En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei disolvió finalmente cinco fondos fiduciarios dependientes del ministerio de Economía, entre ellos el controvertido Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que había merecido una denuncia penal por parte de un fiscal federal de Mar del Plata.
A través del Decreto 1048/24 firmado por el mandatario, y acompañado del Jefe de Gabinete Guillermo Francos y su par de Economía, Luis Caputo, publicado hoy martes 26 en el Boletín Oficial, se decidió la disolución, además del citado Fondo, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Según el Gobierno, las disoluciones se realizaron “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
En concreto, los cierres fueron decididos tras detectar irregularidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados. El ministerio de Economía avanzó con la medida, “en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos”, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Cabe recordar que en febrero pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado la decisión oficial de eliminar distintos fondos fiduciarios por un monto de 2 mil millones de dólares.
En términos técnicos, un fideicomiso es “un acto jurídico por medio del cual una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y, al vencimiento de un plazo, transmita los resultados a un tercero. Es una herramienta jurídica muy utilizada en los negocios y para preservar los patrimonios”.
Pero según el propio Presidente Milei, se trataban de “cajas negras de la política”, por lo que esta decisión no sorprende.
En cuanto al de Asistencia a Víctimas de Trata, de acuerdo al reciente Decreto, se afirmó que
“en el Informe de Auditoría realizado por la SIGEN se señaló, entre otras observaciones, la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.
Dicho fideicomiso fue creado el 23 de julio de 2019, a través de la ley 27508, aclarando que los bienes que lo integran “no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional”. Así mismo, la norma establecía como fiduciante al Estado nacional, y como fiduciario, es decir como administrador de los bienes, a Nación Fideicomisos S.A.
Pero el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en funcionamiento el Fondo en octubre de 2021 junto a BICE Fideicomisos S. A. El Banco Argentino de Desarrollo, más conocido como BICE, es un banco público que en su rol de administrador, tiene por función evitar la depreciación de los bienes incautados.
Según la ley, “una vez que la causa cuente con una sentencia firme, la Justicia ordenará el decomiso de bienes y deberá identificar a las víctimas que obtendrán reparación, y el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas”.
Luego de ello, “los bienes deberán ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por el BICE”.
Pero hay que decir que el Fondo recién se puso en marcha el 5 de noviembre de 2021.
Por ello, en aquel año, la Cámara de Diputados emitió una Resolución pidiendo informes al respecto. En el documento se afirmaba que “otra deuda que acarrea el Consejo es la implementación del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA. Se estima que más de 3 millones de dólares y 150 propiedades fueron decomisadas. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las beneficiarias del Fondo”.
En febrero pasado, Juan Manuel Pettigiani (foto), fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, presentó una denuncia penal en la cual solicitaba que “se investigue, prima facie, los presuntos delitos de defraudación fiduciaria del Fondo fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de trata., entre otros delitos de acción pública”.
La presentación judicial recayó en el Juzgado del dr. Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Milei para la Corte Suprema, pero la misma no registra prácticamente movimiento. Si bien el Fondo fue disuelto con el reciente decreto, la causa debería continuar.
La denuncia apuntaba concretamente a la jurisdicción, donde la fiscalía a su cargo fue la que más condenas de trata por explotación sexual obtuvo en el país hasta el año 2018, y ninguna de las víctimas “fue reparada mediante el fondo desde su creación”, por lo que se tornaba necesario que se “investigue cómo se financió y a dónde fueron destinados cada uno de las erogaciones, así como sus responsables y destinatarios”.
Pero también ponía el foco en las políticas dictadas por el propio Ministerio Público Fiscal en materia de trata. La Unidad Fiscal encargada del tema es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a cargo de los Fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano.
“Desde ya hace unos años, he expuesto una serie de diferencias de criterios ante la Procuración General de la Nación, en cuanto a la aplicación y utilización de la ley de trata en esta jurisdicción de Mar del Plata”, señalaba el dr. Pettigiani.
Pero con el paso del tiempo, y en especial a partir de 2019, “la problemática, en el campo de la actividad sexual, había empezado a mostrar que derivaba hacia otras figuras, fundamentalmente, la explotación económica de la prostitución ajena, continente, casi natural, de la problemática en cuestión”, añadiendo que “en ese momento, también comenzaron a llegar a juicio, las causas vinculadas a la presunta trata laboral que, a diferencia de la actividad sexual, no tiene una figura penal residual, como sería la de explotación del trabajo ajeno”.
Lo que llevó, de acuerdo al fiscal, a una “banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal”.
Las primeras denuncias por presunta trata en el distrito fueron promovidas por la ONG de Gustavo Vera, “La Alameda”. Amigo personal del papa Francisco, Vera fue designado en marzo de 2020 por el ex Presidente Alberto Fernández como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, dependiente de la Jefatura de Gabinete, organismo creado por la ley 26.842 promulgada por la ex Presidente Cristina Kirchner el 26 de diciembre de 2012.
El amigo papal finalmente fue despedido por Milei el 17 de marzo de este año.
Papa Francisco y su entrañable amigo Gustavo Vera
En la actualidad, el organismo está integrado, desde el Ministerio de Justicia y DDHH, por Sebastián Amerio (Secretario de Justicia de la Nación), Alberto Andrés Nanzer (Subsecretario de Política Criminal) y Zaida Gatti (Coordinadora Nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata); desde el Ministerio de Seguridad, por Ximena Albornoz (Directora de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad sexual) y Analía Suárez (Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Investigaciones contra la Trata); desde el Ministerio de Capital Humano por Yanina Nano Lembo (Subsecretaria de Políticas Sociales) y Bruno Cassán (Director de Programas Especiales de la Subsecretaria de Protección Contra la Violencia de Género), y desde la Dirección Operativa, por la flamante Directora Verónica Toller.
Con el nuevo gobierno, el Comité dejó de estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete para pasar a depender del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
La primera reunión de esta nueva integración se llevó a cabo el pasado 9 de mayo, en la cual se repasaron diversos temas, entre ellos, el estado del Fondo Fiduciario.
La última noticia registrada por la propia web del organismo data del 9 de octubre pasado, donde informan que se rescató a dos adolescentes en Corrientes, y donde se detuvo a un hombre y a la madre de una de las víctimas.
Durante la gestión de Vera al frente del Comité, se habían designado delegados en todas las provincias y se habían conformado 36 mesas interinstitucionales, que fueron eliminadas en los últimos meses, mediante una comunicación interna.
El Plan Bienal 2022-2024, presentado por Vera a fines de 2023, y aun en ejecución, contiene 68 acciones, subdividido en 4 grandes ejes.
Pero, de acuerdo a una fuente de la justicia federal, tanto el Fondo como el Comité “son dos grandes zonas oscuras, sin rendición de cuentas, donde interactúan muchas áreas de la administración. Es casi un Estado paralelo”.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
