A pesar de las disputas, La Cámpora controla estratégicas secretarías en el Estado

Pablo Portaluppi

Hace pocas semanas, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, salió con todo contra el Presidente Alberto Fernández, reclamándole, insólitamente, la propiedad de la gestión. “El gobierno es nuestro”, dijo.

Pero aquellas declaraciones del lugarteniente de Máximo Kirchner parecen más una puesta en escena que un reclamo real. Si bien formalmente sólo tenga a cargo el ministerio del Interior a través de “Wado” de Pedro, La Cámpora, representante del kirchnerismo más radicalizado, ocupa cargos en la administración menos visibles pero muy estratégicos.  

Casi un Estado dentro del Estado.

Algunos casos son ya conocidos. El primero es sin duda alguna la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), que luego de la estatización de las AFJP (jubilaciones privadas) durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, se ha transformado en una de las “cajas” más codiciadas del poder. A cargo de los recursos de la seguridad social, y utilizada para financiar todo tipo de proyectos, el organismo conducido por Fernanda Raverta culminó 2021 con un gigantesco presupuesto de $4,13 billones, exactamente la mitad de los gastos del Estado previstos para ese año.

Tal como ya se ha informado, las áreas más importantes del Estado controladas por los sectores más duros del kirchnerismo totalizaron partidas por más de $6 billones durante todo el año pasado. Y para el actual ejercicio se estima $8 billones más, Un 70% del presupuesto.

Además de la mencionada ANSES, también se podrían incluir en esta primera lista de importantes organismos controlados por La Cámpora, el PAMI, con Luana Volnovich; la estratégica secretaría de Inclusión Social, dirigida por Laura Valeria Alonso, dependiente del ministerio de Desarrollo Social; la secretaría de Energía, bajo las órdenes de Darío Martínez y Federico Basualdo; y nada menos que las empresas YPF, Correo Argentino, y Aerolíneas Argentinas.

También Justicia está cooptada por la agrupación de Máximo Kirchner, a través especialmente del viceministro, Juan Martín Mena, el hombre fuerte del ministerio.

Pero es en los puestos más técnicos donde pone el foco La Cámpora. En especial dentro de Desarrollo Social, Transporte, y Energía. Tres áreas clave.

En la cartera conducida por “Juanchi” Zabaleta, además de la mencionada secretaría de Inclusión Social, también hay dos áreas más manejadas por el camporismo: la subsecretaría de Articulación y Comunicación Comunitaria con Lauro Manuel Grande, y la subsecretaría de Abordaje Territorial, bajo las órdenes de Eugenia Meana.

Hay tres áreas dentro del mencionado ministerio que son controlados por las agrupaciones Movimiento Evita y Barrios de Pie: Emilio Pérsico, secretario de Economía; Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social; y Rafael Klejzer, director de Politicas Integradoras. Quizá por ello fueron blanco de furibundas críticas de parte de la vicepresidente Cristina Kirchner, la “jefa espiritual” de los dirigentes camporistas. Por allí pasa, según reveló el diario “Clarín”, el 80% de los planes sociales.

En los fundamentos que figuran en la ley de Presupuesto correspondiente a Desarrollo Social se pueden comprender las razones de aquel interés. Allí se puede apreciar, entre otras atribuciones, que “corresponde al Ministerio asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano; la seguridad alimentaria; la reducción de la pobreza; el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables”. Clarísimo.

En el presupuesto 2022 rechazado por el Congreso a fines del año pasado, los ingresos previstos para la cartera de Juan Zabaleta eran de casi $ 585.000 millones. Pero se trataba de una cifra mentirosa, ya que en 2021, sólo la secretaría de Inclusión Social recibió partidas por la mitad de lo presupuestado para 2022: $250.000.

Justamente una de las áreas manejadas por La Cámpora, a pesar de las quejas de la ex mandataria. 

Más aún. Para el actual ejercicio, iba a recibir en total $298.125 millones, lo que representaba exactamente un 51% de los ingresos estimados del ministerio.

Y no se debería pasar por alto a la secretaría de Integración Socio Urbana, protagonista de un hecho inusual en la ciudad de Mar del Plata. Pero ello merece especial atención, lo cual se desarrollará en el siguiente artículo.

Vinculado a esto, también cabe destacar que en marzo del año 2020, fue designado presidente del Mercado Central de Buenos Aires Nahuel Levaggi, un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. De hecho, fue el propio hijo de la vicepresidente quien impulsó su nombramiento.

Levaggi también es el máximo referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una agrupación de productores rurales que irrumpió en el año 2010, luego del recordado conflicto con el campo. La UTT nuclea a más de 22.000 familias productoras de alimentos, con representación en 18 provincias del país. En Mar del Plata ha adquirido un fuerte protagonismo, apoyando decenas de denuncias por presunta trata laboral en las quintas de la zona.

Entrañable foto de familia: Recalde, Larroque, Máximo, y Wado, los líderes de La Campora

También dentro de Energía hay dos organismos controlados por La Cámpora sumamente estratégicos: el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a cargo de Federico Bernal; como así tambiénIntegración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), bajo la dirección del santacruceño Agustín Gérez.

El primero tiene a cargo, además de la revisión y aprobación de las tarifas, entre varias funciones, la supervisión de los trabajos para la finalización del gasoducto de la costa, que daría gas naturas a más de 80.000 personas. Mientras que IEASA, la construcción de las obras finales. Pero desde 2019 que los trabajos están virtualmente paralizados.

IEASA es, literalmente, la empresa que maneja la energía en el país. En 2021, recibió partidas por más 2 mil millones de dólares. En tanto, ENARGAS, lo hizo por 2.200 millones de pesos.

Por su parte, en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el 30 de noviembre de 2020 fue nombrada interventora la abogada María Soledad Manin, estrecha colaboradora del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, el hombre del Instituto Patria en el sector energético, aquel al que el propio ministro de Economía Martín Guzmán no pudo echar. El ENRE maneja un presupuesto de $1.500 millones.

Pero también hay un área muy poco visible pero de suma importancia: la secretaría de Desarrollo Territorial, a cargo de Luciano Scatolini, que funciona dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, conducido por Jorge Ferraresi.

Scatolini, también de La Cámpora, tiene a cargo la ejecución del Plan Nacional de Suelo Urbano. Creado el 8 de mayo de 2020, en plena cuarentena por el coronavirus a través de la Resolución 19/2020, dicho programa “está destinado al financiamiento y apoyo para la generación de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer la producción de suelo urbanizado”.

En otras palabras, maneja el Procrear, uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo.

En los últimos tiempos, se advirtió mucha presión por parte de los gobiernos nacional y bonaerense hacia algunas comunas de la provincia, en especial aquellas gobernadas por intendentes opositores, para que cedan tierras para la construcción de viviendas.

También en Transporte dicen presente los muchachos camporistas. Según reveló el periodista de “La Nación” Diego Cabot, dentro de la cartera que conduce el massista Alexis Guerrera, manejan todas las agencias estatales que intervienen en el mercado aerocomercial argentino.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), con Paola Tamburelli a la cabeza; el Órgano de Control del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , dirigido por Carlos Lugones Aignasse. Los gerentes de los aeropuertos suelen quejarse de los delegados de ORSNA, por las escasas horas en el día en que concurren a sus oficinas.

Entre ambas dependencias manejan un presupuesto cercano a los $8 mil millones.

Tampoco se puede dejar de mencionar a la Dirección Nacional de Migraciones, de fuerte protagonismo durante las restricciones más duras de la cuarentena. Conducida por Florencia Carignano, recibe partidas por casi $14 mil millones.

Por último, al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria está el ultra kirchnerista José Alejandro Glinski. Dicha fuerza posee una fuerte impronta k, ya que fue creada por Néstor Kirchner en el año 2005, sucesora de la Policía Aeronáutica Argentina (PNA), que el ex Presidente disolvió luego del recordado escándalo por tráfico de drogas en un vuelo de la empresa Southern Winds, uno de los primeros episodios poco claros durante el kirchnerismo.

Si bien es de suponer que cuando cambie el gobierno, la mayoría, sino todos, de los máximos responsables de los organismos mencionados dejarán su cargo, no es menos cierto que muchos de ellos han incrementado notablemente su planta de personal, poblando los mismos de militantes contratados.

En ANSES por ejemplo, Fernanda Raverta incorporó a planta permanente a 1500 trabajadores entre 2021 y este año. En marzo pasado, también se supo que el PAMI había incorporado en forma definitiva a 200 personas, muchos de los cuales no tenían el secundario completo.

Lo mismo sucede con Aerolineas, que le costó al Estado durante 2021 670 millones de dólares, o el ENARGAS, que en el lapso de 12 meses, incrementó su personal más de un 33%.

De este modo, La Cámpora tiene garantizada su permanencia en el tiempo. Más allá de los gobiernos de turno.

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@PabloPortaluppi

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