Por Pablo Portaluppi
En una polémica decisión que pasó casi desapercibida, el Juez Alejo Ramos Padilla, en la llamada causa D´Alessio, aceptó el ingreso como querellantes de oscuros personajes y ex funcionarios k, todos ellos imputados y procesados en diversas causas de corrupción. Tales los casos del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, recientemente llevado a juicio oral por encubrir al presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez, y el menos conocido Roberto Porcaro, dirigente de Necochea imputado por lavado de dinero. El rol de los querellantes en una causa es similar al que asumen los fiscales, pudiendo tomar vista del expediente, y hasta solicitar indagatorias y procesamientos. De hecho, en la jerga judicial se los conoce como “fiscales particulares”. Otros querellantes son el ex número 2 de Julio de Vido, Roberto Baratta, detenido por la causa de los cuadernos, el abogado Maximiliano Rusconi y el aduanero Gabriel Traficante.
Por caso, la Unidad de Información Financiera y la propia AFIP fueron querellantes en el marco de la causa 3215 que se le siguió a Ricardo Echegaray, por encubrir a Báez. La UIF dijo en el expediente que “se le imputa a Echegaray haber encubierto y haber incumplido sus deberes de funcionario público con el fin de beneficiar a Lázaro Antonio Báez, habiendo obstruído el avance de las fiscalizaciones” que llevaban a cabo sabuesos de la AFIP Bahía Blanca por la emisión de facturas apócrifas. Casualmente, Ramos Padilla instruyó dicha causa radicada en la ciudad del sur bonaerense, donde se lo acusa también de haber “pisado” la misma, hecho que este medio se ocupó de detallar en varias oportunidades. El magistrado, además de acumular cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura por su paso por Bahía, tiene en dicha ciudad una causa penal en su contra, la cual arrojaría pronto algunas novedades de importancia.
El falso abogado Marcelo D´Alessio fue denunciado por extorsionar en nombre del Fiscal Carlos Stornelli, quien tiene a cargo la investigación de los “cuadernos” de la corrupción durante la era k. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien decidió procesar al extorsionador y citar a indagatoria a Stornelli. Como el Fiscal de Comodoro Py no concurrió en ninguna de las cuatro oportunidades que lo citó, el Juez lo declaró en “rebeldía”. Casi al mismo tiempo, el abogado defensor de Stornelli presentó un “pronto despacho” para que el magistrado diga si se declara o no competente en la causa. Si en el término de 72 horas hábiles Ramos Padilla no lo hiciera, el ex secretario de seguridad bonaerense podría presentar un recurso ante la Cámara Federal de Mar de Plata por “retardo de justicia”. Así mismo, fuentes judiciales aseguran que el magistrado de Justicia Legítima ya tiene decidido el procesamiento del Fiscal. Un abogado que conoció muy de cerca a Ramos Padilla le dijo a este medio que “lo único que le interesa (al juez) es procesarlo. Lo que siga después ya no interesa”. La decisión de aceptar como querellantes a los personajes ya citados enturbia aún más el proceso, más allá de la eventual culpabilidad o no de Stornelli.
Si se analiza con atención la resolución emitida el 26 de marzo por el Juzgado de Dolores declarando la rebeldía, todo indicaría que el Fiscal federal será procesado. Allí se habla de “actividades de una organización ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal y operaciones de investigación criminal, existiendo motivo bastante para sospechar que Stornelli habría participado de la comisión de diversos delitos”. En el procesamiento a D´Alessio del 25 de febrero, Ramos Padilla ya adelantaba algo de lo que podría ocurrir: “Aparecen muchos elementos que vinculan a Stornelli con esos hechos de extorsión”, agregando que “existen maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto, en las que se constata la participación directa del Fiscal”. Sin embargo, en todos los casos mencionados en la Resolución de esta semana donde se vincula a Stornelli con prácticas ilegales de espionaje, ninguno está relacionado con la causa de los cuadernos, que, según muchos, el kirchnerismo quiere hacer caer. Allí se citan los casos del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, del abogado José Manuel Ubeira-que también se presentó como querellante-, y de personas menos conocidas como Pablo Barreiro, Victoria Munin, Jorge Castanon, además del denunciante original Pedro Etchebest. Referiéndose a este último, Ramos Padilla relata que D´Alessio le habría dicho a Etchebest que Stornelli le quería realizar una cámara oculta al abogado Ubeira ya que éste tenía la “voluntad de efectuar una presentación ante Escribano Público donde señalaría que el Fiscal había coaccionado y agredido verbalmente a Paolo Rocca y Carlos Wagner”, casualmente dos de los imputados de mayor renombre en la causa 9608/2018, es decir, la de los cuadernos.
El querellante menos conocido que aceptó Ramos Padilla es Roberto Porcaro, un personaje muy conocido en las zonas de Necochea y Mar del Plata. Actualmente imputado por lavado de dinero y tráfico de influencias, este hombre que supo estar muy cerca del histórico dirigente radical Conrado Storani, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín, se desempeñó, en los albores de la democracia, como Gerente de Petrolera Mar del Plata, en donde tenía participación Ángel Salvia, presunto testaferro de Amadeo Carrillo Fuentes, más conocido como “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez. Salvia fue acribillado a balazos el 6 de mayo de 2007 en Coronel Vidal. Ya en tiempos menemistas, participó, también junto a Salvia, de Rutilex Hidrocarburos Argentina S.A., más conocida como RHASA, cuyo titular, Horacio Sambucetti, tuvo en la década del 90 pedido de captura por una millonaria evasión impositiva. Porcaro utilizó un predio ubicado en avenida Juan B Justo y Reforma Universitaria para montar allí una estación de servicio de la firma. Presuntamente, Porcaro y Salvia colocaron al frente de la sociedad a un camionero semi analfabeto, de nombre Mario, y obtuvieron un préstamo a través de sus contactos políticos, que nunca habrían pagado. Ya con Néstor Kirchner en el poder, crea la agrupación “Compromiso K”. En la actualidad, está siendo investigado por una concesión irregular de un espacio del Puerto de Quequén para la construcción de un elevador de granos. El Fiscal José María Campagnoli, que fue el primero que se animó a investigar a Lázaro Báez, logró llegar con su pesquisa hasta Roberto Porcaro, a partir de la comprobación de un depósito de un millón de dólares que habría recibido el dirigente de Necochea a través de la operadora de Bolsa Financial Net.
Aquí los caminos comienzan a cruzarse. Ante el avance de las investigaciones, la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó intentó apartar a Campagnoli, disponiendo la conformación de un Jury de enjuiciamiento, lo mismo que le pedirán a Stornelli. Aquel fallido Jury fue presidido por Daniel Adler, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, la misma que deberá resolver dentro de pocos días la competencia de Ramos Padilla y cuyos integrantes vienen insistiendo ante el Consejo de la Magistratura para la apertura de una segunda sala, ante, alegan, “exceso de trabajo”. Dicha Cámara la integran los Jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez. La terna la completaba Jorge Ferro, quien renunció en marzo de 2018 cercado por denuncias de trata de personas y lavado de activos. Ferro fue justamente el Instructor designado en Bahía Blanca, cuya Cámara también integraba como subrogante, del sumario abierto por Ramos Padilla contra funcionarios judiciales del Juzgado bahiense que el hoy juez de Dolores subrogó entre junio y diciembre de 2015. Durante ese lapso, el magistrado puso especial dedicación en ejercer una fuerte presión a los empleados y engrosar el citado sumario, según consta en las declaraciones en sede judicial ya contadas por este medio, en vez de investigar a Lázaro Báez, cuya protección había comenzado en 2012, cuando Ricardo Echegaray, querellante en la causa por espionaje ilegal y entonces al frente de la AFIP, rebajó de categoría a la seccional Bahía Blanca, mudando la mayor parte de las actuaciones, casualmente, a la ciudad de Mar del Plata, donde Daniel Adler reviste como virtual jefe de los Fiscales y donde Jorge Ferro era el Juez de mayor peso en la Cámara Federal.
En el procesamiento a Marcelo D´Alessio, Ramos Padilla parece sentar las bases de una estrategia política en relación a la sensible causa de los cuadernos. Allí dice que “la sanción de la Ley del Arrepentido 27304 y la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales”. El desfile de arrepentidos por el Juzgado de Claudio Bonadío, que instruye la causa a partir de las revelaciones del periodista Diego Cabot, es una parte sustancial del proceso.
“La utilización paralela de los servicios de inteligencia para el éxito en causas judiciales y las relaciones estrechas y de mutua colaboración que se han comprobado entre miembros del poder judicial y de los ministerios públicos fiscales con los “servicios” puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho”, afirma Ramos Padilla en otro de los párrafos del procesamiento al falso abogado. Y luce muy explícito cuando afirma: “En este contexto, no importa ya si es verdad o no lo que el testigo o arrepentido diga”.
“El primer día que Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca, me dijo que una semana antes había estado con Lorenzetti”, respondió el funcionario en sede judicial ante la consulta sobre el eventual respaldo político que mostró el magistrado de Dolores durante su subrogancia bahiense. Esta declaración consta en el Sumario 49/15 ya citado por este medio. El hombre prefiere no revelar su identidad: “A partir de todo lo que está pasando, hay mucho miedo en Bahía”, afirma. En junio de 2015, cuando Ramos Padilla fue designado como subrogante, el Presidente de la Corte era Ricardo Lorenzetti. Hoy ya no lo es, pero ostenta el mismo poder de entonces. La diputada Elisa Carrió lo acaba de denunciar por intentar un golpe interno en la Corte, hoy a cargo del Dr. Carlos Rosenkrantz.
La suerte que puede correr Carlos Stornelli es un misterio. El Jury que le podrían formar en su contra en el Ministerio Público Fiscal, hoy a cargo interinamente de Eduardo Casal, podría prosperar. Hace no mucho tiempo, un Fiscal federal le dijo a este cronista: “La salida de Gils Carbó de la Procuración relajó un poco el trabajo. Pero se fue solo ella, las segundas líneas siguen estando, y el poder de Casal es relativo. Las Unidades Fiscales y las Fiscalías especiales que creó Gils Carbó para consolidar su control siguen estando atestadas de kirchneristas. No cambió demasiado”.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
