Crónica de unas jornadas desopilantes y peligrosas sobre el “lawfare” organizadas por el kirchnerismo

Por Pablo Portaluppi

Irán, 4 de noviembre de 1979. Un grupo de fanáticos iraníes, seguidores de la revolución islamista encabezada por el Ayatolá Jomeini que había asaltado el poder tres días antes, toma la embajada de EEUU en Teherán. 52 estadounidenses quedan rehenes de los captores durante 444 días. Pero 6 diplomáticos logran escapar y se refugian en la Embajada de Canadá. A partir de alllí, EEUU comienza a pensar un plan para poder traerlos de regreso a su país.

Con aquel propósito, un espía de la CIA diseña una idea alocada: simular la producción de una película de ciencia ficción para ser filmada en Irán. De ese modo, podrán antrar a ese país e intentar rescatar a los rehenes, donde cada uno de ellos tendrá un rol asignado: actor, productor, guionista, director de fotografía, etc. Con un nombre y una historia de vida falsos, que se deben aprender de memoria.

Pero para que el plan tenga éxito, la simulación debe ser lo más real posible. Para ello, contratan a un maquillador y a un importante productor de Hollywood. Escriben un guión, contratan actores, hasta convocan a una conferencia de prensa para anunciar la preproducción de la película. La simulación se pone en marcha, pero todo parece ser muy real…

Cuando la mentira es la verdad

Organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Horacio Pietragalla, se realizaron el 2 y 3 de diciembre pasados en el predio de la ex ESMA unas jornadas tituladas «El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos». Según explica la novedosa teoría, el lawfare sería, lisa y llanamente, una persecución judicial contra prominentes figuras políticas de América Latina, a partir de delitos inventados por periodistas, dirigentes de la oposición, y la justicia.

Participaron de los encuentros, entre otros, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, la abogada Graciana Peñafort, el ministro de Justicia Martín Soria, y la titular de la AFI Cristina Caamaño, clausurando las conferencias el ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa. En las jornadas, se produjeron declaraciones que deberían ser tenidas en cuenta, más allá del contexto en las que se pronunciaron. Palabras que pueden marcar un aviso de lo que podría hacer el kirchnerismo en lo inmediato. En suma, una nueva etapa del relato k.

Así lo advirtió al menos la ONG Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA) a través de un comunicado. En el texto, se aseguró que «el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y la Sra. Interventora en la Agencia F ederal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ambos funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación, organizan y financian dicha conferencia».

REJIA está integrada por 9 sociedades civiles, entre ellos, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, «Jubi-Jueces», del ex camarista Luis Herrero, «Profesores Republicanos», de Guillermo Mizraji , y Usina de Justicia, de Diana Cohen Agrest. El comunicado también fue firmado por el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay.

En dichas jornadas, se trataron temas como: «Los efectos de la criminalización de la política«, mesa coordinada por el abogado Maximiliano Rusconi, actual defensor de Julio De Vido y ex defensor de Lázaro Baez y Diego Lagomarsino, y por Marcos Aldazabal, defensor del viceministro de Justicia Juan Martín Mena; y el «Lawfare y administración de Justicia», mesa coordinada por la misma Cristina Caamaño y otras dos integrantes de Justicia Legítima, la agupación judicial K.

Por supuesto, también hubo una charla sobre la «Persecución judicialgarantías penales y opinión pública: un análisis sobre las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner durante el periodo 2015-2019″. Además, hubo encuentros que versaron sobre «Los medios hegemónicos y la causa AMIA: Instrumentos del lawfare» y otro llamado «La construcción de sentidos del diario La Nación en el caso de Amado Boudou».

Al exponer en la apertura del encuentro,el ministro de Justicia, Martín Soria, que en las últimas horas mantuvo su primera reunión con los jueces de la Corte desde que llegó al ministerio, celebró que en la actualidad se empiece “a traslucir cómo funcionaba el mecanismo de lawfare durante la gestión de Cambiemos”, al mismo tiempo que remarcó que, “se va desmoronando ese aparato político, mediático y judicial que operó en la Argentina durante el macrismo”.

A su vez,valoró que si bien hace un año nos decían que la ‘mesa judicial’ era un invento nuestro, “hoy se sabe que los propios dirigentes del gobierno de Mauricio Macri lo instalaron”.Por último, el funcionario puntualizó que el objetivo de la mesa judicial era “el hostigamiento político, judicial y mediático”, y resaltó que entre sus primeras víctimas estuvo la actual vicepresidenta “Cristina (Fernández de Kirchner) y su familia”.

A su turno, la abogada Graciana Peñafort, una de las férreas defensoras de la vicepresidente, no dudó en señalar que “las víctimas del lawfare son los pueblos que los padecen”.

La red Rejía aclaró que “lo repudiable es que el Ministro de Justicia y la Interventora en la AFI, ambos funcionarios que dependen directamente del Presidente de la Nación, organicen un congreso para ejercer presión en las causas judiciales actualmente en trámite ante la Justicia Federal, que involucran a la vicepresidenta y otros funcionarios y ex funcionarios, con la participación de abogados de los imputados que actúan en esas mismas causas”.

«En línea con tal dislate«, prosigue el comunicado, «el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada Fernanda Vallejo anunciaron la presentación ante el Parlasur de un proyecto para que se revisen las condenas judiciales y se castigue a los jueces que las dicten. El mismo proyecto es impulsado también por Maximiliano Rusconi y por Alejandra Minicelli, esposa de Julio De Vido».

La aludida Cristina Caamaño sostuvo durante su intervención que «tenemos todavía presos políticos por lo que necesitamos que se depure la justicia«, y que los jueces «están empatizando con el establishment, no con lo popular, quieren ser como la derecha, son de derecha de hecho». Cabe recordar que Caamaño es la jefa del organismo de inteligencia de Argentina, y fue la denunciante original de la causa por espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos del ARA San Juan, donde el ex Presidente Mauricio fue procesado.

De hecho, hubo espacio para subrayar dicho procesamiento, en boca del propio Martín Soria: “También lo más canalla de todo fue espiar y perseguir a víctimas y familiares de la tripulación del ARA San Juan”.

Por su parte, la diputada nacional Fernanda Vallejos, recordada por los audios contra el Presidente Alberto Fernández, describió al lawfare como emparentado con los «golpes blandos«, en reemplazo de los golpes militares. Y agregó que «hoy son las cortes y los juzgados como antes los cuarteles donde se ponen en marcha los golpes, se trata de los mismos actores que buscan impedir el avance de los proyectos emancipatorios».

La conclusión a la que llegaron los disertantes fue que “el objetivo final del ‘lawfare’ es la dominación de los pueblos y la estigmatización de los dirigentes políticos”.

Los integrantes de REJIA sostienen que el encuentro “revela el inocultable propósito del Poder Ejecutivo de inmiscuirse e incidir en causas pendientes, en las que además son imputados miembros del gobierno, y así anoticiar a los jueces que las instruyen que cualquier acusación contra la ex presidenta y demás funcionarios sería «lawfare«, una rémora de los golpes militares, un «delito» de los jueces, un mecanismo de dominación imperial, un golpe de estado blando».

Martin Soria junto a Cristina Kirchner

En una entrevista recientemente publicada por el flamante diario digital “Informar”, extraída del programa radial “Diálogo Abierto”. el constitucionalista Armando Rafael Aquino Britos, autor del libro Lawfare, estado de derecho y democracia”, aseveró que con la teoría que quiere aplicar el kirchnerismo “se pretende consagrar la impunidad y evitar que se investiguen hechos de corrupción, porque se señala como canal de fundamentación que son pretextos para investigar la corrupción, y se empieza a deslegitimar a los dirigentes populares y con esto socavar la base del sistema”.

En uno de los tramos más relevantes de la nota, el abogado refutó las ideas del ex juez Eugenio Zaffaroni con una frase definitiva:  “No se puede edificar una teoría del lawfare diciendo que se persiguen a líderes populares por su sola condición de tal, que por este motivo todos los casos deben anularse y que los condenados deben amnistiarse o indultarse”.

La operación diseñada por la CIA en Irán, llamada ARGO, finalmente tuvo éxito, pudiendo ser sacados del país asiático los 6 diplomáticos.

pabloportaluppi01@gmail.com

@Portaluppipablo

 

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