 de la ciudad de Mar del Plata. Sus actividades descriptas son de lo más diversas: desde venta al por mayor de frutas y bienes muebles e instalaciones para la industria, hasta servicios de asesoramiento empresariales y reparación de edificios residenciales. Curiosamente la sociedad presenta un cheque rechazado por $30.000 del año 2015, el cual nunca fue rescatado y ni siquiera se abonó la multa correspondiente. Diversas fuentes judiciales, polìticas y empresariales marplatenses consultadas por este medio aseguran no haberlo conocido nunca. Su aparente irrelevancia arroja un manto de duda sobre su eventual participaciòn en una trama tan compleja como la de los Cuadernos.
La zona de influencia de Etchebest es Mar del Plata y Sierra de los Padres. En los últimos años de gobierno kirchnerista el Jefe Regional de la AFIP de la ciudad balnearia era Sebastián Durruty, un hombre muy allegado a Fernando Villaverde, mano derecha del ex titular de la ONCCA y de la AFIP, Ricardo Echegaray. Casualmente, el 9 de agosto de 2012 el ex mandamás del organismo recaudador rebajó de categoría a la seccional Bahía Blanca de Dirección Provincial a Agencia. El motivo aparente fue la fiscalización que durante el bienio 2011-2012 habían realizado sabuesos de la AFIP de aquella ciudad a cargo de Carlos Blanco, donde detectaron la emisión de facturas apócrifas por parte de empresas bahienses propiedad de importantes familias locales para beneficiar a Lázaro Báez, a través de su conocida firma Austral Construcciones. Las actuaciones fueron mudadas a Mar del Plata, donde Durruty revestía como Jefe. En la actualidad tiene abierto un sumario interno sospechado de haber “cajoneado” un expediente donde se fiscalizaba una posible evasiòn impositiva de una empresa propiedad de Josè Marìa Nuñez Carmona, socio y amigo de Amado Boudou.
En el expediente 3017/2013, causa conocida como “La Rosadita”, donde está procesado Lázaro Báez por lavado de dinero, el Juez Sebastián Casanello afirma en su resolución, refiriéndose a la disolución de hecho de la AFIP Bahía Blanca: “Con tal proceder, las fiscalizaciones perdieron el curso y el grado de avance que venían alcanzando”. A su vez, el magistrado Julián Ercolini, a cargo del expediente 5048/2016, causa conocida como “Vialidad”, cuyo juicio oral dará comienzo el 26 de febrero y donde está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner, en su auto de procesamiento señala que “la AFIP solamente investigó a las empresas emisoras de facturas falsas, evitando cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones”.
A partir de la revelación del caso por parte del periodista Hugo Alconada Mon, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez formó un expediente, donde dispuso allanamientos a las firmas involucradas en las maniobras. Como ya se explicitó en varias oportunidades, en junio de 2015, la entonces mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura removió a Martínez y designó en su lugar a Alejo Ramos Padilla. Los motivos aducidos fueron los que siempre utilizó el gobierno kirchnerista para remover a todo aquel que obstaculizara sus propósitos: dilaciones en las causas de derechos humanos. En Bahía tramitaban varias, entre ellas las llamadas “Armada”, y “Ejército”. La resolución del Consejo menciona “parálisis procesal” del Juzgado Federal 1 y “desfile interminable de jueces y secretarios”. Y concluye: “La relevancia de los casos que allí tramitan aconsejan designar al frente de dicho Juzgado a un funcionario que goce de la estabilidad en el cargo”, considerando que “estas condiciones sólo puede reunirlas un juez titular de otra jurisdicción”. En ningún párrafo del dictamen, se hace mención a la causa por las facturas apócrifas. Cabe consignar que pese a lo dicho por el Consejo, Ramos Padilla apenas permaneció en el cargo poco más de seis meses. Quien lo propuso fue Julián Álvarez, reconocido operador judicial k. Durante su subrogancia, el juez cobró sólo en materia de gastos y viáticos $444.038,13. Además, por subrogar un juzgado el sueldo de un magistrado se incrementa en un 30% más.
Durante los allanamientos dispuestos por el Juez Martínez, se detectó que familiares de víctimas requeridas en causas de derechos humanos figuraban como empleados de las firmas “fantasmas” allanadas, principalmente en Constructora Patagónica Argentina. Tales los casos de Pablo René Bustos Arnst, hijo de René Bustos, cuyo caso fue requerido en la causa “Ejército”, y hermano de la ex concejala por el Frente Para la Victoria Gabriela Bustos Arnst, condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración; Enrique Lambrecht, emparentado con Saturnino Lambrecht, casado con María Marta Bustos; y Martín Alejandro Cardinalli, hijo de Ricardo Cardinalli, requerido también en la causa “Ejército”.
En una resolución del 3 de noviembre de 2015, Ramos Padilla manifiesta que el tribunal del que se había hecho cargo el 24 de junio atravesaba “una grave situación institucional”, por lo que dispuso “la inmediata formación de actuaciones administrativas, tendientes a reorganizar el Juzgado Federal de Bahía Blanca”. Luego de enumerar una larga lista de disposiciones, afirma que “la situación era inclusive más grave que la anunciada”, critica “el festival de subrogancias al que se había apelado en este tribunal” –el uso y abuso de las subrogancias fue un hecho distintivo del kirchnerismo-, y destaca que justamente el lugar donde halló “las más graves falencias fue la Secretaría de Derechos Humanos”.
Este medio ya se ocupó de publicar las declaraciones de los funcionarios judiciales afectados por el accionar de Ramos Padilla durante su paso por Bahía Blanca, mencionando algunos nombres de personas ajenas a la jurisdicción que llevó a trabajar con él, entre ellos Mario Vajsejtl, un cabo de la policía federal que se hacía presente en el juzgado mostrando siempre su arma, Gustavo Puppo, funcionario judicial de Dolores, y Leandro Massari, empleado de la Procuración y muy allegado a Daniel Adler, Fiscal Federal ante la Cámara de Mar del Plata y un hombre muy vinculado a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Con Sebastián Durruty en la AFIP y Adler como jefe de los fiscales, la investigación contra Lázaro Báez tenía garantizada su parálisis. Ramos Padilla jamás le pidió informes al organismo recaudador.
Durante su subrogancia, se produjo un extraño hecho protagonizado por Vajsejtl, Massari y Puppo, que motivó una denuncia por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca a partir de una información suministrada por la Titular del Juzgado 2 de dicha ciudad, Dra. María Gabriela Marrón. El auto oficial Renault Megane dominio HRL350 perteneciente al Juzgado subrogado por Ramos Padilla sufrió un siniestro el 31 de agosto de 2015 en una ruta cercana a la localidad de Tres Arroyos, cuando era conducido por el cabo Vajsejtl acompañado por el Dr. Puppo y por Massari, provenientes desde Mar del Plata a las 3:30 am. Las circunstancias del choque nunca quedaron del todo claras, pero el coche quedó depositado, seriamente dañado, en un destacamento policial. Lo que la Cámara de Apelaciones intentó determinar fueron las razones sobre la utilización del automóvil oficial por parte de personal ajeno a la sede. La denuncia dice textual: “No se informó, ni tampoco se requirió autorización, respecto de su uso para el transporte de larga distancia de personas ajenas a esta jurisdicción, ni de las circunstancias por demás anómalas que rodean este episodio”. Sobre Gustavo Puppo, afirma que “Ramos Padilla nunca informó las circunstancias de su desempeño en esta sede, pese a los reiterados requerimientos que le efectuó el Tribunal”. Y designa al hecho como “un posible delito de acción pública”. Este siniestro motivó una de las presentaciones contra el Juez de Dolores en el Consejo de la Magistratura. El expediente 266/16 es una de las cinco denuncias que pesan en su contra. Las restantes las forman los expedientes 142/15, 79/16, 64/17 y 70/17. La mayoría de ellas son por “mal desempeño en sus funciones, la posible comisión de delitos en el ejercicio de su función y la realización de actos de manifiesta arbitrariedad que se tradujeron en un atropello a los derechos de las personas”. Esto último se refiere básicamente a la obtención de información por parte del personal arribado con él a los funcionarios judiciales del Juzgado subrogado.
En el sumario interno abierto por Ramos Padilla para “reorganizar el Juzgado” fue designado Instructor el renunciante Juez Jorge Ferro, ex integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata, jurisdicción de la cual depende Dolores, y ex camarista subrogante en Bahía Blanca. Ferro fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y ante la justicia penal por trata de personas, lavado de dinero y tráfico de influencias. Mediante pruebas irrefutables, se pudo constatar que el entonces camarista mantenía un estrecho vínculo con el operador Alejandro Ferrarello, presunto dueño del prostíbulo Madaho´s, donde se explotaba sexualmente a mujeres, utilizando dichos servicios para lavar dinero. Este cronista se ocupó extensamente del tema (http://www.elojodigital.com/contenido/16405-el-magistrado-jorge-ferro-y-una-delicada-situaci-n-judicial). El abogado de Ferrarello es César Sivo, que también supo ser defensor de Ricardo Echegaray y abogado querellante en diversas causas de derechos humanos en representación de la agrupación H.I.J.O.S.
El 22 de noviembre de 2018, el actual Juez de la causa por las facturas truchas, Walter López Da Silva, dictaminó que “el análisis de este legajo (N de la R: se refiere al sumario) muestra que su objeto se dirigió esencialmente a dilucidar la actuación del ex Juez Federal Subrogante Santiago Ulpiano Martínez y el Secretario Mario Augusto Fernández Moreno”. La acusación principal que se le hace a Ramos Padilla, a través de la presencia intimidante de parte del personal ajeno a la jurisdicción que arribó con su llegada, en especial al policía Vajsejtl y al Dr. Puppo, es “la exigencia directa y permanente al personal de la Secretaría de Derechos Humanos para que aportara información o datos que pudieran incriminar al Dr. Ulpiano Martínez”, según denuncia un funcionario judicial del Juzgado.
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, dijo ante la detención de D´Alessio que “Ramos Padilla tiene una buena oportunidad de revertir su imagen de ser cercano al kirchnerismo”. El tiempo lo dirá.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
