Precandidato a Intendente de General Pueyrredón por el Frente Despertar, que lleva como presidenciable al economista José Luis Espert, Julio Razona es un reconocido abogado, no sólo en Mar del Plata, sino también en la zona. Entre sus actuaciones más resonantes, se destaca la denuncia penal que hiciera en 2015 contra el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli por desobediencia a la justicia, ya que ésta le había ordenado al ex motonauta, ante un amparo presentado por el propio Razona, realizar mejoras en la ruta 88 que nunca se hicieron. La denuncia del letrado marplatense también incluyó el delito de presunto fraude a la administración pública por $35 millones, y la misma fue incorporada a la mega causa contra Scioli por enriquecimiento ilícito. Un tramo de la misma aguarda que la Jueza de Garantías Marcela Garmendia notifique la elevación a juicio oral, algo que, según fuentes de la investigación, “viene muy demorado”.
Además, el Dr. Razona hizo recientemente una presentación ante el Defensor del Pueblo de General Pueyrredón para la recuperación de las 106 hectáreas que componen las Playas del Sur de la ciudad, las cuales, según denunció, fueron cedidas ilegalmente a la familia Peralta Ramos, fundadores de Mar del Plata, y que están siendo explotadas por la firma Playas del Faro S.A. También tuvo un fugaz paso por la función pública como Secretario de Seguridad, cargo al que renunció denunciando corrupción del ex jefe de la Policía local Fernando Telpuk. Actualmente, representa a numerosas víctimas del presunto estafador serial Daniel Viglione.
Su programa de gobierno, o al menos algunos de sus puntos más salientes, genera motivos suficientes para el debate y el análisis, al margen de las preferencias electorales que cada ciudadano posea. En momentos en que en el país se dirimen candidaturas y espacios de poder, la discusión de ideas siempre son bienvenidas.
Gasto Político
La cantidad de empleados municipales representa un tema controvertido en cualquier ciudad del país. General Pueyrredón, que comprende las localidades de Mar del Plata y Batán, declara tener entre 8.500 y 9.000 empleados. Según el censo 2010, vivían en el partido 618.000 personas. Elevando la cifra a 700.000, daría que hay un empleado municipal cada 77 habitantes. Una ciudad como Barcelona, con una fuerte afluencia turística de parte de todo el mundo, tiene un promedio de 1 trabajador del ayuntamiento por cada 115 personas (13.800 sobre una población de 1.600.000, según datos de 2017). Pero aún más importante que esto tal vez sea el gasto político. En el Concejo Deliberante (HCD) marplatense trabajan, además de los 24 concejales, cerca de 400 empleados, lo que da un promedio aproximado de 16 personas por cada concejal. Según cifras oficiales, durante el año pasado el Concejo mantuvo apenas 15 sesiones, aproximadamente 2 veces por mes tomando el período ordinario que comienza el 1 de abril.
Los datos vertidos los ratifica y amplía Julio Razona: “Cada Concejal recibe 16 sueldos básicos para repartir entre sus asesores. Eso se llama Módulos. El reparto de esos módulos es privativo de cada concejal o de cada Bloque, lo que genera que un asesor pueda cobrar 3 módulos y otro, sólo uno”. Y agrega que “el Presidente del HCD además recibe 5 módulos más, y al Vicepresidente Primero les entregan 3 más, y al Vice Segundo, 2 módulos más. O sea, todos contribuimos a pagar 394 sueldos básicos”. En la actualidad, el salario más bajo del escalafón municipal es de poco más de $21.000. Es decir, cada edil recibe para repartir ente sus asesores la suma de $336.000 por mes. Y las autoridades del cuerpo, entre $376.000 y $436.000.
Si se tiene en cuenta que cada concejal percibe un ingreso aproximado de $100.000, el Municipio de General Pueyrredón destina al Concejo Deliberante en forma mensual casi $11 millones. Anualizado, la cifra asciende a aproximadamente $132 millones. Al actual tipo de cambio, serían casi 3 millones de dólares por año. La propuesta del Dr. Razona es bajar el gasto político, de modo que “ningún Concejal o funcionario municipal pueda contar con más de 2 asesores cada uno, por lo que de este manera, el Estado se ahorraría 346 módulos”. Cuantificado, dicha medida generaría un ahorro anual en el erario público municipal de casi U$S2 millones. “Más que suficiente para arreglar y calefaccionar todas las escuelas de Mar del Plata”, grafica el precandidato a Intendente. La ciudad posee el mayor sistema educativo municipal del país, donde funcionan 33 jardines de infantes, 17 primarias, 18 secundarias, 10 Escuelas de Formación Profesional, 4 Institutos de Formación Superior, y 2 bachilleratos para adultos, conteniendo 25.000 alumnos. Muchos de dichos establecimientos presentan graves deficiencias edilicias.
Continuando en el ámbito municipal, Julio Razona denuncia que “se debe terminar con la mafia de los “dateros”. O sea, quienes venden datos dentro de la Municipalidad de los inmuebles que se podrían usurpar, que son aquellos cuyos dueños hace mucho que no pagan las tasas municipales ni los impuestos”. Y agrega: “El Municipio debería lograr la titularidad de dominio de cada uno de ellos, a través del instituto de la Usucapión Administrativa”, aclarando que el mismo “no es un trámite judicial”.
La propuesta del aspirante a Jefe comunal consiste en “identificar los lotes e inmuebles que no están pagando tasas. Una vez identificados, se debe intimar a los titulares a regularizar la situación en un plazo no mayor a los 15 días corridos. Si así no lo hicieran, el gobierno le coloca un cartel anunciando que será objeto de Usucapión Administrativa, cediendo los derechos posesorios en favor de la comuna, para luego publicarlo en el Boletín Oficial e inscribirlo en el Registro de Propiedad a nombre del Municipio”. Según estimaciones del propio Razona, existen cerca de 1.600 inmuebles en la ciudad en situación dominial irregular: “Si le damos un valor de U$S30.000 promedio a cada uno, eso hace un total de U$S48 millones que entrarían a las arcas públicas. Con ese dinero se podrían hacer muchas cosas”.
El hambre y la Pesca
El puerto de Mar del Plata es uno de los más importantes del país, concentrando el 57% de las capturas nacionales y el 98% de toda la provincia de Buenos Aires. La actividad pesquera representa casi el 1% del PBI argentino, y es, a su vez, uno de los sectores menos controlados por el Estado. Entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó la última auditoría sobre el sector, cuyo trabajo de campo abarcó desde agosto de 2016 hasta febrero de 2017. El informe señala gravísimas deficiencias. Según datos oficiales, se calcula que en promedio hay un 10% de pesca no declarada, lo que es lisa y llanamente evasión. La diferencia surge de comparar los Partes de Pesca con los ingresos declarados en el Sistema.
Así mismo, un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) señaló que “otra grave problemática de la pesca es el descarte, que según cálculos conservadores, oscila entre 70.000 y 100.000 toneladas anuales tiradas al mar”. Pero según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la cifra es mucho mayor: 140.000 toneladas al año. “Lo cual equivaldría a decir que la población argentina es despojada de 1,5 millón de raciones de un costoso alimento de alto valor proteico y nutricional”, concluye el informe. Y arroja un dato escalofriante: “Durante el período 2006-2009 la Auditoría General de la Nación comprobó que los volúmenes reales descargados en puerto eran entre un 15% y un 762% superiores a los partes de pesca de merluza declarados por cada buque”.
En línea con esta triste realidad, Julio Razona asegura que “la solución para terminar con el hambre y la desnutrición está en el mar. En las proteínas y fósforos que aporta el pescado. Solamente en Mar del Plata, el caladero nacional arroja al mar, ilegalmente, más de 500 toneladas de pescado, cantidad más que suficiente para dar de comer a todos los hambreados del país”. Y denuncia que “la Ley Nacional de Pesca impide tirar pescado muerto al mar, pero la corrupción en los controles hace que se haya hecho costumbre esta violación a la norma”, proponiendo que “desde el Municipio se le debe exigir a los barcos que pescan en la zona que traigan a puerto un 30% de su bodega con las especies que ahora se descartan. Estas 500 toneladas descartadas se pueden tratar con técnicas muy simples, como la del secado al sol, sin salar”. Y asegura: “El secado es una de las técnicas de preservación de alimentos más antiguas, y el pescado seco se conserva comestible durante varios años”.
Según el INDEC, en Mar del Plata hay un 24,8% de pobreza. En números reales, son casi 158.000 personas que viven bajo la línea de pobreza, de los cuales más de 41,000 son directamente indigentes. La desocupación, por su parte, alcanza al %12,8 de la población marplatense. El precandidato a Intendente asevera que, con su propuesta, “además de poder combatir el hambre y la desnutrición, la idea de recuperar el pescado descartado generará cientos de puestos de trabajo genuino en cooperativas y mutuales”.
De acuerdo al Dr. César Lerena, experto en pesca y Atlántico Sur, “Sólo 10 empresas sobre un total de 250 concentran la facturación de exportación con U$S1.066 millones sobre un total exportado en 2017 de U$S1.997 millones, lo que representa el 53% en facturación y el 48% en tonelaje”. Tres de esas 10 empresas son de Mar del Plata: Solimeno, Moscuzza y Valastro.
Soterramiento del cableado, y otras ideas
“Desde el año 2007 está vigente en la ciudad la ordenanza que obliga a las empresas de cable a hacerse cargo de soterrar todo el cableado aéreo”, sostiene el Dr. Razona. Y agrega: “Todos los años, sistemáticamente, el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo prorrogan el cumplimiento de esta ordenanza, permitiendo que las empresas no cumplan con lo ordenado”, concluyendo que “de no prorrogarse, se le podría dar trabajo a miles de ciudadanos, que realizarían la ardua tarea del soterramiento financiado por las propias empresas. Es decir, al Municipio no le costaría un solo peso y mucha gente podría trabajar”.
Por otra parte, el precandidato a Intendente propone que “se debe acordar con la Fiscalía General de Mar del Plata que el Municipio entregue un listado de actividades sociales necesarias en beneficio de la comunidad, tareas que pueden ser realizadas por quienes estén beneficiados con una Probation”. A esta figura se la conoce también como “Suspensión de Juicio a Prueba”, que por lo general se trata de personas imputadas por la Justicia por algún delito leve, que no poseen antecedentes penales, que han indemnizado a las víctimas, y que optaron, en acuerdo con el Fiscal, en no ser juzgados a cambio de realizar una labor comunitaria gratuita. Lo que el Dr. Razona postula es que dichas personas, a partir de una recomendación del propio Gobierno comunal, puedan realizar tareas orientadas a las necesidades básicas del Estado, como la salud, la educación, la acción social, y la higiene urbana: “Médicos y dentistas cubriendo guardias en Salas de Salud, limpieza de playas y espacios públicos, corredores seguros en las escuelas, asistencia de ancianos, reparaciones de edificios escolares, son sólo algunas de las tareas que se podrían llevar a cabo”, detalla el abogado.
Y cuantifica la propuesta: “En Mar del Plata se pactan alrededor de 2000 “probation” por año. Como la mayoría se acuerda en 2 años de trabajo, siempre habrá 4000 personas trabajando para la comunidad, en forma gratuita. Si el Municipio debiera contratar empleados para esas tareas, gastaría U$S100 por mes por cada uno, es decir, tendría que pagar U$S400.000 mensuales. Eso sería U$S4.800.000 por año de ahorro. Este dinero ahorrado se podría destinar a mejorar las escuelas y los centros de salud”.
Otra de las ideas de Julio Razona está orientada hacia el ahorro energético y a la protección de la población más vulnerable, a través de la entrega de termotanques solares, que los proveerán empresas privadas a cambio de publicidad gratuita de sus productos mediante la colocación de carteles en las 109 plazas públicas de la ciudad. Los termotanques serán repartidos a las personas más necesitadas, ya sea por carencias económicas o necesidades de salud, a partir de los cuales podrán tener acceso a la energía sin costo alguno.
Mar del Plata es el tercer distrito electoral en importancia de la provincia de Buenos Aires. El actual Intendente, Carlos Arroyo, quien se impuso en las elecciones de 2015 dentro de Cambiemos, fue dejado afuera de la coalición oficialista, en una decisión muy polémica, por la gobernadora María Eugenia Vidal, por lo que el actual Jefe comunal intentará la reelección con su propio partido, Agrupación Atlántica. Por “Juntos por el Cambio”, la candidatura se dirimirá en las PASO entre la histórica dirigente radical Vilma Baragiola y el elegido de la mandataria bonaerense, el ex juez Guillermo Montenegro. También competirán por el máximo cargo municipal, entre otros, el ex intendente Gustavo Pulti, y la kirchnerista Fernanda Raverta, hija del ex dirigente montonero y hoy empresario de la seguridad, Mario Montoto.
Pablo Portaluppi
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
