Pese a la suba de la inflación, el gobierno no actualiza las partidas para pagar jubilaciones

Pablo Portaluppi

A pesar de la escalada inflacionaria que sufre el país desde hace años, pero que se aceleró notablemente en lo que va de 2022, en la actualización del presupuesto nacional que el gobierno de Alberto Fernández efectuó en los últimos días, algunas partidas se mantienen inalterables.

Tal es el caso del dinero destinado a la cancelación de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa, un ítem sumamente delicado, cuyo monto asciende a $ 80.086 millones, un 12,3% menor a lo previsto para el ejercicio 2021, que fue de $ 91.277 millones.

 La baja es sustancialmente mayor si se toma en cuenta el costo de vida acumulado en 2022, del 29,3%. Y mucho más si se proyecta la inflación oficial para todo el año, que el ministro de Economía Martín Guzmán actualizó en 62%. Tomando estos índices, el Estado en verdad pagará un 64% menos en sentencias previsionales.

Una enormidad para una administración que se “auto percibe” progresista.

El 17 de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley de “Presupuesto general de la Administración Nacional” previsto para 2022, con 132 votos negativos, 121 positivos y una abstención.

A raíz de ello, el gobierno publicó el pasado jueves 16 de junio el Decreto 331/2022 que actualiza la llamada “ley de leyes”, para “adaptarlo a las condiciones actuales” de la economía. Entre otras medidas, incluye la emisión de nuevos títulos financieros en pesos, mientras que proyecta un déficit primario del 2,5% para las cuentas del sector público nacional.

Si bien la lupa de los analistas se colocó sobre el costo de vida, las jubilaciones no son menos importantes. Aunque la información oficial escasea, se estima que la ANSES posee, en la actualidad, 280.000 juicios y 80.000 sentencias firmes sin cancelar.

En palabras del ex Jefe de Gabinete, el actual Canciller Santiago Cafiero, había exactamente al 15 de octubre de 2020 80.880 expedientes sin cancelar y 268.998 juicios.

Promediando 2021, el organismo que conduce la camporista Fernanda Raverta informaba que entre enero y abril de aquel año, había “aumentado su productividad”, habiendo resuelto 14.717 trámites abiertos contra 12.908 del mismo período de 2020. Pero medido en dinero, sólo había incrementado “su producción” en un 20%, pasando de $12.181 millones a $14.666 millones en 2021, cuando la inflación acumulada en aquellos 12 meses era cercana al 50%. 

Un claro ejemplo de que a veces, la inflación le conviene al Gobierno.

A pesar de los pagos de sentencias que hace la ANSES, el stock de juicios se mantiene desde hace varios años prácticamente en la misma cantidad. Es que si bien el organismo paga todos los meses un promedio de 4.000 sentencias, por otro lado ingresan nuevos juicios. Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días.

El pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema sobre el caso Badaro en 2007 y Elliff en 2009. El ex juez Luis René Herrero, integrante entre 1989 y 2020 de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, fue uno de los magistrados más activos en fallar a favor de los jubilados.

Fue por ello que sufrió una fuerte persecución por parte del kirchnerismo, que le realizó 4 denuncias ante el Consejo de la Magistratura y 3 presentaciones en el fuero penal.

Respecto a la información sobre el stock de juicios y sentencias pendientes de liquidación, existe lamentablemente un cono de sombra sobre ella. Quien debe informar en relación a ello es ANSES. Pero no lo hace como debiera hacerlo.

Además, la Corte Suprema denegó en octubre de 2019 el acceso a la base de datos para que la justicia pueda extraer la información necesaria para poder elaborar estadísticas del fuero. Según fuentes del sector, quien podría destrabar esto y no lo hace es la dra. Victoria Pérez Tognola, jueza de la Cámara de la Seguridad Social y esposa de Julio Vitobello, Secretario general de la presidencia, hombre de extrema confianza de Alberto Fernández y ex titular de la Oficina Anticorrupción.

De comprobarse, ¿no se trataría de una violación a la Ley de Acceso a la Información Püblica?

El 29 de junio de 2016, el Gobierno de Mauricio Macri impulsó la sanción de la Ley 27.260 que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, con el objetivo de reajustar los haberes y cancelar deudas previsionales.

El pago de los beneficios se efectúa con lo producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS). Pese a lo allí establecido, y a que, según información pública, “hay 51 mil millones en sus arcas”, existen más de 80.000 personas que aún no cobraron su reajuste.  

Lo que ocurre es que el Fondo se usa para hacer política, como utilizarlo para financiar la prometida ampliación del puerto de Mar del Plata, ciudad a la que pertenece y con la que tiene aspiraciones políticas Fernanda Raverta.

El articulo 33 del proyecto de Presupuesto vetado por el Congreso a fines del año pasado fijaba la suma de $80 mil millones para deudas previsionales y $60.148 millones para personal de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

Entre ambas partidas, suman $140.000 millones, apenas un 8% más de los $130.606 previstos para 2021. Si a eso se le suma la inflación, el Estado va a pagar menos este año.

Y eso a pesar de que el propio Decreto afirma que “resulta necesario incrementar el presupuesto de la ANSES”. Pero ello no ocurrirá.

De hecho, la disposición oficial mantiene exactamente la misma partida destinada a la cancelación de sentencias respecto al personal de las Fuerzas de seguridad que la que contemplaba la ley de presupuesto rechazada en el Congreso. Pero mientras ésta manejaba una pauta inflacionaria del 33%, el nuevo decreto duplica la estimación, llevándola a un 62%. 

Según el Gobierno, el DNU se firmó para “fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico”.

La política económica del Gobierno Nacional tiene como objetivos el crecimiento sostenible con generación de empleoy el fortalecimiento de las condiciones para reducir la inflación”, señaló el Palacio de Hacienda en un comunicado tras la actualización del presupuesto.

Como siempre ocurre, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue autorizado a ampliar el límite de fondos y a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al mismo.

El poco interés que muestra la administración kirchnerista en enfrentar los miles de juicios y sentencias de jubilados, contrasta inevitablemente con la noticia que la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner percibe dos asignaciones mensuales vitalicias –como pensionada de Néstor Kirchner y como ex mandataria- pese a que el artículo 5º de la ley 24.018 prohíbe en forma expresa acumular ambas prestaciones honoríficas en una sola persona.

Ello fue posible también gracias a que la actual ANSES de Fernanda Raverta retiró la apelación que había hecho la gestión anterior.

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@PortaluppiPablo

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