Por Pablo Portaluppi
Por detrás de la causa judicial por presunto espionaje ilegal que instruye el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, asoma un complejo entramado que va desde la propuesta del llamado Manifiesto Argentino de “eliminar al Poder Judicial poniendo en comisión a la judicatura completa, es decir, a todos los jueces y fiscales”, hasta la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando el expediente de la causa “Vialidad”, que tiene como principal procesada a la ex presidenta Cristina Kirchner. De no ser por el fuerte impacto negativo que tuvo la decisión suprema, el juicio oral que dará comienzo el próximo 21 de mayo se hubiese retrasado hasta al menos el mes de septiembre.
De acuerdo a las propias palabras de su principal mentor, el escritor Mempo Giardinelli, el Manifiesto Argentino, que apoya una eventual candidatura de Cristina, propone reformar la Constitución “dotando a la República de un nuevo Sistema de Justicia”, definiendo al actual como “un feudo corporativo, un arma de sometimiento, un sistema arbitrario y barrabravista, lento, caro, patriarcal y racista”.
Ramos Padilla ha sostenido que su investigación se centra en “la actividad de una organización criminal paraestatal con permanencia en el tiempo, llevando adelante múltiples planes delictivos de diversa índole, vinculados al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico”. Y destaca las vinculaciones de esta organización con agentes o ex agentes de inteligencia, subrayando presuntas relaciones entre éstos y algunos miembros de los poderes judiciales y los ministerios públicos nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad, los poderes políticos y los medios de prensa.
En la reciente resolución del pasado 13 de mayo, la Cámara Federal de Mar del Plata dispuso que el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien instruye la causa desde los primeros días de febrero, “continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales”. Dicha decisión se da luego de que el propio Fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, haya presentado un recurso de apelación para que la causa se radique en los tribunales porteños de Comodoro Py. En su dictamen del 28 de febrero, afirmó que “el estado actual de la investigación, posibilitó distinguir la existencia de otros múltiples hechos que podrían constituir delito y en los que podrían encontrarse involucradas otras personas tales como periodistas y miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales con ámbito de actuación fuera de la jurisdicción de Dolores”. Para luego concluir que “las nuevas hipótesis delictivas se habrían cometido en extraña jurisdicción……por lo que sería pertinente que se remitan las actuaciones a la Excma. Cámara Capitalina”, afirmando que las maniobras “tuvieron epicentro en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En idéntico sentido se pronunció su par Juan Manuel Pettigiani, designado como Fiscal ante la Cámara por la excusación de Daniel Adler.
El falso abogado Marcelo D´Alessio, con residencia en la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza, fue denunciado por extorsión por el empresario agropecuario llamado Pedro Etchebest, domiciliado en Mar del Plata, quien alegó que D´Alessio lo extorsionó en nombre del Fiscal Federal Carlos Stornelli, que lleva adelante la investigación de los “cuadernos” de la corrupción durante la era k. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla alegando que la reunión dónde se habría llevado a cabo la extorsión ocurrió en la ciudad de Pinamar, cuya jurisdicción depende de Dolores. El magistrado decidió procesar al extorsionador y declarar en rebeldía a Stornelli, debido a que el Fiscal de Comodoro Py no se presentó a indagatoria en ninguna de las ocasiones en que fue citado.
Desde este medio se dijo en anteriores notas que el avance de la investigación en Dolores por parte de Ramos Padilla, expandiendo cada vez más la pesquisa, no parecía casual. Uno de los argumentos procesales para que una causa permanezca donde está es, justamente, el avance que eventualmente pueda registrar, de acuerdo a la doctrina de la propia Corte Suprema, que indica “como tribunal competente a aquel en el que sea más eficaz la investigación y que por cuestiones de economía procesal, sea el más adecuado para intervenir”. Desde el comienzo de la causa hasta hoy, la instrucción profundizó su curso. Ramos Padilla le tomó declaración, entre otros, al suspendido Fiscal Juan Ignacio Bidone, al supuesto ex espía Hugo “Rolo” Barreiro, y a la ex abogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles, donde se acusa a reconocidos periodistas y a la ministro de Seguridad Patricia Bullrich de integrar una red con el fin de encarcelar con testimonios inventados a ex funcionarios kirchneristas y a la propia ex presidenta Cristina Fernández. Recientemente decidió procesar al Fiscal Bidone
La resolución de la Cámara marplatense apunta hacia allí, cuando afirma que “una vez determinada la competencia territorial por el presunto delito de asociación ilícita, debe ser el tribunal designado, el que deba intervenir en los restantes ilícitos que formaban parte del plan criminal……debiendo el titular del Juzgado continuar con los obrados, y realizar la investigación correspondiente a fin de determinar los hechos, y por ende, la competencia territorial para su investigación”. Y en lo que sería una respuesta a los rumores que circularon fuertemente sobre el posible desguace de la causa, debido a la multiplicidad de lugares donde habría actuado esta presunta organización, la Cámara “considera-sin hesitación alguna- que el presente trámite procesal debe ser desarrollado en su totalidad-manteniendo la validez de todo lo hasta aquí actuado-, por aquel magistrado que se designe como competente en orden a la territorialidad de la jurisdicción, respetando de este modo a cabalidad el principio y garantía de juez natural”, concepto sobre el cual la resolución vuelve una y otra vez.
Sin embargo, a lo largo de sus 35 páginas, el Tribunal insiste en que no está claro aún el lugar de comisión del delito, es decir, la actividad delictiva que da origen al nacimiento de la investigación, subrayando que debido a ello la declaración de incompetencia resulta “prematura”. En un párrafo, se afirma que “luego de una sesuda evaluación de los elementos colectados en autos, entendemos que ellos no permiten establecer-por el momento-el lugar donde se habrían configurado los ilícitos”, para agregar que “corresponde dar paso a la aplicación de la regla subsidiaria que consagra al Juzgado que previno como aquel que deba seguir interviniendo hasta tanto se despejen las incertidumbres”. Pero a su vez, le solicita al Juez de grado, es decir a Ramos Padilla, que “establezca rápidamente, y con la debida precisión, en qué lugar se habría conformado la organización criminal”, asegurando que “el universo procesal que sustenta esta causa no se encuentra debidamente delimitado todavía”. Para concluir que “la controversia aquí suscitada resulta prematura para ser tratada en forma definitiva”. En su recurso de apelación para solicitar el traslado de la causa a Comodoro Py, el Fiscal Curi había dicho que “los lugares físicos en donde se habrían concretado las maniobras delictivas, ocurrieron, en su gran mayoría, en la ciudad de Buenos Aires”.
Ante la renuncia de Jorge Ferro en marzo de 2018, cercado por denuncias de trata de personas y lavado de activos, el Tribunal de Alzada marplatense quedó integrado por los Jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. Lejos de considerar que la decisión de la Cámara no confirmó del todo la competencia de Ramos Padilla en una causa considerada clave desde todos los sectores, fuentes judiciales marplatenses creen que es una clásica resolución de dicho Tribunal. Este medio ya ha citado dos abogados que conocen muy bien el terreno. Uno de ellos dijo que “Tazza y Jiménez son muy amigos. Jiménez es un gran tipo, pero hace lo que dice Tazza. Y Tazza siempre va a caer bien parado. Muñequea las decisiones. Es un gran equilibrista político”, en tanto que una colega suya manifestó que “la Cámara de Mar del Plata se la pasa alargando las causas, y nunca resuelven las cuestiones de fondo. Cajonean, estiran. Siempre fue así”. Otro funcionario judicial, consultado sobre la resolución, fue tajante: “Cuando los jueces escriben mucho para sostener sus sentencias, en el ambiente se dice que sus argumentos son débiles”. El Juez Ramos Padilla siempre fue muy bien ponderado desde Mar del Plata. De hecho, hay quienes sostienen que entre el citado magistrado y Alejandro Tazza, Presidente de la Cámara, “hay un contacto permanente”.
Aunque aún falta que el Tribunal de Alzada se expida sobre la declaración de rebeldía que pesa sobre Carlos Stornelli, se estima que con la provisoria confirmación de Ramos Padilla, éste va a avanzar en el procesamiento del Fiscal de Comodoro Py, lo que podría dañar la causa de los cuadernos. En dicho expediente, en el cual se investiga una asociación ilícita presuntamente liderada por el ex presidenta Cristina Kirchner, dedicada al cobro de coimas vinculadas a la obra pública, hay más de 60 imputados, de los cuales casi 20 son ex funcionarios kirchneristas y más de 40 empresarios. Y hay 23 imputados colaboradores, es decir, arrepentidos. Según el juez de la causa, Claudio Bonadío, el dinero involucrado supera los U$S 55.000 millones.
En este contexto, tampoco parece causal la reciente resolución de la Corte Suprema de la Nación. En el sumario abierto en Bahía Blanca por presunta coacción contra funcionarios del Juzgado subrogado por Ramos Padilla en aquella ciudad entre junio y diciembre de 2015, uno de ellos declaró que el juez de Dolores “hacía gala de su relación con Ricardo Lorenzetti”. Si bien ya no es su Presidente, el juez supremo conserva amplia cuotas de poder y relaciones. Cabe recordar también que el camarista Alejandro Tazza fue uno de los elegidos por Lorenzetti para integrar una Comisión de Seguimiento para la Lucha contra el Narcotráfico, cuya última reunión fue en noviembre de 2015.
Como anticipó este medio, para resolver sobre la competencia de Ramos Padilla, fue convocado Bernardo Bibel, juez federal de Necochea, quien fuera severamente cuestionado hace pocas semanas por un representante del Ministerio Público por “estar sospechado de beneficiar a los imputados” de una causa derivada de la llamada “Ruta del Dinero K”. El imputado más importante de este expediente es Roberto Porcaro, uno de los querellantes aceptados por Ramos Padilla en la causa de espionaje. Directamente se solicitó que Bibel sea apartado de la instrucción. Dicho retardo de justicia motivó una denuncia del Fiscal José María Campagnoli. Para instruir el sumario abierto por la denuncia de Campagnoli, fue convocado en su momento el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien se excusó de intervenir manifestando compartir con los imputados-entre ellos, el fiscal Adler y el juez Bibel- “diversos espacios profesionales”, lo que lo llevó a inhibirse de actuar en la investigación. Por los motivos expuestos, Adler decidió excusarse. Sin embargo, el Juez Bernardo Bibel firmó la resolución que mantiene la competencia de Ramos Padilla, con quien “comparte espacios profesionales”.
El 19 de septiembre de 2016, la Justicia marplatense dispuso 48 allanamientos simultáneos a casas de cambio y “cuevas financieras”, entre ellos a la firma “Jonestur”, procesando a 25 imputados por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera, entre los cuales se encontraban Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro. Pero el 6 de marzo de 2017-aunque la decisión se dio a conocer un mes después-, la Cámara de Mar del Plata resolvió la nulidad de todo lo actuado en los allanamientos, dictando el sobreseimiento de todos los imputados, debido a “graves inexactitudes en la transcripción de las escuchas telefónicas”, llevadas a cabo por dos gendarmes.
Luego de la reapertura de la causa que decidió Casación, en abril de 2019 el juez Santiago Inchausti decretó la prohibición de salir del país y la inhibición general de bienes de 25 personas, entre ellas, los mencionados Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro, quienes fueron señalados por dos arrepentidos de la causa de los cuadernos de haber sido financistas del fallecido Daniel Muñoz, presunto testaferro de Néstor Kirchner. Rigano y García Navarro son los dueños de Jonestur. Cuando la Cámara resolvió la nulidad, aseguró que el error de los gendarmes “erigió un marco investigativo del cual confluyeron una multiplicidad de imputados que resultaban ajenos al proceso”, vinculando a las firmas Transcambio y Jonestur en el hecho investigado, a partir de inferencias equívocas.
En aquella oportunidad, la Cámara estuvo integrada por los mismos jueces que resolvieron sobre la competencia del Juzgado de Dolores: Alejandro Tazza, Eduardo Jimenez, y Bernardo Bibel.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
